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LA LUCHA CONTRA LAS MAFIAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Cuatro audiencias públicas, seis pactos y dos alianzas estratégicas para combatir la trata de personas, el abuso sexual y la explotación sexual hacen parte de las actuaciones de la Procuraduría General.

 

 

 

 

 

Libro El poder de la ciudadanía, veinte relatos de la Procuraduría General de la Nación. 

El 8 de marzo del 2018 miles de oyentes del programa radial Nocturna, de RCN, escucharon horrorizados el testimonio de una mujer que se identificó como ‘Alma’, quien denunció que en Cartagena algunas niñas y adolescentes estaban siendo captadas mediante engaños por una red que las llevaba a fincas en las afueras de la ciudad, y allí eran expuestas para que varios hombres las persiguieran y violaran.

El testimonio de la mujer causó indignación entre los colombianos y fue reproducido por diferentes medios en los siguientes días. «Les dan mucha marihuana… a ellas no les dan comida, sólo agua y en el agua les echan una droga que sirve para estimular el apetito sexual en los animales. Ellas ignoran que el agua contiene esa sustancia; cuando están fuera de control empieza la persecución al mejor estilo de un safari», dijo la mujer.

Según el testimonio, los violadores eran turistas, al parecer de nacionalidad israelí. A estos hombres, la red de trata de personas también les ofrecía relaciones sexuales con mujeres adultas, quienes eran obligadas a consumir drogas y bebidas alcohólicas para después ser violadas en grupo.

El aberrante caso fue conocido a nivel mundial como el ‘tour de la violación’. «Cuando alcanzan a una –contó la testigo a los periodistas–, la violan entre varios; les hacen de todo y ellas no saben nada porque están fuera de sí por causa de la droga que les han suministrado durante todo el día».

Este escabroso relato de violación a mujeres adultas, adolescentes y niñas por parte de extranjeros puso en evidencia una realidad que vive Colombia y, principalmente, las ciudades turísticas como Cartagena. Los medios periodísticos han denunciado en diferentes oportunidades que en esta emblemática ciudad es común la mercantilización de niñas y adolescentes a través de catálogos, internet, grupos de whatsapp, con la complicidad de taxistas, personal de hotelería y operadores turísticos.

Como rechazo total a esta infame situación de vulneración de los derechos humanos de las mujeres, la comunidad cartagenera salió a las calles el 15 de marzo del 2018, en un gran plantón, para solicitar acciones contundentes frente a esta dolorosa pero real situación. «No más tolerancia a los delitos sexuales y a la explotación de niños, niñas y adolescentes», fue el lema de cientos de personas que salieron a protestar.

El primer Gran Pacto

 Al conocer de esta denuncia, la Procuraduría General convocó a la ‘Primera audiencia pública de seguimiento a las acciones del Estado colombiano en la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el contexto de viajes y turismo’.

Durante la audiencia, realizada el 12 de abril del 2018, la empresa privada, los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil y diversas entidades del Estado suscribieron el ‘Gran pacto por la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes’.

El Gran Pacto comprometió a diferentes actores a estimular la denuncia, a emprender una ofensiva contra la demanda de explotación sexual y a la persecución del dinero que generan estos delitos, además de la formulación de una política pública nacional contra estas mafias.

En los días posteriores a la audiencia se conoció que la Fiscalía General de la Nación y la Policía estaban realizando operativos contra las redes de tratantes y proxenetas en la ciudad de Cartagena.

En julio del 2018, es decir, tres meses después de que el órgano de control comprometiera públicamente a las autoridades a combatir estos crímenes, las noticias dieron cuenta de la captura de 18 personas, entre las que se encontraban policías y un capitán de infantería de marina quien, según medios locales que citaron fuentes policiales, tatuaba a sus víctimas en complicidad con otro hombre que también fue detenido.

