La Defensoría del Pueblo considera que los procesos no deben circunscribirse únicamente a la órbita disciplinaria.Mediante oficios dirigidos al Ministerio de Relaciones Exteriores y de Defensa, la Defensoría del Pueblo solicitó que a través de los canales diplomáticos y de cooperación binacional, se requiera a las autoridades norteamericanas para que rindan un informe sobre el estado y avance de las investigaciones relacionadas con presuntos abusos de militares y contratistas norteamericanos en Colombia.A propósito del informe elaborado por la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, según la cual entre los años 2003 y 2007 se presentaron al menos 54 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes por personal estadounidense, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, afirmó que estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes.El funcionario del Ministerio Público rechazó la conducta de los extranjeros, que de acuerdo con el informe, además de aprovecharse de su condición y de la vulnerabilidad de las víctimas, grabaron videos sobre sus relaciones abusivas, y recordó que al ser la pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables.
Otálora Gómez dijo que espera que los colombianos puedan conocer cuántos de los 54 casos mencionados en el informe de la Comisión Histórica para el Conflicto y sus Víctimas, han sido investigados y en qué etapa se encuentran esos procesos.
El Defensor del Pueblo valoró el compromiso expresado por la Embajada de Estados Unidos respecto a su determinación de no tolerar ni permitir este tipo de conductas, a la vez que pidió a la Fiscalía General de la Nación informar sobre los casos de miembros de la Fuerza Pública colombiana, presuntamente comprometidos en situaciones similares.
La pornografía infantil un delito de carácter trasnacional, existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, de los mercenarios de Estados Unidos, cometida contra más de medio centenar de niñas colombianas.