La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, impuesta por la Fiscalía General de la Nación contra el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, en desarrollo de la investigación por el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, impuesta por la Fiscalía General de la Nación contra el general en retiro Miguel Alfredo Maza Márquez, en desarrollo de la investigación por el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento.
El control de la legalidad de la medida de aseguramiento, establecido como una garantía para la protección de los derechos fundamentales: la libertad y el debido proceso, fue incoado por el defensor de Maza Márquez con el supuesto de una «falsa motivación de la detención preventiva».
Al hacerle el control de legalidad a la medida impuesta al oficial retirado por cargos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas, la Corte Suprema de Justicia encontró ajustada a la ley la decisión adoptada por la Fiscalía.
En el proceso, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas solicitaron a la Corte Suprema mantener la medida de aseguramiento, tras considerar que el abundante material probatorio enseña que el crimen del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento fue un hecho premeditado, generalizado y sistemático, en el que el sindicado, como jefe de inteligencia y seguridad del Estado, a cargo del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), conoció de manera personal y permanente las amenazas de las que era víctima el líder político y contribuyó al debilitamiento de su esquema de seguridad.
En esa actuación la Dirección del DAS, según los alegatos de las partes ante la Corte Suprema, designó a Jacobo Torresgrosa Melo, y relevó a los escoltas más antiguos y experimentados que tenía el candidato, además de otras actuaciones tendientes a desviar la atención de la investigación.