Candidato a Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Sociología de esta misma universidad, Francisco Toloza, fue encarcelado acusado de pertenecer a las FARC.

Miguel Ángel Beltrán Villegas

Especial para Primicia

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Candidato a Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en Argentina, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Sociología de esta misma universidad, Francisco Toloza, encarna las expresiones críticas de una academia colombiana, cada vez más encerrada en sí misma y ausente de las realidades políticas y sociales del país.

En sus investigaciones, el profesor Toloza se ha ocupado de estudiar el conflicto armado y social colombiano desde una perspectiva que se aparta de las visiones dominantes. Así, su trabajo de maestría analiza el ya histórico debate sobre la combinación de todas las formas de lucha desarrollada por el Partido Comunista y las FARC-EP, y analiza su aplicación y desarrollo en el contexto de la realidad colombiana.

En esta misma línea -y como parte de un proyecto de investigación más amplio coordinado por el historiador Carlos Medina Gallego- el profesor Toloza, indaga por qué las FARC pueden ser consideradas un actor político, para lo cual se apoya en lecturas teóricas provenientes de autores como Marx, Weber y Carl Schmitt. Producto de esta reflexión es su artículo titulado “Son las FARC-EP un actor político? Una Mirada desde tres clásicos de la Teoría Política”.

Pero la labor académica de Francisco Toloza no ha sido la de un investigador encerrado en la torre de marfil del conocimiento sino que desde joven ha logrado combinar sus preocupaciones teóricas con un proyecto profesional articulado a las luchas sociales. Primero como líder estudiantil al frente de las movilizaciones en defensa de la universidad pública y, posteriormente, como vinculando su actividad a movimientos sociales y políticos nacionales.

Es justamente este compromiso con el pensamiento crítico lo que le ha valido constantes persecuciones y, ahora, su arbitraria reclusión en un centro penitenciario bajo el cargo de rebelión agravada; porque en Colombia, desde hace ya varios años se ha consagrado el delito de opinión contra aquellos que piensan diferente y cuestionan las políticas oficiales. De esta situación dan cuenta los centenares de prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles colombianas.

La legalización de captura del profesor Francisco Toloza, coloca de presente una modalidad de persecución que no es novedosa, pero que adquirió particular intensidad bajo las políticas de la mal llamada “seguridad democrática” del ex presidente Álvaro  Uribe, se trató de los montajes judiciales contra miembros de la oposición política o académicos críticos que eran presentados como integrantes de la insurgencia armada.

Bajo estas falsas sindicaciones se produjo la detención y asesinato del sociólogo Alfredo Correa,  quien fuera acusado de ser un importante ideólogo de las FARC. Años después se demostró que era un falso positivo judicial orquestado desde el antiguo Departamento Administrativo de Seguridad. El fallo de la Corte Suprema que condenó por estos hechos al  entonces director de este organismo estatal- señaló que éste “actuó en connivencia con el Bloque Norte de las Autodefensas….para inicialmente hacer ver al profesor Alfredo Rafael Correa de Andreis como un subversivo y después, proceder a ejecutarlo”.

Durante la administración del presidente Santos la presión contra los miembros de la comunidad universitaria no ha disminuido; algunos estudiantes y profesores que se movilizaron en contra del nefasto proyecto de reforma a la ley de educación superior impulsado por el gobierno nacional y que finalmente fue derrotado, se encuentran hoy privados de la libertad en diferentes cárceles del país acusados de “rebelión” y “concierto para delinquir”, mientras que otros han sido amenazados por grupos paramilitares.

Los casos de Omar Alfonso Cómbita (miembro de la Federación de Educadores de Colombia -FECODE), Omar Marín (integrante de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), Carlos Lugo (canta autor de música de protesta) y Jorge Eliécer Gaitán (miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU), quienes desde hace más de dos años se encuentran injustamente detenidos son representativos de esta persecución contra el pensamiento crítico.

En circunstancias similares se encuentran Erika Rodríguez y Xiomara Torres, estudiantes de Química de la Universidad Pedagógica Nacional; así como, Diego Alejandro Ortega y Cristian David Leiva, de las Universidades Distrital y del Valle respectivamente quienes junto al profesor Carlo Alexánder Carrillo, fueron falsamente incriminados en hechos delictivos, por un agente de inteligencia militar infiltrado en la comunidad universitaria.

Capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, principios constitucionales e incluso tratados internacionales; evidencias  adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del proceso, constituyen  el denominador común de estos montajes judiciales, que buscan silenciar las voces críticas.

Esta misma modalidad de persecución ha sido aplicada contra reconocidos luchadores sociales como David Rabelo por su compromiso con la defensa de los derechos humanos; así como el dirigente sindical de Fensuagro Hubert Ballesteros, quien fuera uno de los más destacados voceros del pasado paro nacional agrario. Es claro, que por esta vía se pretende sembrar temor entre quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta y debilitar así el accionar de las organizaciones populares.

La reciente y arbitraria detención del profesor Francisco Tolosa, responsable de la comisión de relaciones internacionales de la Marcha Patriótica, es una nueva afrenta a la academia, al movimiento social y popular, a la oposición política y a la posibilidad que en Colombia se abra paso una paz con verdadera justicia social, donde el derecho a ejercer la oposición sea una realidad.