Los responsables de la mayor defraudación del Estado en Bogotá deben recibir un castigo ejemplar, para tratar de recuperar la moralidad en nuestro medio y dar un paso firme en la destrucción de la cultura mafiosa que se ha impuesto en todos los niveles de la sociedad colombiana.

Los responsables deben pagar su deuda con la sociedad de manera equitativa al daño que ocasionaron. Deben restituir los bienes del Estado. Deben responder por las miles de personas que murieron como consecuencia de la corrupción en los diferentes sectores de la sociedad.

Los delincuentes que se apoderaron de los bienes sagrados de todos son un peligro para la sociedad, y deben pagar encerrados con cárcel, sin ningún privilegio, como está ocurriendo en la actualidad. Los corruptos viven con todas las comodidades en sitios privilegiados, desde donde siguen delinquiendo.

Los delincuentes que permearon la sociedad en todos sus niveles deben ser censurados por los ciudadanos de bien, para que en el futuro no se reactive la cultura mafiosa. Hay que evitar que ese criminal ejemplo sea adoptado por las nuevas generaciones.

Colombia es un país donde la mayoría de sus habitantes son humildes y buenos, donde unos pocos criminales quieren vivir en un reino de la fechoría, la mafia, las drogas, el dinero fácil y toda clase se vicios para poder llenar sus podridos bolsillos.

Es hora de una cruzada que se inicie entre la niñez para que las generaciones nuevas regresen a la sociedad por los caminos de la moralidad, que hace mucho tiempo fueron bloqueados y destruidos por mafiosos que se apoderaron y quieren seguirse apoderando de los bienes del Estado.

El ejemplo de Bogotá es funesto para el planeta. Un grupo de delincuentes realizó  la mayor defraudación en la historia de Colombia, y de manera desvergonzada quieren ganar beneficios judiciales, por el simple hecho de denunciar a sus cómplices o colegas del crimen, pero asegurando el botín para poder disfrutarlo a sus anchas una vez «paguen» su deuda con la sociedad.

Con el caso de Bogotá, las autoridades están en la obligación de propinar un castigo ejemplar a los corruptos, obligarlos a reintegrar los bienes de todos y, sobre todo, asegurarse de que nunca vuelvan a delinquir y menos a tener contacto alguno con el Estado. Los funcionarios promotores de la corrupción deben recibir todo el repudio ciudadano, porque su actuar criminal ha afectado a todos, en especial a la población más vulnerable.

Es por ello que exigimos un castigo ejemplar.