Las concesiones del gobierno Santos a los voceros de las FARC en La Habana no son pocas.  El proceso de diálogo tiene sus críticos autorizados.

Antonio Valencia Salazar

Especial

Tres largos años de diálogos entre gobierno colombiano y guerrilla  de las FARC, está a punto de concretarse el acuerdo para poner un final decoroso a cincuenta y siete años de violencia fratricida  en los cuales la carnicería inhumana entre habitantes de un mismo país, ha causado millones de muertos, familiares perseguidos y desplazados, viudas y huérfanos en ambos bandos combatientes, -fuerzas del Estado y alzados en armas-, estos últimos en busca de alcanzar el poder, un imposible de obtener en los tiempos que corren de diálogo y cooperación mundiales.

Tres largos años para concretar un solo principio, dejar las armas los insurgentes, reintegrarse a la vida en sociedad, intervenir en política y ocupar cargos de representación popular en el Congreso, Asambleas y Concejos e incluso ser funcionarios estatales de gran rango y autoridad.  A cambio, el Estado les brindará las garantías sociales, económicas y financieras para la nueva vida en el postconflicto.  Incluyendo representación en el exterior y garantía de seguridad personal en países amigos de Colombia.

¿Cuánto dinero del presupuesto oficial se ha invertido en los diálogos de La Habana para escuchar a los representantes de las FARC, su Secretariado, sus exigencias, algunas tan inaceptables e inverosímiles?  ¿Cuánto dinero empleará el Ministerio del postconflicto cuyo titular Rafael Pardo Rueda ya fue designado por el presidente Juan Manuel Santos Calderón, autor de la idea de lograr la paz nacional a riesgo de todos los costos inimaginables de inversión?

En no pocas ocasiones el comandante de la Revolución cubana Fidel Castro le ha repetido a «los muchachos» de la insurgencia armada de la inutilidad de la lucha guerrillera en estos tiempos.  Un imposible físico hoy, es la «toma del Poder» en una batalla desigual, cuando los Estados así sean considerados arbitrarios, o déspotas y los gobernantes omnipotentes o dictadores, están armados hasta los dientes; se impone el diálogo civilizado y la lucha es de ideas, de principios, de fórmulas para la convivencia pacífica y no la azarosa aventura de un puñado de soñadores en «patrias nuevas y diferentes». «La guerra de guerrillas» hoy es la utopía más gigantesca en un mundo globalizado, dirigido a los mercados del consumismo, a los cuales convergen los pueblos del orbe por la supervivencia.

Las concesiones del gobierno Santos a los voceros de las FARC en La Habana no son pocas.  El proceso de diálogo tiene sus críticos autorizados.  Allí no se negocia soberanía, ni entrega de territorios a quienes lleguen a ser excombatientes, ni desmonte de la fuerza pública; ni olvido o cero castigo a los autores de crímenes atroces y masacres que horrorizan a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional.

Todo debe concretarse, -agotados los díálogos-, a una sola premisa: dejen la guerrilla  las armas, las silencien respetando la vida de la inmensa mayoría de colombianos; reintégrense a la sociedad, hagan política sin la amenaza de los útiles.  Lo demás, son exigencias irrealizables.

Somos amigos de la paz.  Eso sí, sin mayores privilegios para quienes de una u otra manera deben resarcir los daños morales y materiales causados a sus compatriotas.  Y antes que todo, que se haga verdadera justicia, sin que ronde el grave fantasma de la impunidad, que tanto daño hace a la conciencia pública.