Al margen de los atropellos al colectivo civil, existe en las ciudades violación a los derechos de los niños, la cual no merece atención del Estado.

Gerney Ríos González

Bogotá

Primicia Diario

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en París el 10 de diciembre de 1948, ha sido una constante la celebración de conferencias, simposios, foros y seminarios internacionales por la defensa  de las facultades fundamentales de la persona. Multitud de documentos en torno al tema, son difundidos para inculcar en gobiernos e instituciones, la obligación de observar el respeto por las libertades individuales.

La guerra irregular en diversos países, es la primera en vulnerar estos principios; el Derecho Internacional Humanitario no se observa. Las tropelías contra los  heridos y población civil, son de permanente vigencia, pese a las  denuncias de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los anuncios de ejemplares sanciones oficiales, hechos por encumbrados funcionarios.

Al margen de los atropellos al colectivo civil, existe en las ciudades violación a los derechos de los niños, la cual no merece atención del Estado. Los problemas sociales, guerra intestina, contrabando y narcotráfico, no dan  espacio para que el gobierno mutile cuanto antes esta negación a las facultades de los pequeños, cuya declaración universal ha sido proclamada por la Organización de las Naciones Unidas.  En el preámbulo del tercer milenio, cero gestiones para su operabilidad.

Esos niños sin padres responsables, son  producto de furtivas aventuras sexuales, carentes de educación, sin ningún asomo de paternidad, ni medios por una nueva vida, los cuales inexorablemente caerán en los abismos de la miseria, droga,  licor, calles de las duras ciudades y degradación social irremediable.

El problema es doloroso en las ciudades. Pibes buscadores en las canecas de basuras para calmar el hambre. Menores implorando un pan en establecimientos públicos, ante la presencia indiferente de autoridades policiales. Chicos y chicas en edad escolar, vegetando en promiscuidad aberrante, con viciosos y encallecidos criminales, drogadictos sin redención en zonas tuguriales de las urbes y en céntricos lugares, a la observación de visitantes foráneos, la peor imagen social de gobiernos en ejercicio del poder.

Los niños de la calle, crecen todos los días. Evolucionan en un mundo hostil, donde toman conciencia de su papel de miseria en las ciudades y optan luego por decisiones riesgosas para la misma sociedad. Consecuentemente, el panorama de las nuevas generaciones colombianas con esta gruesa población de tarados, inválidos de nacimiento,  enfermos por el contacto con el vicio sexual y las venéreas, se convierte en triste futuro sin salida.

En el siglo XXI, si los gobiernos no programan medidas de emergencia para proteger a esta parte de la población infantil con planes sociales y la anulación de los antros de perdición, hábitat permanente de ella, fatal es el porvenir que aguarda a la comunidad colombiana. El problema social en América Latina se configura en cuadros de miseria y abandono. La violencia intrafamiliar es generadora del gran drama humano que padece la nación, en nuestro caso.

No futuro

Ocho millones de menores colombianos viven miserablemente en barrios de invasión, sin protección estatal, maltratados por sus padres o parientes cercanos y víctimas de abusos sexuales perpetrados por sus mismos consanguíneos. Cuándo no, los autores son los amantes de sus madres, padrastros o tíos sin educación elemental.

Pese a que el Estado colombiano reconoce en su Constitución que los niños tienen derechos inalienables, éstos son vulnerados  constantemente; clínicas y hospitales tienen a diario pacientes con traumas causados por sus  padres o familiares con quienes conviven.

La muerte natural es rara en la niñez nacional, dicen autoridades estudiosas del problema de la infancia. Las estadísticas indican que de cada  doce menores muertos, cinco son asesinados, tres perecen arrollados por automotores fantasmas y por si fuera poco, un alto índice se suicida para huir del maltrato  de sus progenitores.

En la génesis del tercer milenio, la población infantil colombiana se calculaba en unos 17.5 millones. La violencia desatada en los campos forzó al éxodo de setecientos mil menores; llegan especialmente a Bogotá, para engrosar el horroroso cuadro de la miseria en las calles. La mendicidad, organización con directrices, terceros explotadores, es asunto tan viejo como la  misma Humanidad.

La Defensoría del Pueblo, organismo  especializado en temas relacionados con la protección de la población civil, elaboró diferentes documentos de estudio para denunciar el problema social de los niños en Colombia. Sus  derechos son reconocidos universalmente, pero omisos en la legislación de los países del tercer mundo, afectados por el subdesarrollo,  baja producción alimentaria, violencia y politiquería corrupta, distractora de dineros oficiales para fines proditorios y  provecho personal.

Los derechos infantiles no prevalecen referentes a los demás. Los gobiernos siempre están de espaldas al drama de los menores. El Congreso ratificó la Convención Internacional. No obstante, sus facultades son negadas y este documento sigue olvidado desde 1991, fecha de la firma.

El balance de casos registrados en los últimos años relativo al maltrato infantil es desalentador para las autoridades defensoras. Las  estadísticas relacionan la violencia intrafamiliar, el embarazo de féminas menores de ocho hasta los doce años, el trabajo de jovencitos a los cuales supuestamente protege la legislación laboral, aquellos reclutados para formar parte de la subversión y grupos de sicarios, la creciente población explotada por la prostitución organizada de las grandes ciudades y los desplazados del agro por el salvajismo de partes combatientes.

La necesidad los llama al  deber. Miles de infantes son cabeza de hogar. El analfabetismo es una lacra social irremediable en una vasta población. La educación oficial está lejos de satisfacer las necesidades de la masa pueril. De cada cien chiquillos, sesenta ingresan a la básica primaria y son pocos los que terminan en forma satisfactoria el quinto grado. En los departamentos de Antioquia, Meta, Boyacá y Distrito Capital, un millón de niños están por fuera del sistema instructivo, realidad espeluznante para la infancia, subrayado por el hecho que mensualmente los despachos encargados de la protección recibieron unas sesenta quejas referentes a maltratos y negación de sus derechos.

Los datos oficiales indican una marcada orientación en Colombia hacia la “institucionalización de la pobreza”. La feminización del problema tiene características, cuando los menores de edad son alejados de la composición familiar, en determinados casos, hogares en los que  la cabeza es la mujer y no se cuenta  con los elementales recursos económicos para velar por la manutención de la prole.

No existen estudios profundos y serios respecto a la prostitución infantil,  contundente atropello moral y la más cruda negación de los derechos universales. La Cámara de Comercio de Bogotá elaboró varios cuadros relativos a la alarmante situación social, pero poca atención mereció del Estado. “La magnitud de esta forma de maltrato no se conoce con exactitud”, sostuvo la Defensoría del Pueblo. Sus datos se remontan a circunstancias registradas a finales del siglo XX, cuando el número de chiquillas explotadas sexualmente aumentó en un 600 por ciento. La cruda cifra se explica por el desplazamiento de  familias enteras, huyendo de la violencia, sin recursos económicos, sin profesión, sin el respaldo del gobierno y sometidas a organismos de caridad de escasos presupuestos para sacar adelante a esa gente, víctima de una guerra no comprendida en su magnitud, que sin embargo, las afecta en su  estructura hogareña. Mientras tanto, desaparecen millonarias sumas de las arcas del Estado, sin ton ni son.