Igualmente, se conoció el caso de Liliana del Carmen Campos Puello, conocida como ‘Madame’, quien fue acusada de trata de niñas y mujeres. «Ella manejaba un corredor para la explotación sexual de niñas, que incluía Playa Blanca y Cholón, en la isla de Barú; ella coordinaba paseos sexuales con mujeres y menores de edad en lujosos yates en donde las menores eran vendidas en catálogos», informaron los medios de comunicación, que citaron las declaraciones del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

Compran la virginidad de las niñas

Teniendo en cuenta que la situación de explotación sexual y de trata de personas es generalizada en casi todo el país, la Procuraduría General convocó a la Segunda Audiencia Pública, que se realizó en Medellín el 12 de julio del 2018.

Esta ciudad, a pesar de haber logrado reconocimiento internacional como una urbe moderna, pujante e innovadora, mantiene una dura realidad que afecta a gran parte de su juventud y su niñez: la explotación sexual comercial y la trata de personas. Los estudios analizados por la Procuraduría vinculan esta cruel situación con la pobreza, el narcotráfico, el turismo irresponsable, la naturalización del delito, la falta de denuncia y el lucro que generan estas actividades ilícitas.

Una impactante muestra de esta situación es el caso denunciado por la Personería de Medellín en noviembre del 2017. Según esa entidad, en la ciudad se estaba subastando la virginidad de las adolescentes. Un mes antes, en octubre del 2017, el periódico Centropolis informó que una niña de tan solo nueve años les había relatado cómo los conductores le daban 5.000 pesos por «sexo oral en las calles de Niquitao».

Para combatir casos como estos se suscribió, durante la audiencia realizada en Medellín, el Capítulo del Departamento de Antioquia del ‘Gran Pacto por la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes’.

Acuerdo con enfoque étnico

Posteriormente, el 11 de septiembre del 2018, la Procuraduría General de la Nación realizó en Cali la Tercera Audiencia Pública.

Esa ciudad del suroccidente colombiano también ha sido noticia en este tema. Un reportaje del periódico local El País, titulado ‘Estas son las nuevas máscaras que esconden la prostitución en Cali’, reveló algunas modalidades de explotación sexual que existen en la capital del Valle del Cauca.

«Un sitio conocido como Tangas Club, ubicado en la avenida Pasoancho, anunció ‘una experiencia única, donde todo se vale: la orgía más grande del mundo…’ La publicidad de aquello llegó a los colegios, por lo que se hicieron los operativos de rigor. Esa noche se sellaron tres establecimientos», informó ese medio de comunicación.

Aunque las autoridades locales dicen que la participación de menores de edad en redes de explotación sexual no es tanta como se cree, El País reveló algunos riesgos que corren los niños, niñas y adolescentes caleños: «Las autoridades detectaron una publicidad que circulaba en las cadenas de whatsapp y redes sociales. Se anunciaba un show con «4 complacientes chicas y una hermosa nena trans». Lo llamaron ‘Orgía open mind’. Aunque se advertía que era un evento para mayores de edad, los investigadores hallaron a una menor ejerciendo la prostitución».

Con ese panorama de fondo se realizó la audiencia de Cali, durante la cual se firmó el Capítulo Región Pacífico, bajo un claro enfoque étnico. El pacto se firmó, de manera simultánea, en Ipiales, Nariño, en la frontera con Ecuador. Allí, la migración irregular, el conflicto armado interno, el narcotráfico, la pobreza, la exclusión y el abandono del Gobierno también han creado el escenario propicio para la comisión de estas conductas delictivas.

En las audiencias, el procurador general de la Nación ha estado acompañado, entre otras personalidades, de la activista argentina Alika Kinan; la directora de la corporación Anne Frank, Claudia Quintero, y la periodista y defensora de los derechos de las mujeres Jineth Bedoya, con quien se ha unido para visibilizar este delito a través de la campaña Mi Voz Cuenta.

Recientemente, la Procuraduría General de la Nación, en una exitosa unión con la Fundación Red PaPaz y el compromiso de las empresas privadas de telecomunicaciones, logró suscribir el capítulo de ‘Lucha contra la trata de personas y la explotación sexual en entornos digitales’. Esta iniciativa se basa en la certeza de que debido al uso irresponsable de la tecnología, la comisión de estos delitos se realiza a través de la web, tanto para captar a las víctimas como para extorsionarlas, vulnerarlas en su intimidad, conseguir material de abuso infantil (mal llamado pornografía infantil), entre otras muchas acciones que ocurren a través de Internet.

