Una víctima no puede vivir en la ciudad si no tiene una oferta que le permita subsistir.

Rafael Camargo

Bogotá

primiciadiario.com

Ana Teresa Berna, Alta Consejera de Víctimas del Distrito aseguró que, además de la atención y reparación integral de las víctimas, se tiene que hacer un mayor esfuerzo en el retorno y reubicación de las familias desplazadas con la oferta de tierras que hoy está en abandono en el campo, esto en reacción a las declaraciones del Contralor General, Edgardo Maya, en la presentación de la Primera Encuesta Nacional de Víctimas.

El Contralor indicó que el 93 por ciento de la población desplazada no quiere retornar al lugar donde se produjo el desplazamiento, y argumentó que hay temor y que las víctimas ya se familiarizaron con la ciudad: esa es una verdad a medias, señaló la Consejera.

Para Bernal, la falta de oferta de tierras y otros cuellos de botella identificados en la implementación de la ley de víctimas, contradicen lo dicho por el Contralor en su afirmación: una víctima no puede vivir en la ciudad si no tiene una oferta que le permita subsistir en ese escenario. Así que no es tan cierto que los desplazados no quieran volver. «No pueden porque no hay tierras, ni seguridad suficiente que es distinto», precisó Bernal.

«Los desplazados no se van a quedar en las ciudades cuando no les cumplen con el pago de ayudas humanitarias ni reparación para lograr reconstruir sus proyectos de vida», advirtió Bernal.

Bernal entonces, reafirmó la importancia de reactivar el campo como proyecto productivo para las víctimas del conflicto. «Los programas de vivienda dignifican a las víctimas en algunas las ciudades pero se trata de posibilitar la recuperación de proyectos de vida hechos en el campo. La tierra necesita de sus campesinos y los 7 millones de víctimas podrían retornar o reubicarse».

La Alta Consejería ha identificado varias razones que dificultan el proceso de retorno y reubicación en el marco de la Ley de Víctimas:

– Barreras de acceso a la restitución de tierras y la el retorno y/o la reubicación. El decreto 1277 de 2013 que creó programas especiales de compra directa de tierras, no incluyó a las víctimas de desplazamiento forzado.

-Problemas estructurales de coordinación Nación-Territorio que impiden el goce efectivo de derechos como: Acceso a Tierras, vivienda y estabilización socioeconómica.

-Insuficiencia de recursos para la reparación integral a las víctimas.

– Ausencia de programas para OPV por parte del Ministerio.

– Las convocatorias del Gobierno Nacional excluyen a constructores medianos y pequeños mientras el Distrito promueve la pequeña y mediana empresa.

– Resistencia a incorporar el enfoque diferencial en los programas de vivienda desde su conformación.

– Demoras en la selección de hogares para ser beneficiarios de soluciones habitacionales.

– Debilidades en la articulación entre gobiernos Nacional y Distrital en los programas de vivienda.

– Insuficiente compromiso del Gobierno Nacional con la asignación de recursos para la implementación de la política pública de víctimas.

– Más y mejores subsidios de vivienda.

– Incumplimiento en el pago oportuno de las ayudas humanitarias de emergencia y de transición por parte de gobierno nacional / unidad de víctimas.

– Barreras relacionadas con los criterios de inclusión en el registro único de víctimas y demoras en la inclusión.

– Retrasos en el pago.

Una víctima no puede vivir en la ciudad si no tiene una oferta que le permita subsistir en ese escenario. Así que no es tan cierto que los desplazados no quieran volver.