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Sahagún: DÓNDE HACER PERIODISMO ES ECHARSE LA SOGA AL CUELLO

Con el valor de los reporteros que en Córdoba deciden crear opciones de información alejadas de la pauta oficial de las administraciones, durante casi tres años.

 

 

Una voz del periodismo en Córdoba fue silenciada por el poder. Sahagún, cuna de políticos, empresarios y contratistas en líos con la justicia, fue el escenario en el que el ejercicio de contrapoder de los medios de comunicación perdió otra batalla ante los que llevan años ostentando la autoridad en esa región. Allí, ser periodista es un trabajo riesgoso.

 

«¿Usted sabe cómo se mueren los sapos?», fue la advertencia que una voz desconocida le hizo al periodista Gerson Gil, director del portal Sahagún 180 Grados, a finales de junio en una llamada telefónica. Asustado, recordó lo ocurrido dos años atrás cuando un hombre, con pistola al cinto y cerca de su vivienda, lo amedrenta para que detuviera sus investigaciones.

Aquella vez, en 2018, indagaba posibles irregularidades en la construcción de la sede de la Universidad de Córdoba en ese municipio. Dicho proyecto, iniciado en diciembre de 2015 y que aún no ha sido entregado oficialmente, tuvo dos suspensiones y dos prórrogas en el tiempo de ejecución, que cambió de 18 a 24 meses, y en el valor, pasó de 16.800 millones a 20.600 millones de pesos.

Y este año, con el olfato de un sabueso, había empezado a investigar presuntos sobrecostos en la compra de uniformes por parte de la Alcaldía de Sahagún.

Con el valor de los reporteros que en Córdoba deciden crear opciones de información alejadas de la pauta oficial de las administraciones, durante casi tres años Gil había soportado que a sus redes sociales y las de su medio llegarán improperios, intimidaciones y amenazas de personas que, refugiadas cobardemente en el anonimato de internet, veían en él a un enemigo del municipio. «Quería darle un giro a la forma en la que se informa en Sahagún, para hacerlo de manera independiente», dijo Gil a La Liga.

Sin embargo, tras la última amenaza recibida y con el miedo de no tener garantías para continuar su labor, decidió cerrar la página de Facebook donde funcionaba su medio.«He pensado que no concibo seguir ejerciendo un trabajo coaccionado por lo que pueda o no pueda decir […] No somos un medio de oposición, ni de ataque, decimos lo bueno y lo malo, pero en Sahagún el que opina diferente recibe ataques”, aseguró el reportero a El Universal. La de Gil no es una historia aislada, otros reporteros en ese departamento han pasado por situaciones similares.

Sede de la Universidad de Córdoba en Sahagún. Su construcción inició en 2015 y no ha sido entregada. Crédito: La Liga Contra el Silencio.

SEDE DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN SAHAGÚN. SU CONSTRUCCIÓN INICIÓ EN 2015 Y NO HA SIDO ENTREGADA. CRÉDITO: LA LIGA CONTRA EL SILENCIO.

Otro periodista de Sahagún, a quien protegemos su identidad, lleva 20 años investigando y poniendo en evidencia los hilos del poder en el municipio. Su trabajo ha revelado casos de corrupción que han involucrado a algunos líderes influyentes de la región que hoy están presos por corrupción. El reportero tuvo que dejar su pueblo por varios meses debido a que sufrió un atentado. En la fachada de su casa aún permanece el rastro de la violencia. «Todavía están en la puerta las marcas de los tiros. No las he quitado como para tenerlos de recuerdo», cuenta y se ríe de su suerte.

Esta situación, que refleja la cotidianidad de lo que viven los reporteros que se dedican a la investigación en ese departamento, resulta preocupante para el presidente del Círculo de Periodista de Córdoba, Orlando Benítez Quintero, pues, para él, esas situaciones son las consecuencia de que los políticos no admiten críticas. «Tenemos una cultura política donde no se admite una investigación periodística en profundidad, y cuando un periodista intenta señalar algún tema que toca alguna fibra de un político es declarado enemigo público de ese político», le dijo Benítez a La Liga.

