Otro escándalo de corrupción será denunciado por organismos de vigilancia. 

 

Se destapó el llamado carrusel de la contratación  que se utilizó en las cárceles de Colombia por parte de varias administraciones en el ministerio del Interior. Los multimillonarios contratos que son revisados por las autoridades de control indican que la corrupción hizo de las suyas.

El propio Director del INPEC, el mayor general Gustavo Ricaurte, defendiéndose de acusaciones expresó que la contratación fue manejada directamente por el ministerio del Interior.

Sobre el particular Ricaurte emitió el siguiente comunicado oficial:

«Es oportuno aclarar que Mediante resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008, el extinto Ministerio del Interior y de Justicia adjudicó a la Unión Temporal Seguridad carcelaria el proceso de selección abreviada No. 001 de 2008, cuyo objeto era contratar el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento  preventivo y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional por un valor de $53.537 millones de pesos», sostuvo.

Las primeras pesquisas indican que varios ministros del Interior del pasado Gobierno Nacional, serán llamados para indagarlos sobre las presuntas irregularidades en la entrega de megacontratos para la construcción de cárceles.

Los investigadores según los primeros informes estarían a las puertas de un carrusel de la contratación especialmente en el tema carcelario

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario informa a la opinión pública que en virtud del comunicado de prensa emitido por la Contraloría General de la República, mediante el cual se anunció la apertura de procesos de responsabilidad fiscal en contra del Inpec y de su Director, el Mayor General Gustavo Ricaurte, es preciso aclarar que en el momento procesal pertinente se aportarán las pruebas necesarias que permitirán ejercer el derecho de defensa y el de contradicción que contribuirán a demostrar que se ha obrado con diligencia y cuidado.

Un claro ejemplo de lo anterior es la contratación de los equipos de seguridad electrónicos a los que se hace alusión en el comunicado y en el que se informa tuvieron un costo aproximado de $28 mil millones de pesos.

 

Es oportuno aclarar que Mediante resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008, el extinto Ministerio del Interior y de Justicia adjudicó a la Unión Temporal Seguridad carcelaria el proceso de selección abreviada No. 001 de 2008, cuyo objeto era contratar el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento  preventivo y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional por un valor de $53.537 millones de pesos.

Los 10 establecimientos son los mismos que fueron entregados con problemas de diseño, construcción, dotación y que son conocidos por la opinión pública como mega cárceles o cárceles de tercera generación.

El 10 de diciembre de 2008, mediante oficio DP # 01371, la Procuraduría, tras haber recibido información del Fiscal General de la Nación (para entonces el doctor Mario Iguarán), en la que se hacía mención a unas interceptaciones telefónicas en las que constataban que una de las sociedades participantes pretendía favorecer a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria-, solicitó al Ministerio revocar la Resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008  por medio de la cual se adjudica el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 1 de 2008,  sosteniendo que «la Unión Temporal Seguridad Carcelaria se valió de medio (sic) ilegales para obtener la adjudicación del referido contrato».

Luis Eduardo Montoya Medina, representante legal de la Unión Temporal Seguridad Carcelaria, presentó acción de tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia por considerar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso.

El 25 de marzo de 2009, la sala disciplinaria seccional de Cundinamarca del Consejo Superior de la Judicatura ordenó omitir el pronunciamiento de la Procuraduría y en su lugar suscribir el contrato 076 de 2009 con la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

La Corte Constitucional, mediante sentencia T-841 de 2009 del 20 de noviembre de 2009,  revocó la decisión adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura y ordenó la liquidación del contrato número 076 de 2009 y adicionalmente decretó compulsar copias a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación.

En el 2011 el Ministerio del Interior y de Justicia adelantó proceso de contratación mediante la modalidad de selección abreviada # 10 de 2011 cuyo objeto fue seleccionar un contratista para la terminación del proyecto de seguridad electrónica, así como la verificación de diseños, suministro de equipos, instalación, configuración y puesta en servicio. De la misma manera, se determinó que el proceso de contratación estaría a cargo de Fonade.

