El registrador decidió borrar todas las anotaciones de registro del hospital desde el año 1924 hasta la fecha, lo cual se constituye como una acción fuera de la ley, afirmó el alcalde Petro. 

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se refirió a la decisión del registrador de instrumentos públicos de la zona sur de Bogotá de declarar como ilegal la venta de los predios del Hospital San Juan de Dios. Aseguró que este es un nuevo intento para evitar que se reabra uno de los símbolos de la medicina en la ciudad.

«¿Por qué lo hace? Pues, indudablemente, porque somos nosotros los que queremos abrirlo y podemos hacerlo, e, indudablemente, y más allá porque el San Juan de Dios es un símbolo, y los símbolos en la acción política y social son muy poderosos», dijo Petro.

Además, explicó que el registrador decidió borrar todas las anotaciones de registro del hospital desde el año 1924 hasta la fecha, lo cual se constituye como una acción fuera de la ley.

«¿Hasta  qué punto llega la histeria de un grupo de personas, que, por sectarismo y odio político, porque no tiene otra explicación, llegan a infringir la ley que prohíbe a un registrador anular anotaciones, a menos que sea por orden judicial? Este expropió», aseguró el mandatario.

Dijo que el magistrado que hoy tiene la responsabilidad de definir si el esquema de aseo en la ciudad de Bogotá es legal o no, ha tomado varias decisiones en contra de la Administración distrital, lo cual demuestra el poder de las fuerzas que se oponen a una verdadera democracia en Colombia.

«El que fue candidato a fiscal en la terna del presidente Uribe, el magistrado Marcos Velilla, que ayudó a suspender el Plan de Ordenamiento Territorial de la Bogotá Humana, que votó por la destitución y por anular la medida cautelar que protegía al alcalde mayor de la ciudad, es hoy el ponente la decisión sobre si el decreto de aseo es legal o es ilegal», afirmó Petro.

El alcalde cuestionó esa situación, y aseguró que entre más éxito logra socialmente Bogotá Humana más peligros se van construyendo para intentar cerrar los caminos a Gobiernos alternativos en Colombia.

«¿Por qué razón? ¿Para hundir el decreto que permite la remuneración de los recicladores, que es uno de los factores que ha permitido la justicia social en la ciudad de Bogotá, o para ayudar a preparar las condiciones que permitan la  anulación  legal y jurídica de una alternativa en Colombia?», se preguntó Petro.