Los responsables del holocausto de Colombia , son los responsables de la posible intervención de la Corte Penal Internacional, que quiere evitar la impunidad por los actores materiales e intelectuales y financiadores de la guerra interna, donde la población civil fue la afectada.

Los rumores se vuelven realidad, en el seno de la Corte Penal Internacional como consecuencia de la impunidad reinante por los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en Colombia. La preocupación de la CPT, se relaciona con la falta de justicia para conocer a los autores materiales e intelectuales, además de los empresarios de la guerra y las autoridades gubernamentales.

Más de 235 denuncias por crímenes de lesa humanidad han sido instauradas ante la Corte Penal Internacional, que mira con preocupación la falta de justicia para estos casos en Colombia.

Además la Corte Penal Internacional, dejo ver su preocupación por  el saboteo de que es objeto la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para evitar que se conozca la verdad y los responsables directos del holocausto en Colombia.

La oficina de la Fiscalía, liderada por la jurista Fatou Bensouda, di,o a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada en La Haya.

El documento tiene bajo examen preliminar a Colombia, que ha creado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Bensouda expresó «sus preocupaciones» por una serie de cambios introducidos en la JEP recientemente y aprobados por la Corte Constitucional, pues «podría interpretarse» con el sentido de “restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional consuetudinario”.

«Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando», añadió la fiscal de La Haya.

No obstante, la Fiscalía de la CPI valoró «positivamente» que la JEP esté en «pleno funcionamiento» y constató que desde noviembre de 2017 «las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia».

Estos enjuiciamientos incluyen «falsos positivos», delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos.

En informes anteriores, la Fiscalía de la CPI había identificado cinco casos potenciales de «falsos positivos», pero el dossier publicado aseguró que «las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos» relacionados con los mismos.

Bensouda también constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles.

Respecto a los supuestos crímenes sexuales, la fiscal celebró las condenas contra tres líderes paramilitares y los procesos iniciados contra otros paramilitares, miembros de las FARC y del Ejército.

La fiscal también tomó nota de las investigaciones abiertas contra empresarios que supuestamente patrocinaron a grupos paramilitares.

Más de 235 denuncias por crímenes de lesa humanidad han sido instauradas ante la Corte Penal Internacional, que mira con preocupación la falta de justicia para estos casos en Colombia.