De comprobarse esa versión y de conformidad con algunas expresiones sociales respecto al uso excesivo de la fuerza en las actividades de control y retoma de las vías, resultaría importante el concurso de la Procuraduría General de la Nación para que desde su poder preferente adopte las decisiones que en materia sancionatoria estime convenientes.
La Defensoría del Pueblo, lamentó el fallecimiento de Luis Orlando Saíz, y reiteró su llamado a las autoridades y a los líderes del paro camionero para que cesen las expresiones de violencia y logren un acuerdo definitivo.
Luego de conocerse el pronunciamiento oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el cual la muerte del ciudadano Luis Orlando Saíz en Duitama (Boyacá) ocurrió como consecuencia del impacto de un proyectil de granada lacrimógena a alta velocidad, la Defensoría del Pueblo (además de lamentar estos hechos) reclamó una investigación urgente con resultados prontos , de tal manera que se depuren las responsabilidades y se garantice la aplicación de justicia en este caso.
El organismo de control adscrito al Ministerio Público exhortó a la Fiscalía General de la Nación a agilizar los procesos de averiguación y conclusión, para establecer si como se ha dicho desde algunos sectores, hay miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional comprometidos, sin detrimento de los informes que públicamente rinda esa Institución a partir de sus protocolos internos de control disciplinario.
Considera la Defensoría, que de comprobarse esa versión y de conformidad con algunas expresiones sociales respecto al uso excesivo de la fuerza en las actividades de control y retoma de las vías, resultaría importante el concurso de la Procuraduría General de la Nación para que desde su poder preferente adopte las decisiones que en materia sancionatoria estime convenientes.
En todo caso, y mientras se llega al fondo de la verdad en este episodio, la Defensoría del Pueblo reitera su llamado a las autoridades y a los líderes de los paros para que cese el escalamiento de la violencia y para que desde las instancias correspondientes se avance con celeridad en la búsqueda de un acuerdos.
El ente humanitario coincide con el Gobierno Nacional en que el derecho legítimo a la protesta no puede convertirse en argumento para atropellar el interés general y los derechos de las comunidades, pero al mismo tiempo recuerda que la actuación de las autoridades debe ceñirse al respeto por las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En este orden de ideas, y en tanto la Defensoría mantiene la postura de condicionar su papel como agente mediador en las conversaciones ante realidades que vulneran los protocolos de entendimiento, solicita a los transportadores abandonar estas vías de hecho absolutamente inaceptables, y a los organismos de seguridad aplicar las medidas anunciadas por el Gobierno sin afectar los derechos fundamentales de las personas, pues de lo contrario sería igualmente censurable.
Como lo ha manifestado en varias oportunidades, los equipos en terreno de la Defensoría del Pueblo seguirán vigilantes para acompañar a las comunidades y prevenir, en lo posible, más situaciones como las que han ensombrecido el panorama en los últimos días y que el país lamenta en medio del desabastecimiento, al alza en los productos de la canasta familiar, la escasez de combustibles y las restricciones a la movilidad en varias regiones del territorio nacional.
