Por: Armando Martí y Catherine Rodriguez 

En días pasados se llevó a cabo en el Club de las FAC la presentación de las 16 asociaciones que hacen parte de la mesa de trabajo permanente en la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Durante el evento se tocó el tema de los diálogos de paz en la Habana, su clara posición frente al mismo y algunas observaciones para los más recientes avances. A continuación les presentamos su pronunciamiento público:

Durante el evento de la presentación de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

La mesa de Trabajo Permanente (MTP) integrado por el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa perteneciente a las distintas asociaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, rechazan categóricamente las recientes declaraciones del grupo armado narcoterroristas FARC, la de unos falsos voceros de supuestas víctimas del conflicto armado y la de algunos organismos nacionales e internacionales, con los cuales se ofende en materia grave a las Fuerzas Armadas de la república, y se insiste en acusar y hacer responsable al Estado Colombiano, por infundados hechos criminales no comprobados, los cuales se les atribuye sin verdad jurídica a algunos miembros de la Fuerza Pública.

En el actual proceso que se adelanta para el resarcimiento por violación a sus derechos fundamentales, miles de víctimas causadas por las FARC durante sus cincuenta años de existencia, exigen sin vacilación alguna justicia, verdad, reparación y no repetición.

Los representantes de las Naciones Unidas (ONU) y de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), comisionados por la mesa de negociaciones para intervenir en este proceso, con sus insistentes y recientes declaraciones, han terciado abiertamente a favor de las víctimas bajo responsabilidad exclusiva del Estado, pretendiendo con esto invisibilizar y ocultar al máximo las que han sido causadas por las FARC.

El Brigadier General Jaime Ruiz Barrera junto con otros miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. 

El señor Fabricio Hochschild, en su condición de Coordinador Residente Humanitario de la ONU en Colombia, entre otras graves afirmaciones, ha insistido en colocar en pie de igualdad, a los miembros de la Fuerza Pública con los terroristas de las FARC. En otros términos, para este funcionario, militares y policías, son también terroristas al servicio del Estado Colombiano.

Para la selección y manejo de las víctimas que próximamente formularan sus respectivos reclamos en la Mesa de Negociaciones de la Habana, fueron designados la Universidad Nacional de Colombia, las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. Dentro de este compromiso, lamentablemente la Conferencia Episcopal ha estado bastante indiferente, dejando en manos de los representantes de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas, el liderazgo y la programación de distintos eventos que se han venido realizando a través de foros regionales en las ciudades de Villavicencio, Barrancabermeja, Barranquilla y Cali.

En el último foro realizado en la ciudad de Cali, se contó con una significativa participación de víctimas de distintos sectores, la gran mayoría liderados políticamente por algunos grupos radicales de la izquierda y otros por asociaciones de la Fuerza Pública y de la sociedad civil, que se hicieron presentes como víctimas del grupo narcoterrorista FARC.

Dirigentes políticos ampliamente reconocidos, pertenecientes al Partido Comunista Colombiano, al Partido Comunista Clandestino (PC3), a la Unión Patriótica y a la Marcha Patriótica, con la ayuda evidente de los representantes de la Universidad Nacional y de las Naciones Unidas, realizaron una gran campaña propagandista y de visibilización de muchas personas que presentaron públicamente como víctimas del Estado Colombiano señalando en particular, a miembros de la Fuerza Pública y también a los paramilitares como sus directos responsables.

En cuanto al delegado de las Naciones Unidas, desde un principio se hizo notorio su interés por respaldas y favorecer algunas posiciones hechas públicas por las FARC, cuando abierta y categóricamente afirmó: «… las personas uniformadas de la Fuerza Pública, son iguales a los uniformados pertenecientes a las FARC«. Tal despropósito y ofensiva comparación, generó una gran indignación en distintos sectores sociales, y ya hay muchas voces que reclaman su relevo inmediato de este organismo y salida del territorio nacional.

Dentro de esta misma estrategia, también se hizo evidente diferentes actividades proselitistas con discursos intimidatorios para tratar de influir en muchas de las víctimas de las FARC, a fin de que se abstuvieran de presentar sus reclamaciones. En algunos casos lo consiguieron exitosamente.

Los pronunciamientos públicos realizados por las FARC, en los cuales se afirmaba categóricamente, que bajo ninguna circunstancia se harían responsables de cualquier hecho que se les sindicara, que su actuación dentro del conflicto armado siempre fue en condición de víctimas y no de victimarios, que por lo tanto, no habría arrepentimiento alguno, se constituyo en una constante durante todo el tiempo en que se desarrollaron los diferentes foros.

Para el caso de militares y policías que quisieron reclamar por cualquier caso de secuestro, cínicamente anunciaron que no serían aceptados, ya que su condición era o fue de «retenidos« o de «prisioneros de guerra«, dadas las circunstancias del conflicto armado existente, el cual fue reconocido nacional e internacionalmente por el propio gobierno nacional.

Sobre las múltiples quejas que se han venido formulando en relación con este proceso, y que en su debido momento fueron denunciadas por la reserva activa ante los organizadores del evento y a través de diferentes medios de comunicación, salvo la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, ninguna otra entidad gubernamental, formuló reparos o cuestionamiento alguno. Tampoco lo hizo la Conferencia Episcopal. La Defensoría del Pueblo optó por retirarse del foro que se desarrollo en la ciudad de Cali, anunciando que con su presencia en tal evento, se estaría avalando o patrocinando el sesgo político y las irregularidades que se estaban presentando.

Consecuente con lo anterior y teniendo en cuenta que este proceso aun no ha terminado, esperamos que quienes tienen bajo su responsabilidad el manejo de este delicado proceso, actúen en el futuro con la imparcialidad y el decoro que tal compromiso demanda, en forma tal que garantice la equidad, pluralidad y eficacia requerida, frente a las justas reclamaciones que serán formuladas por las víctimas de este conflicto.

Firman:

• Brigadier General Jaime Ruiz Barrera – Presidente Nacional ACORE.
• Vicealmirante Carlos Enrique Ospina Cubillos – Vicepresidente Cuerpo de Almirantes y Generales de Infantería de Marina.
• Mayor General Héctor Darío Castro – Presidente Colegio de Generales de la Policía.
• Coronel Luis Bernardo Maldonado Bernate – Presidente ACORPOL
• Coronel Luis Enrique Larrota Bautista – Presidente Asociación de Coroneles de la Policía.
• Mayor General Javier Hernán Arias Vivas – Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara.
• Mayor Hernando Sáenz – Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte.
• Teniente Coronel Manuel Moreno Riveros – Presidente de INTERLANZA.
• Teniente Coronel Guillermo Enciso Prieto – Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicaciones «Manuel Murillo Toro«
• Mayor General Gabriel Eduardo Contreras Ochoa – Presidente Regimiento de Caballería San Jorge.