Las amenazas la persiguen desde que comenzó a trabajar como defensora de derechos humanos en Cauca, Clemencia Carabalí.

 

 

 

 

Por defender los derechos de las mujeres afrocolombianas del norte de Cauca, Clemencia Carabalí ha sido perseguida, amenazada y víctima de desplazamiento, pero ella se mantiene en la lucha que comenzó hace 21 años.

Es casi imposible encontrarse con Clemencia Carabalí. A los amigos y conocidos contactados se les notaba la preocupación frente a las averiguaciones sobre su paradero para esta entrevista, pero por fin apareció después de un acercamiento exhaustivo.

La lideresa del norte de Cauca se mueve con cautela, casi nunca aparece en público, pero no ha dejado de luchar; continúa en la tarea incesante de mejorar las condiciones de vida colectiva y salvaguardar las formas de vida en comunidad, insiste en vivir en un territorio sano y en paz para lograr el sueño trazado como mujeres negras: mejorar sus condiciones de vida y las de sus descendientes.

Clemencia es una mujer negra de unos 40 años, tiene la mirada triste y una voz muy dulce. Sus largas trenzas podrían significar el extenso camino que esta lideresa ha tenido que andar para proteger a su pueblo y a sí misma, ha recibido más de siete amenazas de muerte y en el 2004 perdió un hijo, cuando aún estaba en su vientre, debido a la presión y las amenazas recibidas de parte de grupos paramilitares. La historia de esta mujer es la de muchas madres en Colombia que han transformado el dolor en lucha colectiva.

Las amenazas la persiguen desde que comenzó a trabajar como defensora de derechos humanos en Cauca. Un día forzaron las puertas de su oficina, entraron de manera abrupta, revisaron toda la información de su computador. El miedo y la zozobra eran tan fuertes, que se vio obligada a dejar su territorio, su gente, su casa.

¿Qué pasa en el norte de Cauca?

Buenos Aires es un municipio enclavado en las montañas y rodeado de ríos, con más de 32.000 habitantes. Hay tres cabildos indígenas y cinco consejos comunitarios. Allí se desataron grandes operaciones militares contrainsurgentes y se vivieron los años más sangrientos del paramilitarismo. A este duro panorama se suman las presiones de algunas multinacionales de la región del Naya, y de las familias más poderosas para monopolizar e implantar la minería de oro a gran escala y la extensión del monocultivo de la caña de azúcar.

«Quieren que nuestro territorio y nuestro trabajo se entreguen a la inversión extranjera o la inversión nacional», dice Clemencia. Y es que grandes compañías tienen especial interés en estos territorios, cuidados y protegidos por su gente.

Los territorios en la ladera del río están siendo silenciados, amenazados e intimidados, opacando el espeso verde azabache donde las notas del violín, el bullicio de las fugas, las adoraciones al niño Dios dejan entonar el alma negra.

Las principales amenazas contra la pervivencia de las comunidades se relacionan con el desvanecimiento de las prácticas ancestrales de producción, por ejemplo, lo que pasa con la minería artesanal, la pesca y la agricultura. También están en riesgo las visiones, cosmogonías y luchas de las autoridades étnico-territoriales. Sin embargo, los Consejos Comunitarios vienen dando la lucha por el derecho a ser y estar en sus territorios ancestrales, heredados de sus bisabuelas y bisabuelos.

En Buenos Aires confluyen, además, los conflictos de los territorios vecinos. Por un lado, el Pacífico caucano, olvidado por el Estado, donde los ríos se han secado por la avaricia del oro. Por el otro, lugares azotados por narcotraficantes, paramilitares, guerrilla y, ahora, disidencias de las Farc; la gente dice que ya ni sabe de quién es víctima.

