« Es urgente en ese sentido dar pasos firmes en el desescalonamiento del conflicto,  para que cese el estado de guerra y se abra el camino para alcanzar la paz con justicia social».

Wldarico Flórez –Peña

Bogotá D.C.                  

La revisión de las diferentes experiencias históricas en la resolución de conflictos armados y de la aplicación de los reglamentos de la guerra están a la orden del día en el actual contexto de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en la medida en que puedan ofrecer luces para la superación del actual conflicto social y armado.

El 28 de mayo de 1984, se firmó una tregua entre el gobierno y las FARC- EP. Dicho acuerdo contemplaba la realización de una serie de reformas sociales  y políticas  por parte del gobierno y la suspensión de la lucha armada  por parte de las FARC.  Tal compromiso sería  la base principal para el gradual y paulatino reintegro  de los guerrilleros  agrupados en dicha organización  a la vida legal. Decía Marulanda para esa época lo siguiente: «Nosotros somos conscientes  de que el día que podamos  participar  en unas elecciones amplias y democráticamente, pues lo haremos…»

El mismo JACOBO ARENAS, en el libro VICISITUDES DEL PROCES DE PAZ, subraya los más importantes documentos  del proceso de paz  con el gobierno de VIRGILIO BARCO, que son una constancia histórica de cómo tender puentes  en la búsqueda de la paz cuando oscuras fuerzas se imponen.

La  lógica de la lucha armada es lograr la derrota militar del adversario, sin embargo, en un contexto de proceso de paz se deben tener aún más claras las leyes y costumbres de la guerra, sus principios  generales, la protección jurídica  de las víctimas, la protección de la población civil, el régimen jurídico de los heridos y enfermos y prisioneros de guerra, entre otras disposiciones que se deben empezar aplicar rigurosamente en el caso del Conflicto Colombiano,  mientras se logra pactar la paz.

Es urgente en ese sentido dar pasos firmes en el desescalonamiento del conflicto,  para que cese el estado de guerra y se abra el camino para alcanzar la paz con justicia social.  El Estado colombiano puede empezar por ordenar a las FFMM que  suspendan provisionalmente los bombardeos, las acciones de tierra arrasada, los ataques contra la población civil, ordenar el cese inmediato de las ejecuciones extrajudiciales como una política de las FFMM y  los operativos de aniquilamiento de los adversarios.

Al tiempo,  los negociadores de la Habana junto con la intervención de los países garantes se pueden ir creando las condiciones para llegar a acuerdos de armisticio, los cuales deben gozar de los respectivos soportes jurídicos.

Los acuerdos de armisticios son posibles tras el des-escalonamiento de las actividades bélicas en las zonas donde se desarrollan los teatros de operaciones entre los rebeldes y las FFMM.   Es dable suspender regionalmente o en todo el territorio nacional las acciones bélicas por determinado plazo o tiempo indefinido.

El cese del estado guerra, sumado a  unos mínimos acuerdos entre las partes en materia militar, política y económica, pueden garantizar que se blinden las negociaciones sin que ninguna de las partes se levante de la mesa y que como quedó establecido en el acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera «NADA ESTA ACORDADO HASTA QUE TODO ESTE ACORDADO» Esos armisticios parciales pueden  generar un clima que favorezca a futuro la firma  definitiva del proceso de paz.

Un cese al fuego bilateral conducirá al des-escalonamiento del conflicto, que el pueblo colombiano verá con buenos ojos en la medida en  que las partes puedan adoptar medidas prácticas para avanzar en los puntos que hacen falta por negociar  en la mesa de conversaciones de paz y para la consolidación misma del proceso de paz.  La definición de la situación de los prisioneros políticos es uno de los temas pendientes.  La liberación humanitaria de los más enfermos y heridos, así como una amplia y generosa amnistía para todos, está entre las posibilidades.

El gobierno debe implementar también políticas audaces en lo social, económico, educativo, cultural y otros, que pongan fin a la injusticia, la miseria, la desigualdad y la falta de democracia si de verdad está comprometido con un país en paz.