NOTA EDITORIAL: LA FRONTERA
La situación que viven los colombianos y los venezolanos en la zona de frontera requiere un análisis con cabeza fría, para no hacerle el juego a las disparatadas ideas de algunos dirigentes opositores de Colombia y de Venezuela, que piden a gritos la guerra.
Es hora de que se busquen soluciones adecuadas a través de la diplomacia. Para ello deben propiciarse los buenos oficios de la comunidad internacional, en especial, la mediación del papa Francisco.
No es tolerable que los culpables de uno de los mayores desplazamientos del mundo, como fue la expulsión de humildes campesinos, a sangre y fuego, a la luz de la mafia del narcoparamilitarismo, ahora de villanos pasen a ser héroes.
La situación de los colombianos en Venezuela es muy delicada. Los habitantes de la frontera son atendidos en todas sus necesidades por el Gobierno bolivariano. Estudian, se alimentan, tienen trabajo y vivienda y reciben la salud que en Colombia se les niega, como consecuencia de la corrupción que se ha apoderado de todo.
Es hora de buscar y llegar a unos acuerdos que permitan que la zona de frontera sea una zona de paz, donde se viva como hermanos latinoamericanos y que cada país respete la soberanía del otro.
Hoy, los perseguidores de los humildes colombianos se presentan como los defensores de los derechos humanos, cuando han sido sus más grandes violadores; y lo más grave: lo hacen con el silencio cómplice de los llamados «grandes medios periodísticos».
Lo primero es lo primero. Debe atenderse a nuestros compatriotas que llegan expulsados de Venezuela; no basta solamente darles carpas y alimentos por unos cuantos días para luego dejarlos a su suerte, como ha sucedido cuando suceden algunas tragedias.
Esos humildes colombianos, que se vieron obligados por diferentes circunstancias a abandonar el país, deben recibir la reparación de las autoridades porque fueron víctimas del desplazamiento. Eso no se soluciona con discursos ni con unos cuantos mercados, mientras el país está atento al desarrollo.
Nadie dice nada mientras en Colombia, como consecuencia de la crisis económica, los habitantes nos hemos empobrecido en un 70 por ciento.
Es obligación del Gobierno, según nuestra Constitución Nacional, atender a los compatriotas afectados. No se trata de hechos de bondad de los politiqueros, que ahora quieren beneficiarse con la tragedia de nuestros hermanos.
La Procuraduría, que no atiende las violaciones de los derechos humanos que ocurren a diario en territorio colombiano, ha llegado como «ave de carroña» a la zona de frontera en busca de que su líder, Alejandro Ordoñez Maldonado, logre el reconocimiento como «defensor» de los derechos humanos, cuando sabemos qué clase de elemento es y qué intereses tiene para beneficiarse de la tragedia.
Colombia tiene que cambiar. Colombia debe buscar la paz como sea. Colombia debe ser para los colombianos, no para los culpables de una de las peores violaciones de los derechos humanos en la historia de la humanidad.