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Crónica: «QUEREMOS QUE VENGA EL PROCURADOR ÉTNICO»

«Con que esté un hombre negro, de igual a igual como delegado con otras instancias del Gobierno, ya estamos ganando»: Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación

 

 

 

*Tomado del libro El Poder de la ciudadanía, veinte relatos de la Procuraduría General de la Nación.  Instituto de Estudios del Ministerio Público.

El 8 de junio de 2017 es una fecha histórica para los pueblos étnicos de Colombia. Ese día, la Procuraduría General creó un área especializada en atender a los pueblos indígenas, Rrom y afro. Sus funcionarios viajan a los territorios para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones.

Un coro recio, formado por las voces de 40 miembros de la Guardia Indígena, se escuchó en el salón donde estaba a punto de comenzar el ‘Primer foro de balance de políticas de protección de líderes étnicos en Colombia’, en el edificio de la Procuraduría General de la Nación, en el centro de Bogotá.

«Indios que con valentía

y fuerza en sus corazones…

por justicia y pervivencia,

hoy empuñan los bastones»

Era la primera vez que ese organismo, creado hace unos 20 años por los cabildos del norte de Cauca para ejercer control y vigilancia en sus territorios ancestrales, ingresaba a la sede el Ministerio Público, en un ejercicio de autoridad étnica, durante la apertura del evento que reunía a líderes étnicos de todo el país.

Esta escena histórica ocurrió a finales de abril del 2018, diez meses después de otro hecho sin precedentes: el nacimiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos.

La creación de esta área de la Procuraduría se comenzó a gestar en enero del 2017, con una llamada que Richard Moreno, un líder afro de Chocó, recibió en su teléfono celular una tarde somnolienta.

  • ¿Aló? ­–contestó con desgano el dirigente afro en medio de la siesta.
  • ­Richard, buenas tardes. Hablas con Fernando Carrillo.
  • ¿Cuál Fernando Carrillo?
  • El procurador general de la Nación.

Richard Moreno abrió los ojos y se levantó de un brinco.

  • ¡Ah!, señor procurador, ¿cómo está?
  • Richard, ¿dónde estás?
  • En Quibdó, señor procurador.
  • ¿Cuándo puedes venir a Bogotá?
  • ¡Usted me dice!

Al otro día, el 24 de enero del 2017, el hombre, nacido en el corregimiento de Tanguí, en el medio Atrato chocoano, se reunió en Bogotá con el procurador general. «Richard –le dijo el alto funcionario–, estoy armando un equipo de gente que tenga compromiso, gente que quiera trabajar en la Procuraduría, y quiero que formes parte de este equipo. Nuestro interés es crear la Delegada para Asuntos Étnicos».

El procurador había conocido el liderazgo que Richard Moreno ejerció para que el acuerdo de paz con las FARC incluyera a los grupos étnicos y también estaba enterado de su larga trayectoria en defensa de los derechos territoriales de las comunidades negras de Chocó.

Cinco meses después de esa reunión, mediante Resolución 254 del 8 de junio de 2017, se creó la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos. Un paso histórico en favor de los derechos de estos pueblos. Al frente de la nueva dependencia fue nombrado Richard Moreno, un hombre negro, integrante de una familia reconocida por la defensa de los derechos de las comunidades negras de Chocó y fundador de la Comisión Étnica para la Paz.

Después de consultas con líderes y organizaciones étnicas de Colombia, esa oficina creó una estructura de trabajo por pueblos: indígena, Rrom y afrodescendiente.

Este suceso histórico generó gran esperanza en los pueblos étnicos de Colombia. Por primera vez, funcionarios de la Procuraduría comenzaron a visitar lugares tan lejanos como Francisco Pizarro y Timbiquí, en la costa Pacífica, y el procurador general en persona visitó territorios como Tumaco y Riohacha.

Estas acciones han permitido refrescar la institucionalidad del país y ampliar el campo de atención, pero sobre todo de comprensión acerca de los grupos étnicos en Colombia.

Una lideresa afrocolombiana en un evento de la Procuraduría afirmó: «Con que esté un hombre negro, de igual a igual como delegado con otras instancias del gobierno, ya estamos ganando. Que haya un indígena coordinando un grupo para defensa de los pueblos indígenas ya es ganancia para la Procuraduría y para el país».

Al cumplirse un año de funcionamiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, en materia de seguimiento a decisiones judiciales, se han acompañado 18 sentencias de la Corte Constitucional para garantizar la materialización de los derechos tutelados, ocho autos de la Corte Constitucional, 24 intervenciones en acciones de tutela, cinco sentencias de tribunales, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y una sentencia del Consejo de Estado. Igualmente, se remitieron cuatro conceptos requeridos por la Corte Constitucional para proteger los derechos de los pueblos étnicos.

