Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.

 

 

 

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A punta de amenazas y asesinatos, diferentes grupos armados ilegales no sólo han victimizado a cientos de comunidades rurales en 21 departamentos, sino que han impuesto estrictas normas de comportamiento con la excusa de prevenir la expansión del COVID-19 y llenar el vacío institucional. Al respecto, la Defensoría del Pueblo hace detallada radiografía y alerta a las autoridades para que tomen medidas eficaces de protección.

Trapos rojos colgados en ventanas, puertas y fachadas de viviendas en barrios deprimidos de decenas de ciudades en Colombia, se convirtieron en uno de los símbolos del Aislamiento Preventivo Obligatorio con el que el presidente de la República, Iván Duque, busca frenar la cadena de transmisión del virus respiratorio que tiene en jaque a la humanidad. Representan la necesidad de ayuda, especialmente por la falta alimentos, de las personas que se quedaron sin fuentes de ingresos porque viven de lo que producen a diario.

En el campo la situación es a otro precio porque se suma otro mal endémico del país: la violencia armada. Los trapos rojos no son uno de sus símbolos, sino las ‘líneas rojas’ que han trazado las estructuras criminales que pululan a lo largo y ancho de la geografía nacional, al «imponer normas de conducta”.

El terror se ha tomado los campos donde se presenta  los estragos que viven las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, por cuenta de la combinación mortal de coronavirus y plomo.

«Los impactos han sido especialmente gravosos para aquellas comunidades donde existen brechas de presencia institucional y que cuentan con importantes niveles de vulnerabilidad y desprotección social, reflejados, entre otros, en sistemas de salud con infraestructura y dotación deficientes -o inexistentes- para la atención de posibles casos de infección», indica el documento.

Y a continuación enumera 41 hechos de violencia ocurridos durante la emergencia sanitaria. La mayoría de ellos, 14, son atribuibles a disidencias de las FARC; once a la guerrilla del ELN , a pesar de que decretó un cese al fuego unilateral durante el mes de abril; seis a los denominados grupos sucesores del paramilitarismo; dos a la antigua guerrilla del EPL, uno de ellos correspondiente a un enfrentamiento con el ELN en medio de civiles; y ocho más a delincuencia organizada y grupos sin identificar.

Especial atención dedica la Defensoría del Pueblo en su alerta temprana nacional a las amenazas durante el período de implementación de las medidas de prevención de la propagación del COVID-19, pues es una de las acciones más recurrente, particularmente en regiones donde los grupos armados son una figura hegemónica o hay coexistencia entre varios.

Al respecto, indica que «en departamentos como Cauca, Nariño, Bolívar, Valle del Cauca, Guaviare, entre otros, han hecho públicos sus mensajes, principalmente, mediante la circulación de comunicados y panfletos entre los cuales es común el respaldo al aislamiento con imposición de regulaciones y normas de conducta, así como amenazas de homicidio, agresión, desplazamiento forzado y restricciones a la movilidad, bajo el argumento de prevenir la propagación del contagio».

Además, resalta que en ocho de los casos monitoreados, los grupos armados impusieron normas de conducta a la población civil, «a partir de regulación a establecimientos comerciales y de ocio, control de precios sobre víveres y elementos de salubridad como alcohol, además de bloqueos en vías de acceso terrestre y fluvial, como estrategia para restringir el flujo de personas, alimentos y medicamentos».

Y llama la atención sobre la postura redentora que proyectan: «En el marco de los panfletos y comunicados difundidos por facciones disidentes de FARC-EP y el ELN es común un mensaje imperativo a los gobiernos locales para la atención de la población vulnerable, aduciendo que su presencia permitirá hacer frente a los vacíos del Estado, ubicándose como protectores de la población civil».

En algunas regiones los hechos trascendieron las amenazas. Entre el 23 de marzo y el 27 de abril, el SAT documentó diez asesinatos, la mayoría ocurrieron en Cauca (siete), y los restantes en Arauca (uno) y Nariño (dos). Cinco de ellos fueron atribuidos a disidencias de las FARC, tres al ELN y se desconoce la autoría de los dos restantes.

Como si fuera poca la zozobra que producen la emergencia sanitaria y las dificultades de atención médica, se han dado casos de estigmatización a posibles infectados con el virus del COVID-19, «ocasionando situaciones de desplazamiento forzado a población migrante proveniente de Venezuela, casos de racismo a población indígena, declaración como objetivo de mal denominadas acciones de ‘limpieza social’ a contagiados y un posible distanciamiento social, por parte de las comunidades de Fonseca (La Guajira), a las personas en proceso de reincorporación del ETCR de Pondores».

Los departamentos con más riesgos advertidos fueron Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Bolívar, Norte de Santander y Cauca. A pesar de que en Tolima, Arauca, Bogotá D.C., Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, Cesar, Sucre y Caldas se emitieron menos Alertas Tempranas, también se dieron afectaciones por el conflicto armado y otras formas de violencia.

Adicional a ello, realiza una caracterización actual sobre los grupos armados que azotan en medio de la pandemia del COVID-19.

