La firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional vino acompañada de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en los distintos municipios y veredas del país. El más reciente ocurrido sobre cuatro personas de la acción comunal en la región del Catatumbo.

Dentro de estos colombianos que han sido asesinados  se encuentran líderes que hacen pedagogía por la paz;  defensores del medio ambiente;  opositores a actividades como la minería y la siembra de cultivos de uso ilícito, lo mismo que de pobladores dedicados a la  acción comunal. No se puede asegurar tácitamente que estos hechos corresponden a una clara oposición a la firma de la paz, porque los  hechos no han cesado desde la década de los 80, aunque existe una extraña coincidencia en el tiempo en que este llega a su feliz término, con el aumento de estos mismos.

Sucedió durante los diálogos de Paz con el expresidente Belisario Betancourt, que buscó el paso de las armas a la política de las FARC, permitiéndoles crear el movimiento político de la Unión Patriótica, desde donde se logró la elección de 16 alcaldes,  256 concejales y 16 representantes al Congreso de Colombia. Fue también el tiempo en el que los índices de violencia política comenzaron a dispararse.  Un total de  300 de militantes de la Unión Patriótica según datos del CINEP,  fueron  asesinados en todo el país, fundamentalmente en zonas como Meta, Urabá y el Magdalena Medio, en donde se empezaban a consolidar como fuerza política.

El hecho  volvió a repetirse cuando Andrés Pastrana en calidad de Presidente de la República, inició la mesa de conversaciones con las FARC en San Vicente del Caguán. De manera paralela Carlos Castaño logra la unión de los distintos grupos paramilitares que existían para ese entonces en Colombia, configurando un ejército irregular con  carácter ofensivo, controlando territorios nuevos y afianzando su dominio en los lugares en donde ya se encontraban, logrando además el apoyo de comerciantes, ganaderos, empresarios, miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, lo mismo que de políticos locales y nacionales.

Esto que se denominó Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fue la causante de múltiples masacres, asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado y una serie de amenazas contra la vida de todo lo que les sonara a izquierda. Para ese entonces el  país vivió la más fuerte ola de violencia de todos los tiempos.

Luego de la desmovilización de las AUC bajo la ley de Justicia y Paz,  que tenía el componente de reparación  a las víctimas de los paramilitares, los índices de asesinatos sobre líderes de derechos humanos y reclamantes de los bienes que les fueron arrebatados,  volvieron aumentar. Para febrero de 2009 la cuenta iba en 20 personas asesinadas, otro tanto desaparecidas, amenazadas y desplazadas. En todos los casos aparece un elemento en común: el reclamo de tierras y la búsqueda de la verdad.

Según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Alexander López, «esto ocurre porque Colombia no le dio continuidad a la lucha contra el paramilitarismo», fenómeno que según él, «sigue vivo».

El temor que se ha desatado en municipios y veredas del país por cuenta de una nueva ola de violencia, puede terminar por  registrar nuevas masacres sistemáticas sobre  activistas de izquierda y de distintos líderes políticos, lo que le genera un gran reto al Gobierno Nacional en materia de seguridad y orden público.