El municipio de las jefaturas regionales

«No hay cosa mejor que tener poder, es mejor que tener plata», decía con frecuencia el fallecido exsenador y exgobernador de Córdoba, Jorge Ramón Elías Náder. Esas palabras se convirtieron en una consigna que los dirigentes de esa zona llevan en su ADN político.

A pesar de que Sahagún es un municipio de la sabana cordobesa, cuya población apenas supera los 90 mil habitantes, ha marcado récords y se ha quedado en la retina de analistas e investigadores por su capacidad de ser la incubadora de congresistas y empresarios que han terminado presos o en problemas judiciales por sonados escándalos de corrupción a nivel regional y nacional.

Desde mediados del siglo pasado hasta la fecha, 18 personas oriundas de esa antigua provincia ganadera han ocupado una curul en el Congreso, cuando hay departamentos enteros que en elecciones ni siquiera logran participación en esa corporación. Entre ellos están los exparlamentarios Bernardo «el Ñoño» Elías (condenado por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht), Musa Besaile (sindicado por el llamado «Cartel de la Toga») y Miguel Alfonso de la Espriella (condenado por parapolítica), por citar algunos ejemplos.

A esta lista se suman contratistas como Emilio Tapia, condenado por su participación en el entramado de corrupción conocido como «el carrusel de la contratación en Bogotá»; Otto Bula, exsenador y condenado lobbista de Odebrecht; y Gabriel Dumar, empresario y otrora socio político del «ñoño»   también condenado por los sobornos de la constructora brasileña.

Estas relaciones, que han trascendido del poderío regional al nacional, han sido documentadas y reconstruidas por la investigadora especialista en antropología política, Gloria Isabel Ocampo, en sus libros «Poderes regionales, clientelismo y Estado» y «¿Cuál Estado para cuál ciudadanía?». En estos, ha explicado cómo se ha construido el dominio político en Córdoba por medio de los lazos sociales, el parentesco y el clientelismo electoral.

En un aparte dedicado a Sahagún narra las relaciones de poder que allí se gestaron desde antes de que se conocieran a nivel nacional los fenómenos de Bernardo Elías y Musa Besaile, con familias acaudaladas y tradicionales como los Náder, los Bula y los De la Espriella. Según Ocampo, por la participación de estos linajes -algunos de origen árabe- en la política, «Sahagún ha sido descrito como un enclave de la diáspora sirio-libanesa».

«Era una gente que estableció un tipo de clientelismo que era muy eficaz en Córdoba, una ligazón muy fuerte con las localidades y la región. Por ejemplo, la trayectoria del «Ñoño» que, tras heredar el capital político de su tío (Jorge Elías Náder), logró posicionarse electoralmente a través de la repartición burocrática y de recursos públicos que se hacía a través de la política», aseguró Ocampo en entrevista con La Liga.

«Acá la gente nace escuchando de política. Aquí la política se hace desde los corredores, en las calles, en los parques y siempre la gente está en un bando. Desde la época en que tengo uso de razón, salieron a hacer política los grupos de los De la Espriella, Elías, Náder y de últimos, los Besaile», manifestó el periodista sahagunense a quien no identificamos.

ESTADIO ARMANDO TUIRÁN PATERNINA, INAUGURADO EN JUNIO DE 2016. UNA DE LAS OBRAS GESTIONADAS POR EL “ÑOÑO” ELÍAS Y MUSA BESAILE A TRAVÉS DEL FONADE DURANTE EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS. | CRÉDITO: LA LIGA CONTRA EL SILENCIO.

Las dotaciones de la censura

El último episodio de censura ocurrido en Sahagún toca al periodista Gerson Gil, quien al recibir esa llamada intimidatoria, decidió -por mera supervivencia- hacerle caso a las palabras del hombre que lo amenazó: detuvo la investigación que estaba llevando a cabo y cerró su página de Facebook.

El tema que no pudo publicar fue un contrato por 106.056.464 pesos para la dotación de uniformes para el personal docente administrativo del municipio que suscribió la Alcaldía de Sahagún.

