La construcción de la Paz en Colombia, obliga a esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos durante la confrontación política, social y armada, con sus causalidades y sus consecuencias, lo cual implica precisar el papel jugado por los distintos intervinientes.
Jaime González H
La Habana
La construcción de la Paz en Colombia, obliga a esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos durante la confrontación política, social y armada, con sus causalidades y sus consecuencias, lo cual implica precisar el papel jugado por los distintos intervinientes.
En desarrollo de lo establecido en el punto V de la Agenda de Conversaciones, Víctimas: Las FARC-EP anunciaron que están trabajando para que una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, en la que participe libremente y con las debidas garantías el conjunto de las comunidades, y en especial las víctimas del conflicto, pueda constituirse y trabajar eficazmente en conseguir el cumplimiento de un objetivo imperativo y altruista, que si bien deben ser producto de un acuerdo político en la Mesa de Diálogo, toda la sociedad pueda tener posibilidad de reclamar su cumplimiento.
Agregaron que los diálogos de paz brindan hoy, una ocasión única para alcanzar la justicia social, la reconciliación y la recuperación de nuestra memoria colectiva, dándonos la oportunidad de conocer los errores de nuestra historia, para nunca más volver a repetirlos y lograr así transitar un camino de concordia en el que no existan más las exclusiones políticas, la carencia de democracia, la imposición de la miseria y la desigualdad que generaron y siguen generando inconformidad y guerra.
«Por ello, tal como está expresado en nuestras propuestas públicas, defendemos con convicción una Comisión con un amplio mandato que le permita, de forma rigurosa e independiente, conocer sobre las graves y masivas infracciones a los derechos humanos -incluidos derechos económicos, sociales y culturales-, los graves crímenes de guerra y los actos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto, así como identificar -de forma individual y colectiva- a sus responsables directos, a sus instigadores, financiadores y facilitadores, a todos aquellos que de una forma u otra, por acción o por omisión, permitieron que ocurrieran los anteriores hechos o alentaron su realización, en especial quienes permanecieron históricamente en la impunidad», subrayaron.
La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, según las FARC, no debe ser equiparada a un órgano judicial, de hecho se trata de un mecanismo extrajudicial de investigación, esclarecimiento y sanción, debiendo determinarse en su Mandato, con un especial acento de género y reconocimiento de la mujer, de forma aceptable para toda la sociedad colombiana, el alcance de cada una de estas funciones. Todo ello no con una intención vengativa, sino para alcanzar eficazmente la reconciliación, la reparación integral de las víctimas, la restauración del daño causado a éstas, a la vez que se construyen sólidas garantías de no repetición dentro del nuevo escenario social que surja de la implementación de los acuerdos. Será Imprescindible que cada parte reconozca la responsabilidad que le concierne, siendo esto en especial una obligación indeclinable del Estado infractor.
«Este Mandato, no podrá cumplirse sin que previamente se abran los archivos donde se encuentra la documentación que permitirá esclarecer lo ocurrido. También será fundamental, dotar a la Comisión de facultades para garantizar la comparecencia de personas, o para acceder a los lugares donde reposan las evidencias de lo ocurrido. Es su obligación ética, preservar todas estas fuentes y garantizar su utilización sin límite alguno, durante y después de concluir el trabajo de la Comisión, siempre en procura de la Verdad plena, la Memoria Histórica y las más altas cotas de Justicia», manifestaron los negociadores de la insurgencia.
Finalmente, los negociadores de las FARC anunciaron: «Defenderemos que las recomendaciones y conclusiones emitidas por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, puedan ser cabalmente llevadas a la práctica, estableciendo para ello un mecanismo de seguimiento a su implementación, el cual deberá estar constituido principalmente por organizaciones de víctimas».
La reparación integral de las víctimas, la restauración del daño causado a éstas, a la vez que se construyen sólidas garantías de no repetición dentro del nuevo escenario social que surja de la implementación de los acuerdos. Será Imprescindible que cada parte reconozca la responsabilidad que le concierne, siendo esto en especial una obligación indeclinable del Estado infractor.