El informe oficial que dejó el Fiscal Eduardo Montealegre sobre el caso más sonado de corrupción en Bogotá.
El carrusel de la contratación Al escritorio del Fiscal, cada 30 días, llegaron informes ejecutivos sobre procesos de connotación nacional. En la cabeza de la lista estaba el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso más grave de corrupción que ha sufrido la ciudad, por su monto –más de 2.5 billones de pesos-, por la clase y procedencia de los procesados, por la cantidad de delitos y por el número de personas vinculadas a los múltiples expedientes que se desprendieron poco a poco y después de cada nuevo hallazgo.
El trabajo para la Fiscalía General de la Nación fue inmenso y los retos fueron muchos. Los resultados contundentes de las investigaciones permitieron innumerables condenas en diferentes instancias del poder judicial: ante jueces, ante el Tribunal Superior de Bogotá y ante la misma Corte Suprema de Justicia.
El modelo de investigación y el esfuerzo de cientos de funcionarios de la Fiscalía permitió llegar al fondo del problema y descubrir plenamente a los responsables del millonario desfalco a la ciudad. Los principales protagonistas de este caso ya fueron condenados, y otros están en proceso de fallo gracias a las pruebas aportadas por nuestra entidad.
Magistrados y jueces han reconocido en las audiencias y en sus sentencias que la base de los fallos corresponde a las juiciosas y rigurosas investigaciones a fondo y de todo tipo que adelantó la Fiscalía General de la Nación y a las imputaciones de cargos que formuló la entidad ante los respectivos funcionarios. Los expedientes son sólidos en pruebas técnicas y testimoniales, en cruce de información y en trabajos de campo minuciosos.
Casi una centena de expedientes adelantó y aún adelanta está administración por el millonario desfalco de dineros públicos de Bogotá por parte de altos funcionarios del Distrito –como su entonces alcalde Samuel Moreno-, secretarios de despacho, concejales, contratistas, abogados e intermediarios, que a través de jugosos contratos de vías y ambulancias, por sólo mencionar dos de los mayores casos, defraudaron las arcas de la capital a manos llenas.
El seguimiento especial por parte del despacho del Fiscal General de la Nación fue realizado sobre todos los procesos, pero principalmente en torno a los que fueron vinculados gran parte de los concejales; el detenido alcalde de la ciudad Samuel Moreno; su hermano el destituido y condenado senador Iván Moreno; los primos Miguel, Manuel y Guido Nule; los contratista Emilio Tapia y Julio Gómez; el abogado Álvaro Dávila; la directora del IDU, Liliana Pardo; el secretario de Salud, Héctor Zambrano; el contralor del Distrito, Miguel Ángel Moralesrussi, el funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano, Inocencio Meléndez, y el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, entre otros más.
La entidad no escatimó ningún esfuerzo humano, ni recurso técnico, legal y presupuestal para descubrir todo el entramado criminal e identificar a todos los responsables. El escándalo del carrusel de la contratación estalló en junio de 2010. Con la llegada a la Fiscalía de una nueva administración, el organismo logró consolidar expedientes, cruzar y relacionar más hechos, establecer y probar delitos, descubrir a prácticamente todos los implicados y presentar ante los jueces a los responsables. Insistimos, aún hay procesos en marcha de un fraude que fue gigante y complejo, incluso con muchos procesados vinculados a más de 11 un radicado.
Ejemplo, el exalcalde Samuel Moreno enfrenta tres expedientes. Un elemento determinante en este proceso del carrusel de la contratación, fue la directiva 001 de 2012. Permitió que las investigaciones, en materia de corrupción en Bogotá, se hicieran dentro del contexto de asociación de casos. La filosofía del instrumento, además de establecer toda la verdad de los hechos, permite también descubrir y buscar el castigo para los máximos responsables de los delitos, y no sólo para quienes se ubican en la base de la pirámide de la organización criminal y en mandos medios.
La lucha contra la delincuencia para ser realmente exitosa debe encargarse de golpear a quiénes están en la cúspide del grupo delincuencial y no sólo a los mandos bajos y medios. Este modelo, de contexto, ha permitido avances importantes en las investigaciones e incluso ha logrado identificar modus operandi, formas de ejecución delincuencial establecidas por quienes se asociaron para delinquir. Tener la certeza de cómo operan los delincuentes en toda su estructura, es una de las bases del éxito de las investigaciones.
Porque además, a partir de estos resultados, ha sido posible abrir nuevas investigaciones en otras ciudades y replicar el modelo de investigación y negociación con los implicados para otros fiscales con casos similares. Cuando Eduardo Montealegre llegó a la Fiscalía General de la Nación sólo existía una condena contra funcionarios y contra cuatro particulares, todos relacionados con una sola entidad: el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, y una sola imputación en la Alcaldía.
