Los colombianos entregamos $26 billones para construir termoeléctricas y generar energía sin agua.Ahora los que recibieron el dinero dicen que invirtieron los dineros en otras prioridades y reclaman aumento de las tarifas para poder cumplir con el compromiso. Los colombianos estamos indignados por este nuevo hecho de corrupción.
LA CORRUPCIÓN SIGUE CAMPANTE EN COLOMBIA. LOS USUARIOS ENTREGAMOS $26 BILLONES PARA GARANTIZAR ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA. AHORA LOS GENERADORES EXIGEN MÁS DINERO PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO.
Pese a que las empresas generadoras de energía recaudaron 26 billones de pesos en los últimos diez años por concepto de “cargo por confiabilidad”, hoy no pueden garantizar a los usuarios el mínimo abastecimiento de energía cuando hay escasez de agua.
La crisis actual se debe a que estas empresas decidieron invertir en plantas generadoras de energía, donde su principal insumo es el agua porque el costo-beneficio es más rentable que cualquier otra alternativa, sin tener en cuenta que los dineros pagados por los usuarios eran para hacer inversiones en plantas generadoras que no necesitaran agua, y así poder afrontar los cambios climáticos y la escasez del preciadolíquido y enero del próximo año dependeremos de otros países como Venezuela para suplir la demanda de gas que se requiere para la producción de energía, no siendo la mejor alternativa por la situación diplomática que vivimos con el vecino país.
Los usuarios desde el año 1996 pagamos este costo que inicialmente se llamaba “cargo por capacidad”, en el 2006 se renombro como “cargo por confiabilidad”, cuyo fin era garantizar la disponibilidad de oferta eficiente de energía eléctrica en épocas de crisis hidrológica, sin embargo, la situación se agrava aún más porque este cargo tenía una destinación específica y dichas empresas no acataron esta reglamentación, enpocas palabras, los colombianos ya pagamos casi nueve veces las pérdidas que están aduciendo estas empresas
Organizaciones ciudadanas han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revoque la decisión de este incremento injusto con los usuarios, pues las pérdidas económicas de las empresas de servicios públicos deben ser asumidas por sus socios como lo estipula la Ley 142 de 1994. Adicionalmente, las entidades de vigilancia y control no cumplieron con la tarea de advertir que dichas inversiones no eran las idóneas.
El representante a la Cámara Carlos Eduardo Guevara, anunció la realización de un debate para establecer donde fueron a parar los dineros de los contribuyentes,