Jeisson Romero Infante

Columnista

Primicia Diario

Continuando con el artículo publicado por la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario “Derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad intelectual: ¿Está preparada nuestra sociedad?”, debe decirse que desde el 2009 mediante la ley 1306 el Legislativo actualizó y reformó (en cierta medida) el régimen legal vigente hasta ese momento en lo concerniente a ese grupo de ciudadanos que el Estado ya se había comprometido a proteger como parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Esa ley, la 1306 del 2009, establece que tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental, y seguidamente,  enumera una suerte de principios como el respeto de la dignidad, autonomía individual, libertad de autodeterminación, no discriminación, participación, igualdad de oportunidades, entre varios otros. Así mismo les reconoce unos derechos como la identidad y filiación, salud, educación y prevención sanitaria; dentro de la que se encuentra los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva de estas personas.

Ahora bien, si hacemos una comparación de lo dicho por el artículo de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Rosario con la ley, llegaremos a la aterradora conclusión de que tanto la ley 1306 como el Código de Infancia y Adolescencia  (ley 1098 de 2006) está siendo desconocida flagrantemente. Se vulneran los derechos de estas minorías de una forma sistemática y recurrente sin que el Estado (ICBF, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etc.), si quiera manifiesten su posición o pongan en práctica alguna política pública para hacer visibles a estos ciudadanos y propender por el respeto de sus derechos.

Digo que es aterradora la conclusión, porque a simple vista se percibe una realidad a la que están  sometidas muchas de las personas con discapacidad intelectual, que no es otra que  la esterilización forzada, eso de por sí ya causa pánico. Aquí es donde entra a jugar la figura jurídica de la interdicción, que en palabras coloquiales es la designación de un tercero para que tome decisiones por la persona discapacitada, que puede ser su padre o madre, cónyuge o compañero (a) permanente, entre otros.

El punto es que si desde el Estado mediante una ley se está diciendo que se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de estas personas, pero el mensaje que se toma de la realidad es uno totalmente opuesto, que no es otro que el desconocimiento de la dignidad humana (porque son seres humanos), estamos lamentablemente ante un caso de “limpieza social” sui generis, a la vista pero silenciosa. En el artículo se lee la siguiente frase que no puede causar menos que terror, “yo no sé si suene un poco nazi, pero reproducirse no me parece”  y es dicha por un pediatra que fue entrevistado por los investigadores del Rosario, ¡Nada más y nada menos que por un pediatra!

Si es a partir de dichas aseveraciones de un profesional de la salud sobre las cuales se toman o han de tomar las decisiones que van a proteger (afectar) los derechos mínimos de las personas con discapacidad intelectual, el futuro es oscuro y poco prometedor en términos de garantías de derechos y libertades.

Nuevamente está en el debate público temas como el matrimonio igualitario, la adopción por parte de parejas del mismo sexo y  la eutanasia; Lo que necesita el país es que se avance en esos debates y en los que se ven involucrados otras minorías, como los discapacitados intelectuales. De no ser así, nos estamos viendo avocados a una nueva forma de control social a través la esterilización forzada lo cual no es otra cosa que un retroceso en escenarios donde se suponía, ya se había superado ese debate,  parafraseando el inicio del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  el de reconocer la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.