Jeisson Romero Infante
Columnista
Primicia Diario
@Jei_Infante
Casi un mes después que el gobierno a través de su ministra de transporte saliera ante cámaras a decir que se iban a reglamentar, vía decreto, la prestación de servicio de transporte público por medio de aplicaciones (Uber), seguimos esperando a que se conozca la integridad del texto que, de entrada, ya deja muchas dudas en cuanto a su seriedad y alcance. Días antes de aquella noticia, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, citó a un debate en el Congreso “Para entender el conflicto entre taxis y Uber” y es sobre su intervención que me quiero centrar. En su larga intervención el senador del Polo basa su oposición a Uber en dos grandes tópicos: ilegalidad de Uber y competencia desleal frente a los taxistas. En toda su exposición lo que dice es cierto, Uber es ilegal; pero hay que atender a las razones que da para justificar una posición que no se compadece con la realidad.
Por ejemplo, el senador manifiesta que la aplicación promueve una cultura de ilegalidad dado que hace que vehículos presten un servicio público no estando habilitados para ello, una obviedad si se tiene en cuenta que es una nueva forma de prestación de servicio, que como tal, no está regulada por la ley. Así mismo, sostiene, que Uber cobra una tarifa ilegal de un 20 % (lo cual es cierto porque aún no se ha regulado la prestación de ese servicio) pero para justificar su negativa acude a una falacia, la cual es que cree él que Uber se tomará la totalidad del mercado de transporte público y que por lo tanto sólo podrán acceder al mismo quienes tengan una tarjeta de crédito, celular de alta gama y plan de datos debido a que, en palabras del senador Robledo, más del 85 % de los colombianos no poseen ni tarjeta de crédito, ni celular, ni plan de datos. Así las cosas se verán afectados tanto los usuarios como los taxistas en sus ingresos, pero no da ningún dato o estudio que sostengan semejante afirmación. Por lo que quedan en el aire preguntas como ¿De qué manera se ve afectado los ingresos de los taxistas si más del 85 % de los colombianos no tienen tarjeta de crédito? ¿Cómo se ven afectados los usuarios si sólo el 15 % posee una tarjeta de crédito, celular de alta gama y plan de datos y son los que podrían usar el servicio de Uber?
Sostuvo el senador Robledo que Uber va a arruinarles a todos el negocio porque los propietarios de taxis deben pagar un precio (muy alto) por el cupo en una empresa autorizada para poder operar y los vehículos que prestan el servicio con la aplicación no lo hacen. Claramente es un hecho cierto, lo que sucede es que con esas declaraciones se pretende generar alarma (¿pánico?) por una verdad a medias. Tal es así porque el senador no hace referencia al negocio que tienen unas personas (V.gr Uldarico Peña) que son las que cobran esos cupos a los dueños de los taxis pero ese dinero va directamente a la empresa, sus dueños; pero ningún peso de esa suma millonaria llega al distrito.
Por supuesto que a Uber y a las otras aplicaciones que existen y prestan ese mismo servicio, hay que legalizarlas y regularlas, se debe desde el Estado generar mayor competencia en la prestación de ese servicio público y que la misma redunde en beneficios en el servicio para el ciudadano. Por supuesto que hay que obligar a estas empresas a que paguen algo, como se hizo en México D.F en donde se cobra un porcentaje por cada viaje y que su destinatario es el distrito federal, en aras de compensar lo que pagan los propietarios de los taxis.
Este es un debate que hasta ahora inicia, desde ya se sabe que está andando un proyecto de ley, pero lo que también debe darse es el debate si se debe seguir con el modelo de negocio de transporte que solo ha beneficiado a unos pocos mientras que algunos políticos sacan réditos políticos desviando el debate porque la dueña de la aplicación es una multinacional.