El propósito era que, con la inversión asignada, 7.000 campesinos lograran comercializar directamente sus productos en Bogotá, en la administración Petro. El Distrito no presenta evidencia de beneficio para la ciudad. Según el hallazgo, sólo fue del 0,01%.
La Personería de Bogotá encontró que de los $12.486 millones destinados por el la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) para vincular a 7.000 campesinos a procesos de comercialización y producción de sus productos, no hay evidencia que se ayudó a uno sólo de ellos ni existe un beneficio real para la ciudad.
El objeto de la meta consistía en que más de 7.000 campesinos de la zona rural pudieran comercializar sus productos en las diferentes plazas de mercado de la ciudad, sin intermediarios, y que los insumos fueran vendidos a un precio cómodo, generando un beneficio para la ciudad y obviamente para los campesinos.
La inversión fue de $12.486 millones suscritos en 58 contratos, de los cuales 37 corresponden a prestación de servicios, 10 a convenios de asociación y 7 a interadministrativos.
La millonaria contratación de las universidades se hizo con el fin de generar capacitaciones en planes de negocio, empresarización y caracterización de la oferta. El resultado es una base de datos con cerca de 10.000 integrantes, de los cuales a la fecha no hay ninguno vinculado al programa de comercialización en la ciudad.
Evidencia
Durante la veeduría, la Secretaría de Desarrollo Económico generó un documento en el que asegura que la meta en la estrategia de empresarización rural y la consolidación de la oferta, se ejecutó en su totalidad.
Sin embargo, a la fecha no hay documentos que prueben la vinculación de la población rural, mediante el proceso de comercialización y/o planes de negocios en las plazas de mercado de la ciudad.
Se evidencia que, producto de la inversión del Distrito de $12.486 millones en la región central rural bogotana, se obtuvo un beneficio para los capitalinos de tan sólo 0,01%, cosa que demuestra el muy bajo nivel de impacto comparado con la inversión realizada, hecho que constituye presunto detrimento al patrimonio.
Según el informe, no se cumplió con el objetivo de la meta, por cuanto no hay evidencia de la vinculación de 7.000 productores campesinos a procesos de producción y comercialización sostenible. La SDE no demostró dicha vinculación bajo parámetros medibles y cuantificables.
La Secretaría, al parecer, tampoco realizó control y seguimiento, una vez finalizados las capacitaciones para garantizar el abastecimiento en el Distrito, mediante la consolidación de nuevos canales de comercialización.
La caracterización de la oferta no se encuentra articulada a ningún proceso de producción ni comercialización, que redunde en beneficio de los capitalinos, ya que el trabajo que contrató la SDE con las diferentes universidades y/o asociaciones, no arrojó resultado diferente al de una base de datos actualizada respecto a los productos que sembraban los campesinos en sus tierras.
Por todo lo anterior, la Personería envió copia del informe a la Contraloría Distrital para que investigue las irregularidades fiscales e inició una indagación preliminar para determinar los responsables de la ejecución de los recursos.