 Disidencias de las FARC

«En algunos lugares, como la Orinoquía y la Amazonía colombiana, estas ejercen control hegemónico o coexisten con otros actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en zonas que previamente fueron influencia de las FARC-EP. Sin embargo, en regiones como el Andén Pacífico, noroccidente, norte y nororiente del país, estas facciones, algunas con mayor o menor capacidad armada, se encuentran en disputa con otros actores armados, como los grupos sucesores del paramilitarismo”, indica la alerta temprana.

Sobre la Nueva Marquetalia, grupo creado por ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y otros exjefes de las antiguas FARC que participaron en las negociaciones de paz en Cuba, que pretende agrupar a diferentes disidencias bajo un sólo mando, plantea que «ha conllevado también tensiones al interior de otras facciones disidentes, por cuenta de su pretensión de lograr su adhesión. Esta situación ha propiciado rupturas internas entre algunas facciones disidentes, alianzas, y factibles disputas entre sí».

Resalta que el accionar de esas estructuras se concentra en zonas rurales, donde emplean acciones bélicas con artefactos explosivos, sostienen enfrentamientos, reclutan niños, niñas y adolescentes, instalan minas antipersonales y explosivos ‘hechizos’. También cuenta con presencia en entornos urbanos.

 ELN

«Particularmente en el nororiente del país y la Orinoquía, este actor ha fortalecido su accionar, sirviéndose de las dinámicas de frontera porosa con Venezuela, donde existen brechas de presencia institucional por parte de los gobiernos de ambos países. En algunos sectores de estas regiones, el ELN coexiste con facciones disidentes de las FARC-EP; no obstante, en otras zonas del país como el andén Pacífico o el Catatumbo, este grupo libra disputas por el territorio con las AGC, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y algunas facciones disidentes de las FARC-EP», describe el documento.

Entre su accionar alerta por el reclutamiento de menores de edad, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes, la instalación de minas antipersonal, atentados a infraestructura energética, asesinatos selectivos, amenazas, desplazamientos masivos, confinamientos y cobro de extorsiones.

Sucesores del paramilitarismo

Bajo esa categoría han sido clasificados los múltiples grupos que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), ocurrida entre 2003 y 2006, tras las negociaciones que su cúpula sostuvo con el entonces presidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Como el ELN también continúan en su carrera de expansión hacia los territorios que anteriormente fueron dominados por las FARC y consolidando su poder en las regiones que anteriormente controlaban las AUC.

«Grupos como las autodenominadas AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), continúan expandiendo y/o consolidando su control en algunos sectores del Andén Pacífico, Caribe y Nororiente del país; en estos sectores, también han emprendido disputas por el control del territorio con el ELN y facciones disidentes de las FARC-EP», señala la Alerta Temprana.

Sobre otros grupos como Los Rastrojos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Bloque Virgilio Peralta Arenas (‘Caparrapos’), los Puntilleros-Bloque Meta / Libertadores del Vichada, Cordillera, entre otros, con presencia regional, el SAT identifica que continúan su accionar violento por medio de amenazas, homicidios selectivos, masacres, desapariciones forzadas, control de rentas ilegales como préstamos gota a gota, la minería ilegal, contrabando, trata de personas y prostitución forzada.

 Crimen organizado

La presencia de los carteles mexicanos aclara que no se les atribuye a estas estructuras dominio territorial o poblacional, pero se les endilgan hechos de «violencia ejemplarizante» en contra de la población, por medio de amenazas y homicidios mediados por tortura.

Por último, el documento se refiere a las estructuras de crimen organizado de alcance binacional. De ellas destaca «la influencia de actores ilegales provenientes de países vecinos, en las zonas de frontera con Colombia, con intereses en el manejo de economías ilegales como el contrabando, explotación de minerales, la trata de personas, explotación sexual, entre otras. Su accionar violento suele afectar especialmente a grupos indígenas y comunidades campesinas».

En la Colombia profunda la cuarentena es a otro precio y la imponen los grupos armados ilegales, ante el histórico abandono estatal en el que ha estado aislada de manera obligatoria y sin implementar medidas de prevención.

Los desplazamientos en las diferentes regiones de Colombia, continúan mientras el gobierno se hace el desentendido.

La Guardia Indígena está compuesta por hombres, mujeres. Pertenecer a la Guardia no es un trabajo remunerado, todo aquel que se une lo hace por convicción y creencia en sus raíces indígenas, además del querer defender y preservar su cultura. No utilizan las armas, tan solo utilizan un bastón de mando que tiene valor simbólico y moral.

La guerrilla del ELN se propuso la recomposición militar y política, pues luego del debilitamiento producto de la arremetida paramilitar a finales de los 90.

Las llamadas disidencias estructuras de las FARC siguen vivas con más de 2.000 hombres en armas.

El paramilitarismo que se encuentra en pleno funcionamiento abarca dirigentes políticos, líderes económicos y el propio crimen organizado se han servido de este instrumento para conseguir el poder, expandirlo y afianzarse en él, infiltrándose en todos los estamentos del estado.

Los carteles de la droga mexicanos Sinaloa, los Zetas y Jalisco Nueva Generación iniciaron su incursión a suelo colombiano para tomar el mando de estas regiones cocaleras y de las rutas de envío de droga hacia el exterior.