En la conmemoración de este aniversario, las víctimas debemos aplaudir sus numerosos aciertos, pero, a la vez, debemos subrayar los campos en los cuales se requieren mayores esfuerzos gubernamentales.

En la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc (FEVCOL), proponemos que, ahora, cuando el país se está enfocando en conocer la verdad, se tenga en cuenta, en el Registro Único de Víctimas y en las estadísticas oficiales, el origen de los victimarios, que, inexplicablemente, ha sido borrado de los registros. Si queremos la paz, lo peor que podemos hacer es tenerle miedo a la verdad.

Estimamos también que es crucial el fortalecimiento de la acción local en el plan de observancia de la Ley de Víctimas:

– Notamos que ha sido insuficiente la pedagogía para la inscripción de las víctimas en el registro nacional. Esta se ha hecho principalmente desde las instituciones nacionales (Unidad de Víctimas, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho y Defensoría del Pueblo), pero como esta debe hacerse a nivel local y a menudo en lugares recónditos de Colombia, es fundamental la dedicación de los gobiernos municipales y de los personeros y, para ello, por supuesto, se requieren recursos.

– La implementación de la ley con programas de acción concretos y su necesaria descentralización pasa por profesionalizar al máximo los comités territoriales (departamentales y municipales) de justicia transicional, con recursos técnicos, con formación y con mecanismos de rendición de cuentas y evaluación.

– Es necesario vigorizar la coordinación del trabajo de actores estatales y no estatales (ONG), afianzar alianzas entre centros de formación con los gobiernos locales; entre grandes ONG internacionales con pequeñas ONG locales y, en definitiva, fomentar el trabajo en red para la implementación de las estrategias definidas según las necesidades de cada territorio. Hay que aplicar el principio de subsidiariedad: no remplazar sino fortalecer al poder local, no hacer a nivel superior lo que se puede hacer nivel inferior, entendiendo siempre que este principio va atado al de corresponsabilidad que, a su vez, nos indica que la sostenibilidad fiscal de la atención a víctimas pasa por reforzar los programas locales de atención a la población vulnerable.

Nos han machacado, nacional e internacionalmente, que este es un proceso de paz que tiene en cuenta a las víctimas. Pero no podrá haber un proceso de paz satisfactorio mientras las víctimas sigan siendo ignoradas, soslayadas o revictimizadas y esto no podrá ser superado, mientras no se logren la descentralización y la verdad en el proceso y la inscripción de todas las víctimas.