A pesar de la emergencia económica por el coronavirus y de la necesidad de que los gobiernos locales, regionales y nacional sean austeros, el alcalde Jorge David Pastrana Sagre -electo en una coalición del Partido de la U y Cambio Radical- invirtió recursos en 202 dotaciones que dichos funcionarios no van a usar porque están trabajando desde casa. La administración justifica este gasto amparándose en darle cumplimiento a la Ley 70 de 1988 que establece que se debe entregar dotación a los empleados que devenguen menos de dos salarios mínimos.

El contrato 094 de 2020 tiene como objeto suministrar las dotaciones al personal administrativo docente, femenino y masculino, que presta sus servicios en las instituciones educativas oficiales de Sahagún y del personal administrativo del municipio. La indumentaria consta de un pantalón, una camisa y un par de zapatos.

Según la ficha técnica, estas se están entregando a 68 trabajadores en total, de los cuales 25 son del área administrativa docente y 43 del área administrativa. El suministro de dotaciones se empezó a entregar el 30 de mayo y continuará los próximos 30 de agosto y 20 de diciembre. La contratación establece que por cada uniforme se paga 525.032 pesos.

El proceso de convocatoria se hizo con algunos requerimientos específicos que limitaban la participación de empresas que no tuvieran su domicilio en Sahagún. En marzo de 2020 se pidió además que fuera una micro, pequeña o mediana empresa radicada en Sahagún, requisito que cumplía la Comercializadora y Distribuidora LD, representada legalmente por Yojana Almanza Brun, que ganó la licitación.

En sus cinco años de funcionamiento, dicha compañía ha celebrado 91 contratos con distintos colegios y alcaldías de Córdoba y Sucre a los que les ha vendido enfriadores, elementos de cocina, materiales de construcción, papeles, sillas y escritorios. Asimismo, lo ha hecho con las alcaldías de Tuchín, Montelíbano -a la que también le surtió uniformes-, Cereté, Momil, Chinú, Ciénaga de Oro, San Andrés de Sotavento y Purísima.

Esta empresa, que cuenta con un activo de unos 372 millones de pesos, está en capacidad de vender 258 productos diferentes, que van desde chocolates y arneses, hasta dispositivos informáticos de entrada de datos, equipos de rescate y bicicletas de motor (ver registro único de proponentes).

Su poder en la contratación pública en esta región ha llegado hasta municipios sucreños como San Marcos, La Unión, Caimito y San Benito Abad, además de varias instituciones educativas de ese departamento, con las que ha firmado contratos por montos que van desde siete hasta 150 millones de pesos.

La Alcaldía de Sahagún ya había contratado con la misma firma en los últimos meses de la administración del exalcalde Baldomero Villadiego (2016-2019) para entregar elementos didácticos y tecnológicos de preescolar en los colegios oficiales.

En la competencia por esta licitación estuvieron siete empresas. Entre ellas: Almacén Los Muchachos, Variedades El Punto del Bebé, Fundación para el Desarrollo Integral de la Comunidad, Fundación Labriegos por la Paz, Fratos Vélez S.A.S e Industrias SAB (las últimas cuatro de Montería).

No obstante, los requisitos exigidos por la Alcaldía fueron criticados por Crisalltex S.A (Almacenes Gino Pascalli) aduciendo que en el pliego de condiciones hay una evidente diferencia entre los indicadores que exige Colombia Eficiente y los que fijó el municipio de Sahagún. En sus observaciones al pliego de peticiones señalaron que ni siquiera en el estudio más grande a nivel nacional -en cuanto a proveedores de dotaciones, ropa de vestir y calzado- se han fijado parámetros iguales para ser aptos.

«Los indicadores antes anunciados son imposibles de cumplir por una empresa consolidada», resaltaron (ver documento). Aún así, no siguieron haciendo más objeciones cuando la administración estableció que debían ser empresas locales.

Sahagún Crédito: La Liga Contra el Silencio
DIECIOCHO PERSONAS ORIUNDAS DE SAHAGÚN HAN OCUPADO UNA CURUL EN EL CONGRESO CUANDO HAY DEPARTAMENTOS ENTEROS QUE EN ELECCIONES NI SIQUIERA LOGRAN PARTICIPACIÓN EN ESA CORPORACIÓN. | CRÉDITO: LA LIGA CONTRA EL SILENCIO.