Sofía Gaviria Correa
Columnista Invitada
El afán por obtener su Nobel de Paz ha causado que el Gobierno soslaye las problemáticas que, en cualquier nación democrática y atenta a los derechos humanos, serían las realmente prioritarias. La salud, la seguridad, la economía, la educación y la justicia están en caos, y la institucionalidad tambalea por cuenta de la corrupción y del alcance de lo pactado con el terrorismo. Pero, en el sombrío panorama de necesidades urgentes desatendidas, la crisis de la inseguridad alimentaria y las muertes por desnutrición, especialmente de nuestros niños, constituyen, sin duda, la mayor tragedia.
El Tribunal de Cundinamarca lo ha reconocido recientemente, al evaluar la posibilidad de decretar la emergencia económica para poder, a través de decretos-ley, vislumbrar soluciones a este drama. Ojalá esta emergencia hubiera cubierto no solamente a La Guajira, sino también a otros departamentos, como Chocó, Vichada y Vaupés, donde esta problemática es tan preocupante como enla península del Norte, realidad que diagnosticamos y que hemos denunciado desde antes de nuestra llegada al Congreso. Pero el Gobierno nacional ha anunciado que no hará uso de este recurso último.
Con base en la evolución y el impacto de Maná, en Antioquia (proyecto bandera de mis hermanos Guillermo y Aníbal), y en programas similares desarrollados en países como Argentina, España, Chile, entre otros, en la misma semana de mi posesión como congresista, presenté un proyecto de ley que resolvía la problemática de la inseguridad alimentaria en Colombia, donde, articulando todas las instancias que tienen que ver con esta materia, se creaban un sistema y una agencia que coordinarían todos los niveles e instancias responsables, para darle la proyección y la gestión adecuada en un país que, en lugar de padecer la mencionada crisis, debería ser una potencia alimenticia, por su riqueza hídrica, por su biodiversidad y por la inmensa ventaja de poder producir alimentos durante todo el año.
El proyecto, cuyo funcionamiento no implicaría rubros adicionales al Erario, entregaba, además, las herramientas para garantizar la transparencia en los procesos e impedir la corrupción, que todos los días nos ofende, en las contrataciones de la alimentación infantil, escolar y comunitaria.