Mucho daño le están causando a las Fuerzas Militares de Colombia las innumerables publicaciones y noticias sobre las múltiples denuncias en distintos batallones, divisiones y hasta en el propio comando del ejército. En algunos casos, estas denuncias se dan por malos manejos de los dineros públicos, en otros por extralimitación de funciones y en otros por conocerse órdenes o instrucciones y conversaciones en términos que no solo se alejan de la buena actuación de los servidores públicos, sino que además pueden configurar un delito grave por los alcances y consecuencias que ellas tienen.

Si algo debemos cuidar los colombianos son nuestra Fuerzas Armadas pero también debemos cuidar que los miembros de las mismas se comporten y actúen en el marco del Estado de Derecho, bajo los valores éticos y principios morales que deberían caracterizar a los colombianos.

Por ello, se consideran muy graves los hechos acontecidos y más grave aún porque afectan la credibilidad y respeto a las instituciones, que se demoran más de lo realmente necesario en tomar medidas correctivas.

Mientras se llevan a cabo las investigaciones, las autoridades del alto gobierno deben suspender de los cargos que ocupan a los investigados,de tal manera que tengan el tiempo adecuado para defenderse y presentar los descargos a que haya lugar, sin permitir que la opinión pública pierda confianza y apoyo a sus Fuerzas Armadas que son mucho más importantes que las faltas cometidas por unos pocos.

Ahora bien, si se las investigaciones resultan inocentes, el Gobierno los debe de reintegrar a sus cargos pero mientras tanto no debe permitir que las instituciones salgan lesionadas.

Nadie entiende ni comprende que de la boca de un alto oficial de las fuerzas militares puedan salir palabras que señalen y hagan referencia a que el fin justifica los medios, mencionando que si es necesario aliarse con delincuentes en el objetivo de atacar un grupo alzado en armas y por lo tanto al margen de la Ley, entonces hay que hacerlo. Tampoco es entendible verlos decir que si hay que pagar dinero o sicariar, entonces lo harán.

Las entidades de vigilancia y control, es decir la Procuraduria, la Fiscalía y la Contraloria, deberían actuar con la mayor urgencia y rapidez para poder establecer la verdad de todas las denuncias que en los últimos días y también se tiempo atrás se han venido dando y, de está manera, mirar la responsabilidad que los oficiales tengan.

Para Colombia es muy importante tanto para opinión pública interna como internacional que haya absoluta claridad de los hechos sucedidos. Nada más grave que día tras día los inculpados sigan en sus cargos sin establecer si son responsables o no; por dignidad , si es que el Gobierno no toma decisiones de este orden, los altos oficiales deberían pedir que provisionalmente los aparten de sus cargos mientras se llevan a cabo las investigaciones y se conoce la verdad. De lo contrario lesionaran las instituciones que representan y que todos sabemos deben estar por encima de cualquier interés personal.