Las FARC al inicio del punto de cultivos ilícitos hicieron un análisis  del problema de las drogas en Colombia y lanzaron fuertes acusaciones mediante la expedición del siguiente documento :

«En torno al flagelo del narcotráfico, permítannos hacer las siguientes precisiones:

No es éste un problema exclusivo de Colombia, sino un problema internacional, cuya solución debe comprometer al conjunto de las naciones.

La hoja de coca a través de siglos ha sido utilizada para mitigar el hambre, la sed, el cansancio, como digestivo y relajante, y está determinado por la ciencia, que tiene propiedades nutricionales y medicinales.

Otra cosa es la cocaína, que aunque ha sido utilizada como anestésico, desafortunadamente ha derivado en un estupefaciente de generalizado uso adictivo y nocivo que plantea hoy un grave problema de salud pública mundial.

Si convenimos que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el problema del narcotráfico, se deba entonces erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad. El rigor de la represión y de las medidas punitivas contra la criminalidad que se desenvuelve en los procesos de producción, comercialización y consumo de las llamadas drogas ilícitas, derivadas del procesamiento de la hoja de coca o de otras plantas, no debe recaer sobre los eslabones más débiles de esta cadena que son los consumidores y los campesinos, cuando los beneficiarios principales del negocio ilegal son los emporios financieros del mundo.

Podemos decir que definitivamente el narcotráfico, lamentablemente, ha permeado todo el tejido social colombiano, incluyendo al Estado. Hace dos décadas, Joe Toff, por entonces director de la DEA para Colombia, en consonancia con este aserto, afirmó que la de Colombia era una narco-democracia.

El fenómeno no es exclusivo de nuestro país. Hoy en día se reconoce que los dineros del narcotráfico y de otras actividades ilegales han contaminado todos los circuitos financieros de la economía mundial.

Dentro de este contexto, las FARC-EP, no solo han expresado preocupación, sino que han trazado políticas que puedan aportar soluciones. Hace 20 años, la VIII Conferencia Nacional de Guerrilleros planteó en el punto 10 de su plataforma para la reconstrucción y la reconciliación nacional:
«Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes».

Dentro de la misma perspectiva el pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP en marzo de 2000, planteó que:

«Como el gobierno norteamericano pretexta su criminal acción contra el pueblo colombiano en la existencia del narcotráfico, lo exhortamos a legalizar el consumo de narcóticos. Así se suprimen de raíz las altas rentas producidas por la ilegalidad de este comercio, así se controla el consumo, se atienden clínicamente al fármaco-dependiente y se liquida definitivamente este cáncer. A grandes enfermedades grandes remedios».

En desarrollo práctico de estas ideas, en el marco de los Diálogos de Paz del Caguán, el Comandante en jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, presentó un plan para implementar, en acuerdo con las comunidades, mecanismos de sustitución de cultivos de uso ilícito. Se trataba de un experimento piloto a desarrollarse en el municipio de Cartagena del Chairá (Departamento del Caquetá), complementado con una iniciativa de desarrollo social que mejorara las condiciones de vida de los habitantes de esa región, y se articulara con la reforma agraria rural integral que requiere el país.

Nuestras posiciones frente al asunto de que trata el tercer punto de discusión de los Diálogos de La Habana, han sido históricamente claras, pero aspiramos a  enriquecerlas con las propuestas y puntos de vista expresados en los foros que sobre el tema convocó la mesa y que al respecto puedan seguir aportando las comunidades afectadas y todos quienes quieran ayudar a resolver este problema, que es tomado como excusa para el intervencionismo de potencias extranjeras en el conflicto interno colombiano.

En el estudio de cultivos y narcotráfico, hay que comenzar por el principio: ¿Cuándo se inició el negocio? ¿Cuándo la siembra? ¿Cómo fue la historia de la bonanza marimbera o marihuanera en Colombia? ¿Quiénes se enriquecieron? ¿En dónde están? ¿Cuándo se inició la siembra de la coca y la amapola? ¿Cuándo surge la «ventanilla siniestra» del Banco de la República? ¿Qué presidente la permitió?¿A quién benefició? ¿Cuáles dineros aparecieron y de dónde y de quiénes cuando la amnistía de Turbay Ayala? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿En dónde están esos fulanos?

Tales documentos no son reservados. No los ampara la reserva.

¿Por esas épocas cuáles bancos tenían sucursales en Panamá y en otros paraísos fiscales? ¿Cuáles bancos tuvieron dificultades en esas sucursales (especialmente las panameñas), y sobre cuáles recayeron investigaciones nacionales y americanas? ¿Quiénes eran sus dueños y qué hacen hoy?

¿Qué saben las autoridades sobre las operaciones realizadas por bancos de Medellín y Cali para lavar dinero de negocios sucios de los dos carteles del narcotráfico de ambas ciudades? ¿Existe alguna conclusión de las autoridades judiciales en torno a la alianza del gobierno de César Gaviria con el cartel de Cali y  los paramilitares para perseguir a Pablo Escobar? ¿Se ha indagado sobre la financiación del cartel de Cali para el funcionamiento del Bloque de Búsqueda en sus inicios?

¿Qué investigaciones hay, y qué condenas existen relacionadas con la fuerza pública y su vinculación con el narcotráfico?

¿Quién fue el director de la aeronáutica civil que autorizó a la mafia la utilización de pistas clandestinas en las selvas del Yarí para la operación de recepción de pasta de coca del Perú, reabastecimiento de combustible y el despegue de aeronaves cargadas de cocaína hacia los Estados Unidos? ¿A qué familia pertenecía el helicóptero Hughes incautado por las autoridades en la operación contra el laboratorio de «Tranquilandia», el más grande complejo de producción de cocaína del mundo?

¿Quién fue el presidente que sacó de la dirección de la policía del Magdalena al Coronel Pardo García por negarse a suspender los operativos antidrogas contra el jefe paramilitar Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta? ¿Cómo surgió e incidió en la vida política nacional el llamado cartel de las tres letras, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)?

¿Por qué no investigar y hacer públicas las denuncias del informático de esa institución, Rafael García, uno de sus artífices confesos? ¿Es posible que todo este entramado funcionara sin la participación del Estado y sus Fuerzas Armadas en uno de los países más militarizados del mundo? ¿Desde la bonanza «marimbera» hasta hoy, cuántos presidentes, parlamentarios, gobernadores y alcaldes, han sido elegidos con los dineros calientes de los carteles de la droga?

¿Cómo se explica que anualmente el lavado de activos ingrese a la economía colombiana, al menos 16 billones de pesos, lo cual representa 3 puntos del Producto Interno Bruto? ¿Tiene algo que ver esto con que los bancos colombianos ganaran 4.5 billones a julio de 2013?

¿Por qué no hay capturas en los Estados Unidos de los capos mafiosos de la distribución de la droga en ese país, que son los que se quedan con la parte del león en el negocio? Todas estas inquietudes nos llevan a pensar que el narcotráfico es un complejo problema cuya solución requiere del concurso de la comunidad internacional».