Explotación sexual en Amazonas

Los ojos de la Procuraduría se dirigieron, a finales del 2018, a la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil con la intención de lograr un nuevo pacto, lo cual se logró durante la Cuarta Audiencia Pública, realizada el 13 de diciembre del 2018 en Leticia, capital del departamento de Amazonas.

El documento establece compromisos tendientes a prevenir el delito, perseguir a los delincuentes, intercambiar información, brindar atención oportuna y de calidad a las víctimas y, así mismo, buscar una articulación con actores claves de los tres países.

La situación de abuso y explotación sexual en Amazonas permanece oculta para el resto del país debido a la ubicación geográfica de ese departamento, en el extremo sur del mapa. Sin embargo, la Procuraduría tiene conocimiento de que redes de traficantes reclutan y transportan a las niñas indígenas hasta Brasil y Perú para explotarlas sexualmente. Algunas veces son llevadas a embarcaciones que navegan por el río Amazonas como una especie de moteles ‘móviles acuáticos’.

En Leticia, las autoridades también han iniciado campañas para advertir a los padres de familia de los riesgos que corren sus hijos y denunciar algunas de estas prácticas de explotación sexual dirigidas a satisfacer la demanda de algunos turistas, especialmente extranjeros, que de día se embarcan en excursiones ecológicas y de noche acuden a otros lugares en busca de niños, niñas y adolescentes.

En el 2019, la Procuraduría General de la Nación continuará recorriendo las regiones de Colombia, con la idea de extender los pactos y la lucha multisectorial contra este flagelo que se aprovecha de las difíciles condiciones de vida que afectan a las poblaciones más vulnerables.

Otras conductas criminales contra los niños

«A la explotación sexual se suman otras conductas criminales no menos graves como el feminicidio y la trata de personas, y la violencia física, psicológica y económica», denunció el procurador general en mayo del 2018.

Por esa misma época, el periódico El Tiempo, con base en estadísticas del ICBF, reveló que durante el 2017 se registraron 10.869 relacionados con maltrato físico, sicológico y por negligencia. Durante los primeros meses del 2018 se mantuvo el promedio de 29 casos diarios.

Uno de esos casos es el de una niña de tres años a quien abandonaron moribunda en un hospital de los cerros de Bogotá y logró salvar su vida gracias a la actuación de la Procuraduría General, el ICBF, los hospitales de El Guavio y Santa Clara y la Fundación Santa Fe. Hoy, esa niña vive en Europa con su nueva familia, luego de un proceso de restablecimiento de derechos que la declaró en estado de adoptabilidad. Esta es su historia:

La niña que se salvó de milagro

Una noche de mayo del 2018, poco después de escuchar uno de los noticieros radiales, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia le envió un mensaje vía whatsapp a uno de los abogados de su despacho.

–Doctor, ¿escuchó la noticia de la niña de tres años que abandonaron en el Hospital El Guavio?

El doctor, quien ostenta el cargo de procurador judicial II de Familia, también había oído la historia durante el monitoreo que hace a los últimos hechos noticiosos antes de acostarse. La información no contenía mayores detalles: un desconocido entregó la niña al personal médico y se marchó sin dar explicación alguna.

–Averigüe por su lado, doctor, y mañana hablamos –le dijo la procuradora.

A la mañana siguiente, los dos funcionarios de la Procuraduría llegaron al hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, a donde –según sus averiguaciones– había sido trasladada la menor. Allí se encontraron con la directora general del ICBF, la directora de la Regional Bogotá y la defensora de familia encargada del caso.

Según el primer reporte, elaborado por una patrullera de la Policía de Infancia y Adolescencia, la niña ingresó a la sala de reanimación del Hospital El Guavio «en pésimas condiciones de salud, con evidencia física de múltiples traumas en la cabeza, escoriaciones en la piel del abdomen y extremidades». Un dictamen posterior señalaría, además, trauma craneoencefálico, «alteración en estado de conciencia y presencia de quemaduras en todo el cuerpo presuntamente por lesión de cigarrillo».

