En una determinación jurídica la Corte Constitucional de Colombia, al revisar el acto legislativo 02 del 2012, o llamada por el Gobierno «Ley del fuero militar», se encontró que se cometió una falla de procedimiento, y lo declaró inexequible en la reforma a dicho fuero. Este buscaba «blindar» jurídicamente a las Fuerzas Armadas. La decisión fue tomada por cinco magistrados que votaron a favor de la inexequibilidad, contra cuatro que se opusieron; se impuso así la mayoría.
Ahora el Gobierno y sus aliados en el Congreso tendrán que comenzar desde el principio, y cumplir el trámite respectivo ante las Cámaras, con lo cual, de cumplirse el trámite formal, la ley estaría aprobada al finalizar el actual cuatrienio del presidente Santos.
Es una brillante oportunidad para recoger algunas críticas formuladas, especialmente por la ONU y Human Rights Watch, que llamaban la atención del país para no aprobar una medida que hace ver a Colombia como violadora de los derechos humanos.
El CDH ha alertado y calificado de preocupante que la reforma constitucional «pueda llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente son investigadas por la Fiscalía General», entre esos asuntos los «falsos positivos». El Consejo de Derechos Humanos (CDH), cuando se aprobó el acto legislativo, lo había calificado como «un retroceso en la lucha contra la impunidad y por el derecho a la verdad».
Hoy, los colombianos fuimos sorprendidos al conocer que 15 000 militares son investigados como consecuencia de resultados operacionales; y que 3 000 se encuentran, en su mayoría, en guarniciones militares en calidad de detenidos. Esas cifras contradicen de manera abismal la teoría del Gobierno, en especial la del Ministerio de Defensa, cuando se conocen hechos graves que vinculan a los militares con desmanes graves; pero siempre utilizan la trillada frase: «Es un hecho aislado». La situación es grave y por ello no podemos quedar ante la comunidad internacional como un país que protege el delito.
Es hora de analizar detalladamente el tema con las fuerzas sociales del país y la academia, para hacer un análisis de fondo; no con el torpe argumento de la desmoralización de las tropas.
No soy militar ni pagué servicio, pero considero que si hay una persecución contra ellos. La prueba es que hay varios condenados injustamente y demoran años y años la revisión de su sentencia.Culpa de ésto es un famoso colectivo que ha sido acusado y se ha comprobado que compra testigos falsos. Si algún militar comete un delito, que se le castigue pero que no encarcelen inocentes para satisfacer la voracidad de éste colectivo y otros abogadillos.
Ahora, si es cierto que echaron para atrás el fuero por una diferencia de minutos como dice la prensa, vergüenza debía darles a esos «honorables». No hay derecho a burlarse de los colombianos como lo hacen la justicia, el congreso y el presidente.
Quisiera tener el poder una hora para destituir a Santos, Cerrar el congreso y meter a la cárcel o enjuiciar a todos los h. magistrados que tengan siquiera un venial, pues la justicia no puede aceptar ni veniales.