En materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras.

Ante las fallas estructurales y la falta de resultados contundentes en la materialización de las medidas que beneficien a la población víctima, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley 1448 de 2011, en su tercer informe 2015–2016 advirtió graves fallas en su implementación, mínimos avances de la política de atención y reparación, que no se compadecen de ocho millones de personas afectadas, falta de caracterización, participación efectiva de las víctimas y desfinanciación de los planes y programas que la puedan implementar.

Al realizar el balance del último año, la Comisión señaló que pese a los esfuerzos del Gobierno Nacional, «la Ley se quedó corta en cuanto a las metas trazadoras para la atención, asistencia y reparación de las víctimas». Aunque la desfinanciación de la Ley es evidente, indicó que hay espacio para que este año se presente una reforma fiscal que permita atender las obligaciones de la Ley 1448 y el post conflicto.

Reconoció el escaso avance de esta política de cara a la estabilización socioeconómica de la población víctima y la falta de conexión entre las necesidades de las víctimas y la oferta institucional. También recordó que el Estado debe centrar sus esfuerzos en garantizar medidas que fortalezcan y optimicen las capacidades productivas y de empleo de las víctimas, más si se trata de entregar herramientas que puedan transformar verdaderamente sus vidas.

De acuerdo con el informe, en el ámbito urbano, por ejemplo, se tiene que con la focalización y regionalización de los recursos efectuada por el Ministerio del Trabajo en los programas de emprendimiento y formación para el trabajo, la cobertura para la vigencia 2016 de las necesidades identificadas en esta materia es tan solo del 0,91% y 2,46% respectivamente.

En cuanto a la generación de ingresos en el ámbito rural, el Ministerio de Agricultura como responsable de la formulación y ejecución de programas para la atención, consolidación y estabilización socioeconómica de la población desplazada con vocación rural, cuenta con tres estrategias de intervención que no corresponden a programas específicos para las víctimas, por lo tanto sus requisitos de acceso no permiten su vinculación.

La Comisión identificó dificultades para lograr la articulación y coordinación entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura que lideran la política de generación de ingresos y empleo. Aseguró que el objetivo de esta Ley no es solo garantizar los derechos de las víctimas sino evitar nuevos desplazamientos masivos a las ciudades.

Respecto al avance en la restitución de tierras, el informe señaló que no se considera claramente la seguridad de los territorios como una variable en la etapa judicial o de post fallo, a pesar de ser un factor que afecta directamente el cumplimiento de las decisiones judiciales. En el mismo sentido, precisó que no hay una adecuación de política pública que prevea la atención de los ciudadanos catalogados como segundos ocupantes en los procesos de restitución.

En materia de protección a las víctimas, sus líderes y a las garantías de no repetición, la Comisión indicó que las medidas no han tenido el impacto esperado, de tal forma que se siguen presentando vulneraciones a los derechos a la vida, integridad y seguridad personal de quienes participan de los procesos de reparación y restitución de tierras.

Las falencias ya identificadas se suma la falta de garantías para la participación efectiva de las víctimas en los procesos de formulación, diseño e implementación de la política pública tendiente a su atención y reparación integral, y más específicamente, en lo relacionado con la discusión de sus propuestas en los planes de desarrollo y planes de acción territorial.

La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, como organismos de control sostuvieron, durante la reunión de seguimiento llevada a cabo en la Procuraduría General de la Nación, que las entidades territoriales todavía no muestran un compromiso serio con las víctimas por lo que hicieron un llamado al cumplimiento de sus obligaciones legales y así impulsar los cambios sociales que en materia de víctimas requiere el país.