La crisis de la salud en ese departamento trasciende en todos los aspectos sociales. La violencia, el desplazamiento, la pobreza, la politiquería y la corrupción se han unido en contra de la población, ocasionando la mayor crisis de su historia.

Luego de que la Corte Constitucional confirmara el plazo improrrogable para que la Superintendencia y el Ministerio de Salud presentaran un informe con las medidas de prevención y mitigación, vencieron los términos y el documento no fue entregado al Ministerio Público.

Ante la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Contraloría y la Corte Constitucional acudirá la Defensoría del Pueblo para informar un nuevo incumplimiento de las entidades del Estado encargadas de tomar medidas para superar la grave crisis de la salud en el departamento del Chocó, frente a la cual el Alto Tribunal había negado una solicitud de prórroga formulada por la Superintendencia del ramo.

Precisamente, la Corte a través del Auto 282 de 2016 ratificó el plazo fijado para que esa institución y el Ministerio de Salud presentaran un informe con las disposiciones encaminadas a mitigar la problemática que afecta los derechos de la población, particularmente de quienes acuden al Hospital San Francisco de Asís, en la ciudad de Quibdó.

Desde cuando se ordenó la intervención de ese centro asistencial, la Superintendencia acumula 12 prórrogas y 18 procesos de interventoría, sin que los factores de vulnerabilidad hayan sido resueltos, como lo viene advirtiendo la Defensoría desde septiembre de 2014 cuando a través de la Resolución 064 de ese año pidió el concurso de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760, dadas las enormes dificultades para el acceso a la prestación de los servicios de salud en el Chocó.

Entre otros aspectos, el organismo de control para los derechos humanos en Colombia ha enfatizado en la inseguridad administrativa del hospital por los recurrentes cambios de interventor, la carencia y desabastecimiento de medicamentos e insumos médico quirúrgicos, las deficientes condiciones de infraestructura, la ausencia de un sistema consolidado de referencia y contra referencia, así como la carencia de ambulancias medicalizadas, entre otros.

La Defensoría ha manifestado en distintos escenarios que la crisis de la salud en ese departamento trasciende también la órbita de Quibdó y del centro hospitalario, y pasa por situaciones como la baja cobertura de agua potable y saneamiento básico, las barreras de acceso para la población indígena, los inconvenientes en materia de aseguramiento debido a la insuficiente cobertura, supervisión y oferta tanto de las EPS como de las IPS; y la desnutrición infantil, atravesada por las enormes distancias hacia las zonas rurales, la falta de transporte y las dificultades asociadas a la conflictividad de los actores armados.

En este orden de ideas, la Defensoría del Pueblo mantendrá las labores de verificación humanitaria en el terreno, e insistirá en la elaboración y puesta en marcha de un plan con acciones inmediatas y otras contundentes de mediano y largo plazo, para que se garanticen los derechos fundamentales de al menos 500 mil habitantes afectados por esta realidad.

Los niños del Chocó, sin futuro