La niña fue trasladada casi de inmediato al Hospital Santa Clara, donde fue intervenida de urgencia por un equipo de neurocirugía pediátrica. Así lograron salvarle la vida. Luego pasó a cuidados intensivos, sin identificación y sin datos de sus familiares.

La única información provenía de dos mujeres que se acercaron al Hospital El Guavio a preguntar por el estado de salud de la niña. Procedían del barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá, donde está ubicada una zona conocida por habitar mujeres víctimas de explotación sexual. Las mujeres dieron datos fragmentarios que, según establecieron luego las autoridades, escondían un drama familiar en el que había antecedentes de abuso y explotación sexual, abandono, embarazo adolescente y maltrato.

Una de las mujeres les dijo a los policías que atendieron el caso que le habían dejado la niña hacia las 6:00 de la tarde para que la cuidara un momento y que a las 7:30 se desmayó. Explicó, además, que el hombre que desapareció del hospital era «un señor desconocido quien se percató de la situación de la niña y la trasladó en su carro particular”. También contó que las quemaduras eran producto de un accidente con una tasa de chocolate hirviendo y que los golpes los había recibido al caer por una escalera.

Traslado urgente

La madre de la niña se presentó en el Hospital Santa Clara dos días después. Según el informe del grupo de protección del ICBF, la mujer averiguó por el estado de su hija, pero no supo dar explicación alguna sobre lo sucedido. Luego desapareció.

En ese momento, los periodistas ya le seguían la pista a la noticia. Los reporteros de televisión hacían sus informes matinales desde la puerta del hospital. El titular de un periódico capitalino «Menor de 4 años fue encontrada con varios golpes en su cuerpo» se disputaba el espacio con otros encabezados que por esos días daban cuenta del triste panorama que afecta a miles de niños en Colombia: «Rescatan recién nacido abandonado en un parque en Bogotá», «Bebé falleció tras presunta negligencia médica”, “En una caja, encuentran bebé recién nacida en un parque de Bogotá».

A propósito de estos hechos, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, señaló: «Colombia no puede seguir siendo escenario de casos de abusos y torturas como el que hoy tiene a una niña de tres años luchando por su vida, en lo que constituye un aberrante caso de tentativa de feminicidio».

Mientras tanto, el procurador judicial II de Familia comenzó a expresar su preocupación por la seguridad de la niña. Consideraba, además, que los datos revelados por los medios de comunicación podían entorpecer las investigaciones sobre el núcleo familiar.

El funcionario, quien permanecía todos los días dentro o en los alrededores del hospital, se encontró una mañana con personas que gritaban consignas en la calle contra el maltrato infantil y aprovechaban los corrillos de curiosos para pedir pañales. «En ese momento vi la urgencia de solicitar que trasladaran a la niña a un centro médico donde hubiera mayor seguridad y garantía para preservar su identidad».

Localizan a la mamá

Entonces apareció en escena la Fundación Santa Fe. «Ellos –dice el procurador que acompañó el caso– asumieron todos los gastos de la atención física y sicológica; allá le hicieron otras dos intervenciones quirúrgicas».

Mientras tanto, la Policía había montado un operativo de inteligencia para ubicar a la madre de la niña. Las acciones se concentraron en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe. Habían logrado establecer que allí funcionaba un jardín infantil clandestino que atendía a hijos de las mujeres víctimas de explotación sexual del sector y que en ese sitio permaneció la niña, al parecer, durante varias semanas.

La mañana del 7 de mayo se encendió, por fin, una luz en el propósito de encontrar a los familiares de la bebé. Una mujer que se identificó como la abuela de la niña se comunicó al teléfono móvil del procurador judicial. Estaba en el sur de la ciudad. Quería reunirse con él y con los funcionarios del ICBF pero no tenía dinero para el transporte.

–Véngase en taxi que aquí se lo pago –le dijo el funcionario.

La mujer llegó casi una hora después al Centro Zonal del ICBF en Barrios Unidos, donde la esperaban las funcionarias de esa entidad y el procurador encargado del caso. Tenía unos 38 años y usaba una chaqueta abullonada de color negro. Según dijo, había llegado hacía poco de los Llanos Orientales.