La minería ilegal es el detonante de la guerra en el norte de Cauca y en muchas otras regiones en el país. En el municipio vecino de Suárez, por ejemplo, la minería a gran escala y la represa de la Salvajina son culpables de muchos de los asesinatos que se han presentado en los últimos años; denunciar irregularidades en los proyectos u oponerse directamente a la desviación y la contaminación de un río son suficientes para una amenaza de muerte o un atentado.

El narcotráfico es otro problema grande. En el norte de Cauca la sustitución voluntaria es más bien escasa, muchos no tienen más remedio que seguir con los cultivos de uso ilícito, ya sea por necesidad o por obligación. Debido al estado desastroso de los caminos hacia el Pacífico, es más fácil sacar coca y marihuana que otro producto agrícola; el regreso de fumigaciones con glifosato atemoriza a la gente. Los campesinos alegan que tiene un efecto nocivo para la salud y los cultivos de pancoger. Esta problemática preocupa a las organizaciones sociales en el territorio, pues para ellas es vital que se suplan las necesidades y se creen nuevas oportunidades para los jóvenes para que no caigan en este negocio mortal.

Después de hablar del contexto que rodea su lucha, Clemencia confesó que cuatro mujeres de la Asociación Municipal de Mujeres de Buenos Aires (ASOM), de la que hace parte, están amenazadas de muerte. Les llegaron mensajes de texto, documentos extraños a la oficina, llamaban constantemente con voces irreconocibles; todo eso diciéndoles que eran objetivo militar, que cuidado, que las iban a matar.

No hay garantías de seguridad ni de tranquilidad en este camino. Sin embargo, el hecho de estar organizados es una ventaja importante porque les da fortaleza para seguir. Pero a veces se siente agobiada. Clemencia exterioriza con sus palabras y sus gestos el rechazo al exterminio sistemático de los líderes: «Esto genera desesperanza, una impotencia incalculable, temor; ganas de no seguir, de no vivir, es un desconcierto total porque no hay justificación para quitarle la vida a una persona por defender lo que le pertenece».

Las amenazas no paran, siguen llegando sin saber de dónde. Por estos días es repetitiva la amenaza originada por la participación en la implementación de los acuerdos de paz con las Farc. Estas lideresas y líderes luchan incansablemente por la implementación concertada de esos pactos, incluso cuando escucharon miles de voces en contra, se juntaron para mantener la esperanza de vivir dignamente en sus territorios, como alguna vez lo hicieron, como lo hacen en los sueños, en los recuerdos de infancia, en las metas dibujadas colectivamente.

La masacre del Naya

El ambiente político en el territorio es denso, no solamente por la presencia de diversos grupos armados, sino por las pugnas políticas. Las comunidades son presionadas para apoyar a determinado clan y son confinadas al silencio. La gente ha dejado de creer en el que llega, ha tenido que abandonar la costumbre propia de acoger al recién llegado.

Aquí, la gente tampoco cree en el Estado; al contrario, lo ve como un cómplice de los muchos hechos violentos que han ocurrido en este municipio. La inversión social es escasa y todo se queda en promesas. Al hablar de esto, Clemencia rememora con tristeza uno de los hechos más bárbaros y crueles contra la población civil. El 10 de abril del 2001, en plena Semana Santa, más de 300 hombres del bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia se tomaron varias veredas de los municipios de Buenos Aires y Santander de Quilichao, en Cauca, y Jamundí, en el Valle. «La masacre del Naya fue una incursión avisada, nosotros como movimiento social lo avisamos con tiempo, se presentaron las alertas tempranas y la reacción por parte del Estado no se vio», puntualiza Clemencia mientras deja caer una lágrima por su mejilla y continúa el relato después de un suspiro: «Han pasado muchos casos donde no vemos la mano del Estado, por eso sentimos que el Estado es cómplice de toda esta violación de nuestros derechos». No se sabe cuántas personas murieron en la masacre del Naya. Se habla de cien muertos, de incalculables desaparecidos y más de 2.000 personas desplazadas, hasta ahora sólo 27 cuerpos han sido reclamados.

