El cartel de la construcción

Colombia cada día se levanta con una sorpresa. Ahora descubrimos que la mafia de la corrupción tiene su propio cartel: el cartel de la construcción, a través del cual algunos avivatos quieren tener ganancias extraordinarias, sin medir las consecuencias y hasta la propia vida de quienes, ingenuamente, creen en estos traficantes del comercio aliados, con la clase política corrupta para hacer y deshacer del colombiano trabajador.

La tragedia del edificio Space en Medellín puso al descubierto cómo funcionarios encargados de hacer cumplir las normas y leyes que rigen  la construcción resultan aliados de los constructores, y, sin vergüenza alguna, sostienen haber adquirido propiedades en el proyecto por ellos revisados en parte de pago por su labor.

Esa clase de tráfico no sucede en un país civilizado, sino en Colombia, donde las prácticas  mafiosas se han impuesto en todos los sectores, donde tienen a su servicio a un sinnúmero de aliados en las instituciones.

Para nadie es un secreto que para que se pueda adelantar una obra a un particular le hacen  exigencias y le ponen trabas, que desaparecen como arte de magia cuando el usuario acepta que debe pagar una especie de «peaje»(coima), para que le agilicen su respectiva diligencia, con o sin los requisitos exigidos.

Inconcebible es que el propio Gobierno nacional, a través del  ministro de Vivienda, Juan Felipe Henao, reconozca que la corrupción se ha tomado gran parte del sector de la construcción. Pero de suma gravedad es la denuncia hecha por el funcionario, al decir: «Vamos a impedir que se siga con la moda de negociar ‘yo con yo’». En otras palabras, que algunos grandes constructores tienen bajo su mando las instituciones que  tienen la responsabilidad de expedir las respectivas licencias o permisos, para garantizar la seguridad de los compradores o usuarios.

Pero más grave aún es que como consecuencia de la tragedia de Medellín se ha podido establecer que el propio Gobierno nacional metió la mano a favor de los grandes constructores y financiadores de campañas para, mediante un decreto, de tajo borrar las exigencias que realizaban los Gobiernos regionales y locales para las obras de construcción. Es hora de que el expresidente Uribe se pronuncie sobre el particular porque el mencionado decreto lleva su firma.

Pero ante la aberrante situación con que alegremente se ha manejado el sector de la construcción en Colombia, son muchas las edificaciones en diferentes ciudades del país que están siendo desocupadas, ante las amenazas de colapsar tal como sucedió en Medellín con el edificio Space.

Los organismos de control, más temprano que tarde, deben tomar decisiones sobre el particular para evitar que se siga jugando alegremente con la vida de los colombianos. Hay que llegar al fondo y poder sancionar y castigar en materia disciplinaria, fiscal y judicial a los responsables; y, sobre todo, a quienes conforman el cartel de la construcción por acción u omisión.