Durante los últimos cuatro años los investigadores han profundizado las indagaciones y se puede asegurar hoy que cayeron desde sus más visibles cabezas hasta los implicados en la base de esa pirámide criminal. Además del fraude y direccionamiento ilegal de contratos de construcción y reparación de vías, fue posible detectar e investigar otros hechos ilícitos, como sucedió con la licitación de las ambulancias. Gracias a las investigaciones de la Fiscalía, una buena parte de los implicados se vio en la obligación de aceptar cargos, de buscar principios de oportunidad y de colaborar con las autoridades.
A modo de ejemplo. Ante la abrumadora cantidad de pruebas, implicados comenzaron a rendir versiones detalladas de más hechos delictivos y comenzaron a señalar a más responsables. En la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Héctor Zambrano, secretario de Salud de Bogotá; el contratista Emilio Tapia; el concejal Hipólito Moreno, entre otros, comenzaron a declarar. Gracias a eso fue posible probar que la licitación para la adjudicación del contrato de prestación de servicio número 1229 del 30 de septiembre de 2009, celebrado entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Unión Temporal Transporte ambulatorio Bogotá, fue manipulada para que ganara esta empresa. De allí se desprendieron condenadas por peculado por apropiación, cohecho por dar u ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos.
La entidad también focalizó grandes esfuerzos en los procesos que adelantó la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, para tratar de recuperar la mayor cantidad de recursos que perdió la ciudad en este caso de corrupción, que tocó a muchos de los organismos de administración del Distrito Capital, incluso a los dineros supuestamente destinados a la salud, pero que terminaron en los bolsillos de contratistas y funcionarios de la ciudad.
La investigación formal en la Fiscalía por estos delitos comenzó el 3 de enero de 2012 cuando el Fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia informó a la fiscal jefe de la Unidad de Lavado de Activos y extinción de dominio que ese despacho adelantaba un proceso del cual podría comenzar o dar inicio otros nuevos expedientes por extinción de dominio sobre los responsables del millonarios desfalco a la ciudad.
Dos años después, el 16 de enero de 2014, la Fiscalía comenzó este tipo de procesos contra todos los involucrados en el escándalo, principalmente contra concejales, contratistas y funcionarios de la alcaldía. La entidad mantiene la misión, además de castigar con cárcel a todos los responsables, de perseguir sus fortunas y sus bienes para encontrar los millonarios 15 recursos que perdieron los habitantes de Bogotá durante la administración del alcalde Samuel Moreno.
La búsqueda de estos dineros la ha realizado la Fiscalía General de la Nación incluso en el exterior. Las diferentes investigaciones que se desprendieron del caso matriz del carrusel de la contratación, han probado la vinculación directa y de primer orden, en todo este escándalo, del entonces alcalde de Bogotá, SAMUEL MORENO ROJAS. Como punto de partida y con el propósito de contextualizar los hechos jurídicamente relevantes que permitieron argumentar las tres acusaciones que actualmente avanzan contra MORENO ROJAS, debe indicarse que con la finalidad de lograr su elección como Alcalde, SAMUEL MORENO logró la financiación de su campaña, desde la consulta interna de su partido, de diferentes particulares entre quienes se encontraban algunos contratistas del Distrito.
Una vez electo, los particulares, contratistas y representes de la clase política de la ciudad, realizaron pactos de gobernabilidad que permitieron una real y efectiva captura del Estado, a través acuerdos que buscaron satisfacer indebidamente sus intereses particulares, anteponiéndolos a la utilidad y bienestar de la comunidad.
Esos pactos en su mayoría tenían una finalidad económica, de lucro personal de funcionarios, contratistas y políticos usando los recursos de la ciudad, del presupuesto oficial. Estos acuerdos, de entrada, implicaron la entrega de entidades como el IDU, LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO VIAL, LA SECRETARIA DE SALUD, entre otras, para realizar nombramientos y manejar recursos económicos a través de millonarias comisiones provenientes del manejo ilegal de la contratación pública. Así las cosas, concretamente contra el exalcalde SAMUEL MORENO, en la actualidad hay tres investigaciones. Delitos: Concurso de conductas de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, en calidad de coautor, relacionados con los contratos 071 y 072 de 2008 de malla vial, la cesión del contrato 137 de 2007, que correspondía a las obras de Transmilenio fase III, y los contratos 020, 029, 037, 047 y 068 de 2009; PECULADO POR APROPIACIÓN A FAVOR DE TERCEROS EN CALIDAD DE DETERMINADOR, agravado por razón de la cuantía, relacionado con la amortización de la cesión del contrato 137 de 2007, por un valor de 28.081.044.349, que favoreció a Conalvías, y CONCUSIÓN en calidad de autor, por haberle solicitado a MIGUEL EDUARDO NULE VELILLA, $5.000.000.000 para fallar a su favor un recurso que se había presentado ante el IDU e interpuesto contra el auto que declaró el siniestro del manejo del anticipo del contrato 137, para que fuera fallado a su favor y no tuviera que pagar Transvial ningún dinero. Radicado: 110016200000201100446 Juzgado: 11 Penal del Circuito de Bogotá.
