La Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Justicia de los EEUU, logró poner al descubierto un presunto caso de soborno trasnacional que violaría la Ley estadounidense de prácticas corruptas en el extranjero, conocida por sus siglas en inglés como FCPA (Foreing Corrupt Practices Act) y por lavado de dinero, así como las leyes colombianas sobre el mismo tema.
En desarrollo de la investigación, la división criminal del Departamento de Justicia, un Fiscal de la Corte del Distrito de New Jersey y el FBI realizaron el 8 de noviembre la imputación de cargos contra tres ex funcionarios de la firma PetroTiger Ltd., quienes presuntamente habrían pagado un soborno de aproximadamente US$333.500 a un ex funcionario de Ecopetrol para beneficiarse de un contrato de servicios petroleros.
El ex co-CEO Knut Hammarskjold, de 42 años, fue acusado el 8 de noviembre de 2013 y arrestado 12 días después. El abogado de la firma Gregory Weisman, de 42 años, se declaró culpable el 8 de noviembre en una corte federal en Camden, Nueva Jersey. Joseph Sigelman, ex CEO, fue arrestado el 3 de enero en Filipinas.
Tanto Sigelman como Hammarskjold fueron acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Fcpa por su sigla en inglés) y conspiración para cometer lavado de dinero. Weisman se declaró culpable de conspiración para violar la Fcpa y cometer fraude electrónico.
Los delitos de fraude, violaciones a la FCPA y el lavado de dinero tienen penas en Estados Unidos de hasta 20 años de prisión y multas hasta por US$250.000.
La persona señalada de recibir el soborno, quien nunca ocupó cargos directivos en Ecopetrol, ni tenía capacidad de decisión en los procesos de contratación investigados, dejó de laborar en la Empresa el 7 de abril del 2011 y en la actualidad es sujeto de investigaciones.
Ecopetrol prestó una eficiente colaboración a la Fiscalía General de la Nación de Colombia desde agosto del 2013 suministrando toda la información requerida por parte de los entes judiciales, revisó las actuaciones realizadas por el ex funcionario e hizo los respectivos reportes ante las autoridades competentes. Todo ello en desarrollo de su programa de ética y cumplimiento.
Este proceso es un resultado concreto de la política de Colombia de cero tolerancia con la corrupción, así como de los acuerdos de cooperación internacional que ha suscrito el Gobierno Nacional en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE. La colaboración entre las autoridades americanas y el Gobierno de Colombia se inició en una de las reuniones anuales del Grupo contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros de dicha organización. Para el Gobierno colombiano este tipo de conductas no son una forma aceptable de hacer negocios en el país.
Rafael Merchán, Secretario de Transparencia, resaltó que «este proceso judicial muestra la importancia de la Convención contra el Soborno Trasnacional de la OCDE que Colombia adoptó recientemente. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Colombia también tienen que jugarle limpio al país si no se quieren ver sometidas a graves sanciones económicas e incluso penales, como en este caso».
El Departamento de Justicia en su página web exaltó dicha colaboración al decir «El Departamento ha trabajado en estrecha colaboración con y ha recibido una importante ayuda de sus homólogos en la República de Colombia y ofrece un gran reconocimiento por su ayuda en este asunto».
Con base en la información publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Ecopetrol y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica presentarán nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.
QUIEN ES MAS CORRUPTO EL QUE PAGA POR PECAR O EL QUE PECA POR PAGAR