 

Es importante aclarar que mediante Decreto 4151 del 3 de noviembre de 2011 se escindió el Inpec y se creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPC)  a la cual se le asignaron funciones relacionadas con la gestión y operación de la prestación de los bienes, los servicios, la infraestructura y apoyo logístico y administrativo requeridos para el adecuado y eficiente funcionamiento del Inpec.

La USPC adelantó un proceso de contratación mediante la modalidad de contratación directa, mediante contrato # 10 de 2012 por valor de $256’342.000 de pesos, cuyo objeto es contratar un profesional que realice el diagnóstico y la evaluación de los equipos. El Inpec recibió el informe de la Unidad de Servicios Penitenciarios el pasado 10 de mayo.

Es oportuno resaltar que aunque los equipos en mención se encuentran bajo custodia del Inpec, la responsabilidad contractual de la instalación de estos -que hace 4 años costaron 23 mil millones de pesos- recaía en el Ministerio del Interior y de Justicia. Esa es la razón por la cual esa Cartera adelantó procesos de contratación para la instalación de los mismos, pero estos no fueron adjudicados.

Así mismo, como en su momento lo registraron los medios de comunicación, particularmente el periódico El Tiempo en su edición del 29 de agosto de 2011, la Contraloría General de la República ya se había pronunciado respecto al proceso de selección, adjudicación, liquidación y conciliación de dicho contrato: «El polémico contrato por 53 mil millones de pesos para la seguridad electrónica de 10 mega cárceles -el mismo que la Corte Constitucional ordenó tumbar por estar viciado de corrupción- está a punto de llevar a juicio fiscal a cuatro funcionarios del Ministerio del Interior por falta de supervisión e irregularidades en su liquidación».

En el informe de El Tiempo se evidencia que el ente de control cuestionó la inutilidad de los equipos y el haber liquidado y conciliado dicho contrato, sin haberse cumplido parte del objeto del mismo como era la instalación- afirmó El Tiempo. «La Contraloría cuestiona que el ministerio legalizó el pago de 997 millones a la UT Seguridad Carcelaria y lo hizo sin que los equipos estuvieran instalados».

 Pese a que el concepto del pago era el de dejar operando los equipos -dice el informe preliminar del organismo-, «los dispositivos fueron remitidos a las bodegas». Ahora se acaba de declarar desierta una nueva licitación para la instalación de los equipos y se delegó al Ministerio de Justicia para esta contratación, que sería por 11.500 millones.

 

«La Contraloría asegura que hay 2.107 millones en bienes que no aparecen recibidos. Agrega: «Ya habían sido pagados, pero no figuraban como entregados, ni instalados, ni en almacén». Según la entidad, se pagaron dispositivos por 3.000 millones de pesos que no estaban pactados y que no tienen utilidad, como miles de metros de cable.

Además de demorarse seis meses la liquidación del cuestionado contrato (se realizó el 31 de diciembre del 2010 y la notificación se hizo en junio), la Contraloría dice que el Ministerio del Interior y de Justicia asumió costos en un proceso que ni siquiera debió ser conciliado. Aparece el pago a la Unión Temporal de casi 385 millones en gastos de liquidación que incluyen bodegaje y personal.

Según el Informe de la USPC, la instalación y mantenimiento de los equipos tiene un valor de $46 mil millones de pesos.

En cuanto a la adquisición de kits de aseo, es preciso informar que este se desarrolló dentro del marco de las normas de la contratación, «subasta inversa», para lo cual la entidad aportará evidencia que demostrará técnica y jurídicamente que no hubo sobre costo. Así mismo, es necesario informar que la ley de contratación estatal no permite direccionar los procesos de contratación sea en licitación o mediante subasta inversa hacia marcas reconocidas o no.

El Inpec, así como su Director, siempre han estado, están y estarán a disposición de la Contraloría General de la República, y agradece el respaldo otorgado a la emergencia carcelaria, porque como lo ha reiterado el Mayor General Gustavo Ricaurte, «el hacinamiento carcelario es un problema de Estado».