Como desafortunada calificó la Defensoría del Pueblo la respuesta de Nicolás Rodríguez Bautista, máximo líder del ELN, frente al llamado del Gobierno y la sociedad para que ese grupo guerrillero libere a los secuestrados como una muestra de su voluntad hacia la búsqueda de una solución política al conflicto armado.

Como es de conocimiento público, el jefe del Ejército de Liberación Nacional dijo en entrevista al periódico español Gara que «poner condicionantes es ir en contra del proceso de paz». Sin embargo, a juicio del organismo de control para los derechos humanos en Colombia, una cosa es negociar en medio del conflicto y «asumir la Agenda como está acordada», como lo señala Bautista en su entrevista, y otra es desconocer los principios del Derecho Internacional Humanitario.

En este sentido, la Defensoría respaldó la postura del Gobierno Nacional y le recordó al ELN que episodios como el canje de secuestrados entre los hermanos Patrocinio y Odín Sánchez en el departamento del Chocó, y el reciente atentado contra la infraestructura petrolera en Arauca, donde las fuentes hídricas resultaron contaminadas por el vertimiento de crudo, involucran directamente a la población civil que nada tiene que ver en la confrontación.

A propósito de este último ataque, y de acuerdo con las conclusiones de una reunión extraordinaria del Comité de Gestión del Riesgo, convocada el fin de semana para atender la creciente súbita del río Arauca y las consecuencias derivadas del derrame de hidrocarburos en la cuenca hídrica, la situación tiende a complicarse pues el caudal del afluente dificulta la instalación de nuevos puntos de control e impide habilitar el punto de captación del agua para el consumo humano. El panorama es de tal complejidad, que las autoridades reunidas en Arauquita declararon la alerta amarilla como medida de prevención ante  los riesgos que supone la emergencia por el atentado terrorista, y ahora la creciente del río Arauca.

Si a lo anterior se añaden circunstancias como las presiones ejercidas por el ELN para el reclutamiento de menores de edad en el Sur de Bolívar, denunciado por la Defensoría del Pueblo, claramente se concluye que lo sensato es excluir a la población civil del conflicto y a partir de allí avanzar conforme lo acordado entre las partes hacia una solución negociada que permita alcanzar la paz.