El Estado colombiano fue condenado por la masacre del Naya, pues se descubrió que las Fuerzas Militares se enteraron de la presencia de paramilitares en la región y no hicieron nada para evitar la masacre. Más de 50 paramilitares también fueron condenados. Los 6.000 millones de pesos que pagó la Nación por lo ocurrido en esta masacre del norte de Cauca no son suficientes para las víctimas. Ellas buscan una reparación integral, con titulación de predios, con el esclarecimiento pleno de la verdad, la realización de consultas previas y el acompañamiento permanente a la comunidad por parte de instancias internacionales, entre otras exigencias.

Son muchos los esfuerzos que hacen las comunidades negras de Cauca por sobrevivir en sus territorios, por conservar sus tradiciones, por proteger a sus parientes. «Para nosotros los negros la comunidad somos uno, por eso hablamos de la familia ampliada; un vecino para nosotros es también un tío, primo un hermano», afirma Clemencia. Son decenas los que la guerra se ha llevado, y aunque ha sido difícil permanecer en su municipio, ella siempre vuelve. Lo hace con precaución porque muchas mujeres le dicen: «Clemencia, te necesitamos viva».

Como medidas de protección, las comunidades indígenas y negras han fortalecido las guardias indígenas y cimarronas. Esperan que este tipo de organizaciones sean reconocidas por el Estado como una medida formal, ya que es de las pocas que han funcionado en el territorio; un celular y un carro blindado no son elementos prácticos en esta región para garantizar la vida de los líderes sociales.

Actualmente, en Buenos Aires se concentran excombatientes de las Farc en el espacio territorial de La Elvira. Al principio, los campesinos veían con expectativa la implementación de los acuerdos; sin embargo, este proceso ha sido frustrante, pues no se ven las mejoras en la calidad de vida, al contrario, argumentan que la guerrilla ha dejado un vacío que han sabido llenar nuevos grupos armados ilegales.

Pero hay esperanza

Las mujeres en el norte de Cauca no se han dejado amilanar por el difícil contexto en que viven. Han tejido redes entre ellas y se han encontrado campesinas, indígenas y negras en torno al mejoramiento de sus comunidades. La organización es la forma más efectiva de resguardarse de los violentos, entre todas y todos se cuidan y protegen.

A pesar de la desconfianza hacia las entidades del Estado, Clemencia cree que la Procuraduría, en cabeza de Fernando Carrillo y su equipo de trabajo, es una aliada estratégica. Ella destaca el trabajo realizado en los últimos dos años por la Procuraduría: «Es de las pocas instituciones y de las herramientas que tenemos, vemos con mucha esperanza el trabajo que ha venido haciendo el procurador Fernando Carrillo, sentimos que es un hombre que de verdad siente los derechos y contribuye a que la gente los ejerza. Es un hombre imparcial en su trabajo».

El 16 de julio del 2018, la Procuraduría instaló en Santander de Quilichao, Cauca, la Mesa para la Protección de la Vida, que convocó a líderes sociales de territorios como Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, departamentos donde las amenazas y asesinatos de luchadores sociales han escalado de una manera drástica.

En ese encuentro también se creó una oficina delegada para el diálogo social y se abrió investigación contra 30 funcionarios que estigmatizaron o no atendieron las denuncias de líderes y lideresas. El procurador ha sido enfático al manifestar su compromiso con este flagelo: «Si va a ser necesario utilizar el poder disciplinario para que alcaldes y gobernadores dispongan de políticas públicas, presupuestos y acción clara en la defensa de los líderes sociales, es como vamos a avanzar».

*Tomado de El poder de la ciudadanía, veinte relatos de la Procuraduría General de la Nación.

Clemencia Carabalí y Francia Márquez, las dos lideresas que están en la mira de los violentos de ultra derecha.

Por estos días es repetitiva la amenaza originada por ser la líder de los afrocolombianos en el norte del Cauca.