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Las FARC: «OBSTRUIR LA TREGUA ES VIOLAR LOS CONVENIOS DE GINEBRA»

conflicto 1 La guerrilla denuncia falta de interés del Estado para respetar los derechos humanos

 La Habana

En el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado por el Gobierno y las FARC-EP el 26 de agosto de 2012, está estipulado de manera específica que «el respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse».

La insurgencia explicó que toda la Agenda y cada uno de sus puntos, por sus propósitos, implican una obligación de Estado para la materialización de los derechos humanos de los colombianos.

Respecto al punto de la Agenda, en el que se habla de los «derechos humanos de las víctimas», la insurgencia expuso, en primer lugar, que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos, pero ha abandonado ese deber y ha procedido a violarlos de forma sistemática.

La  guerrilla plantea que los acuerdos deben permitir implementar unas estructuras político-jurídicas capaces de poner fin a la injusticia. También dejó en claro que el hecho de que las FARC-EP en muchas zonas del país haya tenido que asumir el papel del Estado en cuanto garantizar los derechos humanos, no implica que el Estado se pueda zafar de sus responsabilidades en este sentido: debe responder por sus actos.

Las  FARC-EP plantearon unas inquietudes serias frente a la falta de voluntad e interés por parte del Estado colombiano para respetar los derechos humanos, ya que «el enfoque integral, territorial y medioambiental» está ausente en sus políticas. Además, concluyó el Comandante guerrillero, con su constante saboteo y ataques contra la tregua unilateral de las FARC-EP, el Estado está violando los Convenios de Ginebra en su más amplio sentido, porque «obstruir la tregua es privar a la población civil de un derecho adquirido por los no combatientes».

conflicto 3La insurgencia explicó que toda la Agenda y cada uno de sus puntos, por sus propósitos, implican una obligación de Estado para la materialización de los derechos humanos de los colombianos.