Estado de la actuación: AUDIENCIA PREPARATORIA, la cual no ha culminado ya que actualmente en el Tribunal Superior de Bogotá tiene la actuación con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por todos los intervinientes frente al auto que decretó las pruebas. Proceso No. 1 16 Proceso No. 2 Proceso No. 3 Delito: CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, ya que desde diciembre de 2007 y hasta junio del año 2010; SAMUEL MORENO, su hermano y entonces senador NÉSTOR IVÁN MORENO ROJAS, el abogado ÁLVARO DÁVILA y los contratistas EMILIO JOSÉ TAPIA Y HÉCTOR JULIO GÓMEZ GONZÁLEZ, entre otros, se pusieron de acuerdo para cometer delitos indeterminados contra la administración pública, tales como, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, cohechos propios, peculados por apropiación, entre otros, para lograr un provecho económico a costa de los dineros públicos provenientes de la necesidad de contratación de obras en el Distrito Capital y PECULADO POR APROPIACION EN FAVOR DE TERCEROS, por la cesión del Contrato No137 y los sobrecostos en favor de la empresa CONALVIAS, equivalentes a 197 millones de pesos. Radicado: 110016000000201200510 Juzgado: 34 Penal del Circuito de Bogotá. Estado de la actuación: Actualmente en desarrollo la AUDIENCIA PREPARATORIA, a la espera que la señora Juez emita el auto mediante el cual se decretarán las pruebas. Los delitos por los cuales se acusó fueron INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS y COHECHO.
Durante 2009 y el primer semestre de 2010, SAMUEL MORENO ROJAS, determinó al entonces Secretario Distrital de Salud, HÉCTOR ZAMBRANO RODRÍGUEZ, para que se interesara y aceptara promesa remuneratoria y con posterioridad recibiera dinero para sí mismo, al igual que para su hermano el ex senador IVÁN MORENO, varios concejales de Bogotá, el Personero Distrital y el Contralor de la ciudad, de parte del adjudicatario del contrato No. 1229 de 2009, celebrado el 30 de septiembre de 2009, entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal TRANSPORTE AMBULATORIO BOGOTÁ.
El dinero de la comisión equivaldría al 9% del valor total del contrato que fue firmado por $67.203´690.774 pesos. Los recursos pactados fueron recibidos y repartidos por ZAMBRANO, junto con el concejal HIPÓLITO MORENO, EMILIO TAPIA y FEDERICO GAVIRA VELÁSQUEZ, entre las personas anteriormente mencionadas. Radicado: 110016000000201400604 Juzgado: 14 Penal del Circuito de Bogotá. Estado de la actuación: En desarrollo la audiencia de Juicio Oral, se han evacuado 13 testigos de los 22 solicitados por la Fiscalía.
En razón del desarrollo traumático que ha tenido esta última investigación, por la realización de maniobras dilatorias por parte de la defensa, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó abrir investigación en contra del señor SAMUEL MORENO ROJAS y su defensor por la conducta punible de Impedimento o perturbación en la celebración de Audiencias Públicas, del cual está conociendo la Unidad de Delitos contra la administración Pública. 17 El caso Álvaro Cruz Alcaldesa de Florencia A comienzos de octubre de 2015, la Fiscalía General de la Nación presentó ante la juez 71 penal de control de garantías de Bogotá al exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Después de una intensa y rápida investigación, el procesado reconoció los cargos e intentó llegar a un principio de acuerdo, pero surgieron hechos que llevaron al organismo de investigación a ponerle punto final a esa negociación y presentarlo detenido ante un juzgado. El funcionario intentó, junto con su esposa y el procurador judicial, Hernán Jovel Muñoz, afectar el proceso y desviarlo mediante el pago de sobornos.
El exgobernador inicialmente debía responder por hechos relacionados con el carrusel de la contratación de Bogotá. Según pruebas técnicas y testimoniales logradas por la Fiscalía, Cruz y su esposa pagaron 2.000 millones de pesos para desviar la investigación y contar con el apoyo del agente de la Procuraduría General de la Nación asignado a este caso de corrupción. Dentro de un primer expediente, Cruz estaba siendo procesado dentro del carrusel de la contratación de Bogotá por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado. Según las indagaciones, habría cancelado un presunto soborno por 800 millones de pesos para lograr un contrato en la Unidad de Mantenimiento Vial de Bogotá, en el año 2009, durante la administración de Samuel Moreno, a través de su firma ICM. Se trata del contrato para el suministro de asfalto, 193 del 2009, por cerca de 24 mil millones de pesos.