Con un llamado a la cordura para que se garantice el derecho a la protesta y se aseguren también los derechos de quienes no hacen parte de ella, la Defensoría del Pueblo desplegó un dispositivo humanitario de observación y acompañamiento conformado por dos Direcciones Nacionales, seis Defensorías Delegadas y 36 Regionales en todo el país.

Los funcionarios de la institución, que desde el terreno hacen seguimiento especial en los 20 departamentos donde se han reportado concentraciones masivas y movilizaciones, incluidos Chocó, Risaralda, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Caquetá, Valle del Cauca, y Arauca, entre otros, cumplen el doble rol de defensores de derechos humanos y defensores públicos para la recepción de todo tipo de solicitudes asociadas al movimiento de protesta.

El objetivo es identificar posibles impactos en las comunidades ajenas a las manifestaciones, a propósito de aspectos como los servicios públicos, seguridad alimentaria, asistencia en salud, libre movilización y protección de sus bienes, factores que podrían verse afectados en medio de la protesta, así como ofrecer los servicios de Defensoría Pública a las personas que eventualmente sean capturadas en desarrollo de las movilizaciones.

Los equipos en terreno de la Defensoría del Pueblo reportaron bloqueos en la Vía a la Cordialidad, en el departamento del Atlántico; la carretera Pasto-Tumaco en el sector El Palmar, en jurisdicción de Ricaurte; en La Guajira sobre el complejo del Cerrejón; a 3 kilómetros de Leticia (Amazonas) por parte de la comunidad indígena San Sebastián de Los Lagos; y algunos puntos de afectación en el departamento del Chocó.

Cabe señalar que en lo corrido del presente año, se han presentado615 episodios de protesta social en Colombia, 146 de ellos durante el último mes, siendo Valle del Cauca, Santander, Antioquia, Atlántico y Guajira los epicentros de estas situaciones.

Del total de registros, el 33 por ciento corresponde a movilizaciones, el 27 por ciento a plantones, el 19 por ciento a hechos de bloqueo, el 9 por ciento a cese de actividades y el 3 por ciento a protestas que derivaron en disturbios.

Entretanto, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se desplazan al kilómetro 18 de la vía Quibdó-Medellín, para verificar la posible retención de 5 militares en medio de las manifestaciones, y en caso tal mediar para su entrega en el transcurso de la tarde. También se verificará la situación de una menor de edad, quien aparentemente requiere un traslado médico urgente hacia la capital antioqueña, y no habría podido pasar como consecuencia de las marchas y controles en el kilómetro 20 de la misma ruta.