El caso resultó más complejo de lo esperado. La abuela les contó que el ICBF le había entregado la custodia de su nieta cuando esta tenía poco más de un año, debido a que no consideró apta para tal responsabilidad a la madre, quien por esa época tenía 17 años y, según se supo después, estaba siendo víctima de explotación sexual.

La abuela y su nieta partieron entonces para los Llanos Orientales. Pero un mes más tarde, a mediados del 2016, la madre se llevó a la niña sin autorización y, según el proceso, la responsable de la patria potestad nunca hizo ningún esfuerzo por recuperarla. A medida que se conocían nuevos detalles, la Procuraduría se llenaba de razones en su percepción de que aquel entorno no representaba ninguna garantía para la niña.

La mamá de la bebé reapareció al finalizar la tarde del 8 de mayo.

«Estoy llegando a la Fiscalía de Puente Aranda, donde está la mamá de la niña», dice el mensaje de whatsapp que el procurador judicial le escribió a su jefe a las 7:09 de la noche.

La policía la había encontrado durante el allanamiento a una casa del barrio Santa Fe y la acusó de portar un arma de fuego, que después resultó ser de fogueo. En todo caso, durante el tiempo en que estuvo detenida, la mujer rindió una declaración como parte del proceso de restablecimiento de derechos de su hija.

En su declaración, la mujer dijo que había dejado a la niña desde el 13 de abril al cuidado de una señora que le cobraba 50.000 pesos diarios y el día en que pasó a recogerla esta le informó que la bebé había sido hospitalizada debido a un «golpecito». Explicó que ese mismo día comenzó a buscar a su hija en diferentes hospitales. Visitó el San José, El Guavio y, finalmente, el Santa Clara.

Contó que cuando era niña fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y por esa razón se fue de la casa cuando tenía 14 años. Viajó a Bogotá y tres años después, a los 17, estuvo detenida en un centro para adolescentes, acusada de hurto agravado no atenuado. Por esa época terminó siendo víctima de explotación sexual y por esa razón empezó a viajar a otras ciudades, lo cual afectó el cuidado de la niña.

Ante ese panorama, el representante de la Procuraduría solicitó, entre otras cosas, que «se intervenga mediante valoración psicológica a la mamá, a fin de determinar sus condiciones emocionales y afectivas, así como su competencia para ejercer el cuidado de su hija».

Sin embargo, nunca más la volvieron a ver. Aunque había prometido que estaría pendiente de la recuperación de su hija, no volvió a reportarse y tampoco dejó datos fiables para ser ubicada.

La despedida

La Procuraduría insistió en el restablecimiento de derechos y, efectivamente, el 29 de mayo del 2018 la defensora de familia declaró a la niña en estado de adoptabilidad y ordenó iniciar los trámites para tal fin.

En esta fase de la causa, la Procuraduría intervino de nuevo. Pidió ser parte del comité de adopción y desde ese momento se integró al proceso de selección de una familia que diera las garantías suficientes para la educación y la crianza de la niña. Se buscaba una pareja con edades entre 35 y 40 años, profesionales, con más hijos, que aceptaran la situación de maltrato que había vivido la niña y que, por seguridad, vivieran fuera del país.

Se postularon tres familias europeas. El comité seleccionó una de las parejas después de analizar diferentes aspectos de los posibles padres adoptantes. A principios de octubre, poco después de concluir el proceso, el ICBF organizó una despedida para la niña. Los funcionarios de la Procuraduría estuvieron presentes.

«Verla así es casi un milagro», dijo una de las funcionarias del ICBF mientras la niña jugueteaba con una pelota plástica, en medio del salón decorado con globos y serpentinas. El pelo le había crecido y ocultaba las cicatrices del maltrato, había subido de peso y, lentamente, había recobrado la alegría y la confianza en las demás personas.

En esas condiciones la recibió la pareja adoptante, que llegó a Bogotá a mediados de octubre y pocos días después regresó a Europa. Con ellos iba la niña que seis meses atrás había llegado moribunda a las puertas del Hospital El Guavio.

Una impactante muestra de esta situación es el caso denunciado por la Personería de Medellín en noviembre del 2017. Según esa entidad, en la ciudad se estaba subastando la virginidad de las adolescentes.