Mauricio Aguilar Hurtado

Columnista Invitado

Durante más de 5 años, los colombianos hemos venido pagando por un seguro que se activaría en cualquier momento para no tener que pagar más por el servicio de energía ante una situación de escasez como la que está atravesando el país actualmente, donde nos encontramos en crisis de sequía.

Sin embargo, ahora todos debemos cubrir las pérdidas de las térmicas, para evitar un apagón; a sabiendas que en todo este tiempo hemos pagado cerca de $23,5 billones de pesos por el llamado cargo de «confiabilidad».

Por esta razón es que nos surgen varios interrogantes sobre la destinación de los recursos por concepto de dicho cargo, que se viene recaudando mensualmente en la factura de energía eléctrica.

Crece aún más mi inquietud con el anuncio que se hizo en días pasados sobre el aumento en las tarifas, con un incremento provisional de $6,73 pesos por kw/h, que equivale para usuarios residenciales de estrato 1 a un incremento de alrededor de $400 pesos; para los de estrato 2 $ 500 pesos; estrato 3 $900 pesos, estrato 4 $1.300 pesos, estrato 5 $1.800 y estrato 6 $ 3.000 al mes.

Es injustificable que la medida inmediata utilizada por el Gobierno Nacional sea la de autorizar el incremento de las tarifas de energía, cuando ni siquiera existe una entidad del Estado que supervise y controle los recursos que los colombianos hemos aportado a través del concepto de «confiabilidad».

¿Dónde está todo lo que se ha recaudado?, ni la Superintendencia de Servicios, ni los Ministerios competentes saben el lugar de destino de este «ahorro» que hemos hecho mensualmente los colombianos.

Nuestra Constitución Política nos obliga a asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos ya que ellos son inherentes a la finalidad social del Estado, donde se deben realizar acciones positivas para asegurar en forma igualitaria y sin interrupción, y el cumplimiento de actividades encaminadas a la realización de los derechos fundamentales.

El agua, la energía y las vías, constituyen el eje central del desarrollo de un territorio, en vista de esta grave problemática, hago un llamado a todos los órganos de control y entes reguladores, para que tomen cartas en el asunto y gestionen las medidas que sean necesarias para proveer a los ciudadanos de un mejor bienestar, proporcionándole todos los servicios básicos, que son condiciones mínimas de vida para cualquier persona.