Si el Estado aceptó a las FARC como contraparte debe respetarle su estatus de fuerza beligerante y aceptar que sobre la base de la dejación de las armas AFP PHOTO/Diana Sanchez

Gustavo Ruiz M.

Especial

Primicia Diario

Un extraordinario avance histórico en la posibilidad de solución del conflicto interno colombiano lo constituyó el reconocimiento del Gobierno de Santos de la existencia de una guerra en Colombia con las FARC, con la consecuencia del reconocimiento de esta insurgencia como contraparte para negociar con ella la Paz. Obtuvo así la guerrilla su mayor triunfo en toda su historia. Avance inconmensurable que abrió las puertas para solucionar por la vía de la negociación política la guerra fratricida que por décadas sacude a Colombia.

Pero no ha habido lealtad procesal entre las partes. En efecto el Gobierno no ha respetado la condición de las FARC como interlocutor válido. Durante todas las conversaciones estas han sido tratadas como terroristas y bandidas;  el ex ministro de Defensa Pinzón nunca preparó a las Fuerzas Armadas de Colombia para la paz y el posconflicto, porque nunca aceptó el status de la insurgencia que le había reconocido su Jefe el presidente Santos, pero éste a su vez mantuvo el discurso pendenciero de su exjefe Uribe. Cómo va a lograr Santos que se refrenden los acuerdos de paz si vive diciéndole a la sociedad que está negociando con bandidos y terroristas? Y que sus bombardeos son actos heroicos del ejército colombiano y los actos de guerra de las FARC actos de barbarie, de bandidos desalmados.

El proceso así, del lado del Estado, entró en una bipolaridad sicótica que es la que en lo fundamental se le ha transmitido a la sociedad colombiana. Y que ha impedido que el proceso de Paz se convierta en un propósito nacional.  Y lamentablemente del lado de la guerrilla se ha venido aceptando la provocación del Estado por lo que se ha dedicado en lo fundamental a dar muestras de poder no a través de la confrontación bélica natural de las hostilidades, sino a la acción a través de métodos ilícitos de la guerra, afectando  en lo esencial al pueblo llano y raso en el que se inspira su impronta, razón por la cual la sociedad en su conjunto sufre frente al proceso una verdadera esquizofrenia: quiere la paz pero que la contraparte del Gobierno– las FARC- termine en la cárcel.

Si no hay lealtad procesal entre las partes es muy difícil que el proceso de paz desemboque en una verdadera aceptación de la sociedad y en una refrendación seria del país de los acuerdos de la Habana: ese es un peligro mayúsculo que puede reeditar la guerra y elevarla a escalamientos superiores. Si el Estado aceptó a las FARC como contraparte debe respetarle su estatus de fuerza beligerante y aceptar que sobre la base de la dejación de las armas va a competir legítimamente por hacerse a la dirección del poder político para lo cual debe el Estado incluso garantizarle su participación en la contienda política y electoral. Y decirle la verdad a la sociedad: que los integrantes de esa guerrilla reinsertados no se van a ir para la cárcel sino a la plaza pública a defender con discursos y no con metralleta en mano su ideario político.

Nótese que en este momento, aunque con matices, tanto el Gobierno de Santos como los opositores del proceso de paz, hacen énfasis en los aspectos penales, a tal punto, que se ha planteado que si en cuatro meses las FARCno aceptan la justicia transicional, no va más el proceso, sin parar en mientes que el proceso de paz no puede ser resuelto a través de la justicia vengativa, porque se trata ante todo de un proceso social y político, que debe ser resuelto en lo fundamental a través de la solución política y no de la venganza punitiva. En este sentido se ha dicho que el proceso de paz debe ser despenalizado, porque no es la justicia reivindicativa sino la justicia restaurativa la que garantiza la verdad, la reparación y la no repetición.

En medio de las contradicciones del proceso la perspectiva de éxito puede finalmente abrirse paso si entendemos que no es lo punitivo lo que en últimas garantiza la paz, sino lo político. Insistir en que no hay posibilidades de amnistías o indultos u otras soluciones judiciales diferentes a la prisión y la cárcel, no solo para los integrantes de la guerrilla sino para los militares y que deben de todas maneras pasar al banquillo de los acusados, es un asunto de dignidad y de legitimidad, que implica aceptar la derrota política y militar que ni la guerrilla ni el Estado reconocen, porque se parte de la base de que en esta guerra no ha habido vencedores ni vencidos, y que en últimas son los ciudadanos  en general y las víctimas en particular, los vencidos con el derramamiento de sangre y los que más se beneficiarían con el fin de la guerra, si aceptamos que  lo trascendental de este proceso es la verdad, la reparación y la no repetición, lo que implica la reconciliación y el perdón y no la vindicta penal.

 ¿Será que tantos ríos de sangre no nos darán una cosecha de paz?