A través de una sentencia el Tribunal Superior de Bogotá decidió declarar como víctimas del conflicto armado a los socios de la empresa y entregarles las 1728 hectáreas de tierra que conforman los dos predios. 

La sociedad AB Ditzel  & Cía. S. en C. solicitó ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la restitución de los predios La Cabaña y El Guayacán, ubicados en la vereda Serranía de Puerto López (Meta). Las tierras fueron adquiridas por la sociedad en agosto de 1995.

A través de una sentencia el Tribunal Superior de Bogotá decidió declarar como víctimas del conflicto armado a los socios de la empresa y entregarles las 1728 hectáreas de tierra que conforman los dos predios.

Para el director de la unidad, Ricardo Sabogal Urrego, la restitución sigue adelante y beneficiando a todos aquellos que resultaron afectados por la violencia, indistintamente de la clase social o condición que tengan. «El conflicto armado afectó a pequeños, grandes, medianos; y afectó también las empresas. Muchas de las personas que quería hacer emprendimientos en las zonas rurales del país no lo pudieron hacer, porque los agentes armados les robaban sus tierras, o no les permitían llegar, o los extorsionaban. Y eso hacía que el campo siguiera sumido en la miseria. La política restitutiva es igual para todo el mundo y atiende a todo aquel que fue afectado por despojo de tierras, indistintamente de que sea un empresario o sea un campesino humilde. En ese caso es una empresa que resultó afectada y hoy vio resarcidos sus derechos, y ha recuperado la tierra que le quitaron».

En el año 2001 las Autodefensas Campesinas del Casanare, al mando de alias «Martín Llanos», empezaron a ejercer presión para que les fueran vendidas las tierras. Los paramilitares le informaron al administrador de los predios que querían montar una base de entrenamiento para sus hombres. En diciembre de ese año, 60 hombres armados se instalaron en las tierras luego de que la representante legal de la empresa y el mayordomo del predio, junto con sus familias, fueran blanco de amenazas.

En enero de 2002 «Martín Llanos» se reunió con la representante legal de la empresa, a quien intimidó y le aseguró  que sabía los nombres de sus hijos, los colegios en los que estudiaban y la dirección de su residencia. Además, le ofreció 200 millones de pesos por las fincas. A pesar de las amenazas, la mujer fue enfática en afirmar que la empresa no tenía intención de vender los predios. El paramilitar, molesto por la negativa, le advirtió que no regresara a los predios.

Las amenazas continuaron y las presiones para la firma de las escrituras no se hicieron esperar. Debido a la imposibilidad de realizar las escrituras, los paramilitares falsificaron los documentos y se apropiaron de las tierras. La representante legal de la empresa siguió siendo amenazada, y debió abandonar el país, junto a su familia, en el año 2003.

En medio del proceso se presentó un opositor, que figuraba como propietario de las tierras. Los magistrados decidieron negar la oposición formulada y no reconocer compensación alguna a su favor, por no haber acreditado buena fe exenta de culpa ya que las pruebas que aportó no soportaron lo alegado.

El director jurídico de la URT, Rubén Darío Revelo, señaló:«La sentencia de la sala civil especializada en restitución del Tribunal de Bogotá constituye un precedente importante para la jurisprudencia de restitución, al afirmar que las personas jurídicas, a través de sus socios, pueden ser víctimas de despojo y abandono forzado y, en consecuencia, titulares del derecho fundamental a la restitución; siempre y cuando el derecho constitucional y la Ley de Víctimas permitan esa posibilidad». 

La sentencia también ordena, entre otros beneficios, el acompañamiento necesario para la entrega de los predios por  la Policía Nacional, e informa a los beneficiarios del fallo que las tierras restituidas no podrán ser transferidas o vendidas durante los siguientes dos años.