Sin sorpresa pero con auténtica preocupación, el Gobierno de Colombia ha recibido el anuncio de un importante incremento, durante el 2016, en la producción de hoja de coca y de cocaína en nuestro país.

El éxito en la implementación de acuerdos de paz se reflejará en resultados en la lucha antidrogas.

Sin sorpresa, porque la tendencia al crecimiento de los cultivos de los años 2013, 2014 y 2015 se mantuvo el año pasado. Los factores que concurren para favorecer esa tendencia son numerosos: la devaluación del peso colombiano, que produjo un aumento en el ingreso de la cadena local de las drogas; la promoción que hicieron las FARC de este cultivo ilícito en los primeros años del proceso de negociación, con el supuesto argumento de que por esa vía muchos cultivadores recibirían beneficios del Estado; la suspensión de la fumigación aérea por múltiples razones, que van desde la conveniencia de salud pública, hasta la imposibilidad de alcanzar por este método las nuevas modalidades de cultivos, entre otras.

Con preocupación, porque son muchos los sacrificios en vidas, liderazgo, tranquilidad y recursos públicos, en los que hemos tenido que incurrir en esta guerra contra la oferta, que pareciera no estar correspondida suficientemente en resultados y energía por una guerra a la demanda, especialmente en los EE. UU.

Contra los cultivos ilícitos está en desarrollo un plan que con seguridad tendrá éxito porque combina erradicación y sustitución. Pero no hay que olvidar que durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la política antidrogas de Colombia ha tenido otros éxitos que pueden ser, incluso, más importantes que un triunfo contra los cultivos ilícitos: cerca de 380 toneladas de cocaína pura fueron incautadas durante el 2016 en territorio colombiano y por acción de nuestras autoridades, lo cual significa un incremento de 125 toneladas que corresponde al 49 por ciento, con respecto al 2015. En lo que va del 2017 hemos incautado 45 toneladas, 25 por ciento más que en el 2016.

Igualmente en materia de laboratorios, destruimos 4.900 en el 2016, con un incremento de 24 por ciento con respecto al 2015, y en lo que va del 2017 llevamos 743 destruidos.

Estas cifras de interdicción deberían también incluir la exitosa política de Panamá en esta materia.

Cultivos ilícitos hasta el momento hemos erradicado 5.500 hectáreas en medio de una creciente actividad de bloqueo por parte de los cultivadores y en algunos casos de las mafias detrás de los cultivos. No es una tarea fácil, pero ha recibido todo el entusiasmo y profesionalismo de nuestro Ejército, infantería de Marina y Policía.

Nuevos métodos de aspersión manual y terrestre y de corte a ras de piso de las plantas están en plena ejecución. Nuevos recursos para erradicación empezarán a ser ejecutados en marzo.

Por su parte, los programas de sustitución informan tener ya 45.000 hectáreas de coca con convenios de erradicación voluntaria y sustitución por cultivos legales, vinculando a los cultivadores a unas redes de ingreso que a su vez sustituyan el proveniente del cultivo ilícito mientras el lícito da sus frutos.

Por primera vez en la historia se han incrementado cultivos no cosechados, noticia que confirma el éxito de la interdicción.

Debe, pues, mirarse este momento de la política antidrogas como un momento nuevo, con más retos en el eslabón inicial y muy buenos resultados en los eslabones de transformación y comercialización de la droga. Esperamos resultados equivalentes en la cadena del consumo.

Colombia y Estados Unidos tienen una alianza que trasciende la lucha contra las drogas, pero que gracias a ella ha construido confianza, conocimiento mutuo y apoyo pluripartidista en ambos congresos y en la opinión pública.

El proceso de paz con las FARC es una buena noticia para la lucha contra las drogas, y el éxito que tengamos en la implementación de los acuerdos se reflejará en mayores resultados en esa lucha y por lo tanto en aún mejores relaciones políticas bilaterales.