Por Wilson Ruiz Orejuela
Los medios de comunicación han divulgado que las FARC, siguen insistiendo en una salida negociada al conflicto, cuyo inicio estaría marcado por un intercambio humanitario de guerrilleros presos por los secuestrados que aún quedan en la selva.
En un comunicado del 7 de diciembre el nuevo Jefe de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, señaló que “cualquier acuerdo humanitario puede abrir las puertas a un diálogo por la paz en Colombia».
Esta manifestación del ahora máximo cabecilla de esa organización, aunque puede sembrar una luz de esperanza para las familias y secuestrados que aún esperan su libertad, se ancla en la misma posición dela FARCde los últimos años, de generar un marco de condiciones previas sin gestos de paz voluntarios y unilaterales que creen un ambiente de confianza no sólo para el gobierno sino para todos los colombianos.
Timochenko al referirse a las marchas del pasado 6 de diciembre, expresó que la guerrilla se conmovía de “las consignas de los marchantes que salen a la calle a exigir el intercambio humanitario, la solución política, el inicio cuanto antes de las conversaciones». Sin embargo, el desconocimiento total de la reglas de la guerra contempladas en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, al asesinar vilmente a los militares y policías secuestrados, al verse cercados por el Ejercito la semana pasada, no demuestra que esa guerrilla en verdad se conmueva de las súplicas de las familias de las víctimas y de todos los colombianos, que solidarios, clamamos por la libertad de los secuestrados y por el respeto por la vida.
De allí que la posición del Gobierno deba ser incólume en defender la libertad y la seguridad de los colombianos, sin que para ello sean óbice las condiciones y manifestaciones de la guerrilla, que juega con las esperanza y expectativas de todos los colombianos. Acertada es la política del Gobierno de estar siempre abierto a los diálogos y a todos los caminos que lleven a la paz, sin que por ello cese en su obligación de restablecer el orden y garantizar los derechos individuales y colectivos de los colombianos, a través del poder y la fuerza legítimos del Estado.