Editorial

NOTA EDITORIAL: LA POLÉMICA DEL POT

Editorial

La polémica  del POT

Una polémica de grandes proporciones se generó con la expedición por  decreto del Plan de Ordenamiento Territorial ─POT─, por orden del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en pleno uso de sus facultades como mandatario.

El primer «grito» fue pegado por algunos concejales, que se han caracterizado por realizar una oposición de odio al haber quedado sin el manejo de los millonarios contratos, con los que se defraudaban los recursos públicos de los bogotanos.

Estos indignos concejales ahora quieren reivindicarse de las fechorías que no han explicado ante las autoridades, argumentando que Bogotá, con el nuevo POT,  será afectada en su desarrollo y progreso.

Nos preguntamos si acaso Bogotá no fue afectada con la corrupción que había hecho carrera en anteriores Administraciones, y, sobre todo, que ha sido ejercida por algunos delincuentes que con el dinero sucio de la corrupción lograron comprar algunas curules en el Concejo.

El segundo «grito» fue pronunciado por el ministro de la Vivienda, Luis Felipe Henao, quien anunció con «bombos y platillos» que demandará la expedición del POT, al considerar que el alcalde no contaba con las facultades para expedirlo mediante decreto, después de ser negado por el Concejo de Bogotá.

Ahora hay que esperar a ver si el pronunciamiento del novel ministro es un pronunciamiento personal, del Gobierno nacional o de su jefe político.

Los críticos hablaron y condenaron sin conocer oficialmente el documento, el cual antes de opinar, tuvimos la oportunidad de conocer.

En primer término, se garantiza a la población que se encuentra en zonas de alto riesgo que se ubique en lugares donde tenga condiciones de vida digna.

Nadie habló de que el POT incluye una sección orientada al Sistema de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-. Como tampoco nadie dijo nada sobre la norma que contempla la ‘subterranización’ del cableado sobre la malla vial principal y complementaria de la ciudad en un plazo de cinco años, lo que permite mejorar el espacio público, la seguridad de los ciudadanos y disminuye la contaminación visual.

Han callado los críticos, y ahora «conocedores» a fondo del POT, que la brújula de la medida también prevé mitigar el impacto ambiental en las instalaciones técnicas, protegiendo la ecología y el espacio público.

Bogotá necesita un Plan de Ordenamiento Territorial ─POT─, que garantice un mejor nivel de vida para quienes habitamos Bogotá y no una norma que busca que los defraudadores de los recursos públicos sigan apoderándose de todo lo que encuentran a su paso.

Me parece valiente la determinación del alcalde Petro, al adoptar por decreto el Plan de Ordenamiento Territorial, y, sobre todo, con las inclusiones que se hicieron, según he ha averiguado después de unos estudios ejecutados por la parte técnica del Distrito en coordinación con las autoridades ambientales.

Ahora en Bogotá debe pensarse más en la gente que en los podridos bolsillos de las mafias, acostumbradas como están a que todas las medidas que se adoptaban los favorecían.