El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, felicitó ha la Policía Nacional por la captura de 15 personas por su presunta participación en los atentados terroristas perpetrados recientemente en Bogotá. Sin embargo el Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos calificaron como un «falso positivo judicial» la captura de dos funcionarios del Distrito
Mientras que las autoridades celebraban la captura de 14 personas que operaban en nombre de la guerrilla del ELN. El Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos calificaron como un «falso positivo judicial» la captura de dos funcionarios del Distrito en el marco de la detención de 14 personas señaladas de participar en la planeación y explosión de petardos en la capital de la República en los últimos meses por parte de milicias urbanas del ELN.
La Fiscalía General de la Nación reveló que dentro de las capturas aparecen dos personas vinculadas a la Administración Distrital. Se trata de Paola Andrea Salgado Piedrahita y Sergio Esteban Segura Guiza.
Dentro de los capturados según las autoridades de la policía se encuentra un cabecilla de esa estructura guerrillera identificado como David Camilo Rodríguez Hernández, alias «El Profe».
Más de 250 hombres de la SIJIN participaron en la operación ‘Tormenta’ que tuvo como resultado la captura de los 14 presuntos integrantes del ELN.
La Secretaría de Educación confirmó que hay otro funcionario distrital, perteneciente a su cartera, que está vinculado a las investigaciones de la Fiscalía sobre los atentados en Bogotá. Se trataría de Lorena Romo Muñoz quien actualmente tiene un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Participación y Relaciones Interinstitucionales de esta entidad.
La entidad aclaró que ella, junto con el segundo implicado perteneciente a la misma entidad, identificado como y Sergio Esteban Segura Guisa, no presentan antecedentes judiciales de la Policía Nacional, así como tampoco tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
«En cuanto al Esteban Segura Guisa, se conoció que está vinculado a la Secretaría de Educación desde el 2013. Tiene dos contratos que suman $60 millones: uno por $42.878.000, aún vigente, para laborar con comunidades y un contrato de prestación de servicios de marzo de 2013 por seis meses por $ 21’840.000, con el fin de prestar apoyo a un proyecto de «educación para la ciudadanía y la convivencia».
La tercera implicada, es Andrea Salgado Piedrahita quien tendría nueve contratos firmados desde septiembre de 2012 hasta febrero de 2015 por más de 83 millones de pesos con el fin de estructurar programas para el servicio de salud sexual y poblaciones vulnerables.
La Secretaria de Gobierno, Gloria Flórez Schneider, lamentó que dentro de los capturados por las explosiones registradas la semana pasada en las localidades de Chapinero y Puente Aranda se encuentren funcionarios del Distrito.
«El distrito tiene más de 60.000 funcionarios, no es la primera vez que ocurre que en una institución del estado se hayan infiltrado personas vinculadas a grupos ilegales, eso es parte de las lógicas desafortunadas del conflicto armado que vivimos. Esto no puede generar una estigmatización de los funcionarios del Estado», dijo.
Entretanto el Congreso de los Pueblos y organizaciones de derechos humanos sostienen: «Exigimos al gobierno Nacional garantías para la participación política, pues es inconcebible que mediante asesinatos, amenazas y detenciones arbitrarias se pretenda acallar la voz del movimiento social en Colombia».
Paola A. Salgado Piedrahíta, una de las capturadas En alguna oportunidad fue destacada por la prensa cuando la abogada Paola Salgado, quien acompañó jurídicamente a una menor de 12 años que solicitó sin éxito a una EPS el servicio de interrupción de su embarazo, relata su inútil lucha hasta que la Corte Constitucional le dio la razón a la pequeña cuando ya era madre.
Lorena Romo Muñoz
Bomba, carrera 9 con calle 72.