Los paros cívicos de Chocó y Buenaventura son casos emblemáticos para la Procuraduría en materia de asuntos étnicos: se apoyó la concertación por medio del diálogo de saberes. Los líderes de los paros cívicos sentenciaron: «Queremos que venga el procurador étnico». La mediación fue muy importante para lograr acuerdos y, sobre todo, ha sido importante en el seguimiento. Estos paros son un tema de reivindicación de derechos integrales: territorio, identidad, desarrollo propio, toda una serie de derechos que buscan la vida digna de las comunidades, que históricamente les han negado.

Una de esas comunidades son los Nukak Maku, un pueblo indígena seminómada que pudo llegar a la Procuraduría a exponer las problemáticas que los están llevando a su desaparición. «“Es importante que ya el negro, el indígena y el gitano de a pie saben que aquí hay una delegada de asuntos étnicos y están llegando con la confianza de que se los va a atender», dice el procurador delegado.

La gestión de la delegada étnica se ha centrado en temas como la protección de líderes sociales, la consulta previa, la interlocución, las organizaciones, los líderes y la institucionalidad local, departamental y nacional. Se ha generado confianza, no solamente entre las organizaciones, los líderes y la Procuraduría, sino también entre los líderes y la institucionalidad, aunque todavía quede camino por recorrer.

Una vez la Procuraduría ha asumido este reto, ha ayudado a construir confianza para que las entidades del Estado comiencen a entender a sus compatriotas como pueblos con conocimientos y con aportes al país.

Escuchar a los pueblos étnicos

Otro hecho emblemático ocurrió el primero de agosto del 2017. Ese día, la Procuraduría General y la Corte Constitucional visitaron Nakusimake, el poblado sagrado de los indígenas Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí sesionaron los magistrados de ese alto tribunal, mientras el Ministerio Público se comprometió con los pueblos indígenas, koguis, arhuacos, wiwas y kankuamos, a proteger sus áreas sagradas y anunció que desde el Ministerio Público hará una vigilancia especial para defender los 36 ríos que nacen en esta zona.

Las visitas a estos territorios y el trabajo en favor de los pueblos étnicos permitieron generar la suficiente confianza como para que, en un lugar como Tumaco, tan golpeado por el conflicto armado, el narcotráfico, el empobrecimiento y el miedo, sus habitantes acudieron desde los barrios y veredas a la audiencia étnica convocada por la Procuraduría General.

En ese evento, el procurador general señaló que estos problemas no se solucionan con fórmulas elaboradas desde Bogotá y llamó a la comunidad a un diálogo directo, franco y descarnado sobre los graves hechos que afectan a habitantes de ese puerto sobre el Pacífico.

«En Tumaco –denunció el alto funcionario– se están presentando formas de sometimiento sexual a las menores de edad. Se trata de una situación que conoce toda la comunidad, de niñas de 13 y 14 años que son sometidas sexualmente por los bárbaros que comandan los grupos armados ilegales y que han convertido los cuerpos de las niñas en mercancía dentro del reino de impunidad en esa materia. O las denominadas ‘casas de pique’ o de ‘ajuste de cuentas’ que tanto escandalizaron a Buenaventura en otro momento y las comunidades lo saben. Sé que hay temor para denunciarlo».

La voz de apoyo a los pueblos étnicos también se sintió en Bogotá. Líderes de todo el país acudieron a la audiencia étnica realizada en la capital para escuchar las problemáticas que afectan en La Guajira a los indígenas wayúu, conocer de boca de los protagonistas en territorio la realidad de la implementación del acuerdo de paz, convocar a la Corte Constitucional para que conozca el pueblo étnico raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estos temas hacen parte de las acciones emprendidas por el Ministerio Público durante la gestión 2017-2019.

El resultado: la evidencia de que escuchar a las comunidades da frutos porque aporta en la solución de los problemas y entender que superar el escenario del escritorio es fundamental para tomar decisiones acertadas. Las audiencias étnicas, como parte constitutiva de la gestión de la Procuraduría Ciudadana, renovaron el escenario de la atención de los funcionarios públicos con los pueblos y lograron transmitir esa hermosa idea de que para construir país, hay que comenzar a escucharnos.

Recuadro

La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos tiene un universo de atención poblacional de tres pueblos reconocidos por el Estado colombiano: indígenas, Rrom o Gitano y las comunidades negras, afrocolombianas raizales y palenqueras.

Según datos del Departamento Nacional de Planeación, existen 89 pueblos indígenas con alrededor de 64 lenguas propias, que corresponden al 3,34 % de la población del país. Vale la pena aclarar que las organizaciones y autoridades indígenas registran 102 pueblos y 68 lenguas.

Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son el 10,6 % del total de la población del país. De acuerdo con el autocenso de las organizaciones la población es del 26 % del total nacional, estimativo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo de comunidades negras 1998. En el caso del pueblo Rrom o Gitano, representa el 0,1 % del total de la población.

El nacimiento de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos es un paso histórico en favor de los derechos de estos pueblos.

Existen 89 pueblos indígenas con alrededor de 64 lenguas propias, que corresponden al 3,34 % de la población del país. Vale la pena aclarar que las organizaciones y autoridades indígenas registran 102 pueblos y 68 lenguas.Las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras son el 10,6 % del total de la población del país.