Jeisson Romero Infante
@Jei_Infante
Columnista
Primicia Diario
Desde hace bastante tiempo, los grupos animalistas de Bogotá venían trabajando y promoviendo una consulta popular para que los capitalinos decidamos si queremos o no que la tauromaquia continúe su “espectáculo” en la Santamaría. Iniciativa que respalda la opinión mayoritaria de los bogotanos que muestran una clara reticencia a que se siga permitiendo la lidia en la ciudad. El proyecto de consulta fue presentado y aprobado en el Concejo de Bogotá y, posteriormente, confirmado por el Tribunal Administrativo de Bogotá, por lo que ya solo falta la financiación. Sobre ese punto el Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez dijo que para llevar a cabo la consulta tendría un costo de $34.000 millones de pesos y, seguidamente, el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cerró la puerta con un claro y rotundo ¡No hay dinero!
Desde sectores animalistas y el mismo alcalde Gustavo Petro, se ha dicho que eso es falso y que si la consulta se lleva a cabo el 25 de octubre próximo, día de elecciones, no costaría mucho más de $2.000 millones de pesos. A su vez, los taurinos, están acudiendo desde todos los escenarios posibles a que la consulta no se haga o no se financie. Y están en todo su derecho de oponerse.
Si bien nunca me ha gustado ese espectáculo degradante que es la tauromaquia, en medio del debate entre prohibición o no de la misma en Bogotá, surgen varios interrogantes en cuanto hasta dónde debe hacerse uso de los mecanismos de participación democrática y la conveniencia de los mismos.
El presidente Santos sancionó el 16 de julio de éste año la ley 1757 por medio de la cual se dictan disposiciones en materia promoción y protección del derecho a la participación democrática. Al respecto puede decirse que esos mecanismos son de imperativa importancia dentro de un sistema democrático como el colombiano porque reglamenta los instrumentos mediante los cuales se avalan los derechos que tenemos todos los ciudadanos para promover, proteger y garantizar la participación en la vida política, económica, administrativa, social y cultural del país y así mismo, controlar el poder público. Mecanismos todos de suma importancia, sin ninguna duda.
El problema surge cuando desde el grupo de ciudadanos animalistas (mayoría) se pretende vía mecanismos de participación democrática, prohibirle a taurinos (minoría) que asistan a ese tipo de eventos y los argumentos son variados. Las tesis de ambos bandos, muy someramente son: desde el primer grupo se suele decir que los animales tienen derecho, lo cual es muy debatible. ¿Cómo saber qué derechos? ¿Qué si los animales no están de acuerdo? ¿Cómo debatimos con animales acerca de sus derechos si ni siquiera pueden exigirlos? En cuanto a derechos los argumentos de los animalistas no tienen mucho peso. Pero del otro lado se encuentra la “evidencia” del segundo grupo que recurre a la famosa tradición para infligir dolor a los animales, nada más arcaico y sin razón (Recomiendo esta columna que trata sobre el tema http://www.elespectador.com/opinion/ley-animal-columna-539262)
Ahora bien, si resulta que vía consulta o referendo, las mayorías buscan en un futuro prohibir o limitar algún derecho de unas minorías, como ya se está promoviendo frente a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres, el matrimonio igualitario y la adopción de menores por parejas del mismo sexo; estos mecanismos se convertirán en herramientas disfrazadas de democráticas con un propósito a todas luces antidemocrático.
Así las cosas nos veremos en escenarios en donde una mayoría, enarbolando la defensa de unas tesis (discutibles todas) y proclamando la defensa de la democracia desconozca, prohíba y penalice conductas que hacen parte de la esfera privada de la persona y, en consecuencia, borre de un solo tajo un elemento fundamental de cualquier sistema que se haga llamar democrático: el respeto de los derechos y libertades de las minorías.