Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.

La campaña Lidera la Vida, en la que participan doce entidades, ONG y medios de comunicación, lucha contra la estigmatización de los líderes sociales y por sensibilizar a los colombianos sobre el valor del trabajo que desarrollan estas personas en favor de sus comunidades.

 

 

 

José Navia

Colombia se enfrenta a una realidad trágica. Nunca antes el país había presenciado tantas muertes selectivas de dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y autoridades de pueblos afros e indígenas como las que enlutan al país por estas épocas.

Desde el 24 de noviembre de 2016, el día que el Gobierno colombiano y las FARC firmaron el acuerdo final para la dejación de las armas y la reintegración a la vida civil, las estadísticas de muerte siguen en aumento.

Incluso, mientras las partes dialogaban en La Habana, las amenazas y los crímenes de defensores del proceso paz ya comenzaban a marcar una inquietante alza en las cifras de NO violencia, especialmente en los territorios donde se había desarrollado la guerra durante los últimos 50 años.

Una muestra de esa situación es que, del 2014 al 2015, se reportó un incremento de 78 a 105 muertes, lo que significó un incremento del 35 por ciento, según un informe del diario El Espectador, basado en cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).

Para el 2016, la creciente cifra de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia llamó la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que manifestó su «profunda preocupación” por estos crímenes.

La mayor parte de los asesinatos eran cometidos por sicarios y, al parecer, luego de una labor de seguimiento a sus víctimas. Los mataban en sus casas, en sus sitios de trabajo, en los trayectos que recorren solos. También empezaron a circular panfletos amenazantes en diferentes regiones, especialmente Cauca, Valle, Putumayo, Caquetá, norte de Santander, Antioquia y parte de los Llanos orientales.

En el norte del departamento del Cauca, sobre todo, la violencia se ensañó contra los líderes indígenas del pueblo Nasa y del pueblo Afro. A mediados del 2016, un dirigente Nasa de Toribío, un pueblo incrustado en la cordillera y objeto de más de 600 ataques y hostigamientos por parte de las FARC, explicaba así la situación: «Antes de que empezaran los diálogos con las FARC, sabíamos con quién tratábamos, pero ahora no se sabe quiénes son ni qué quieren, hay varios grupos peleando por el territorio y los civiles quedamos en la mitad».

Uno tras otro, los líderes sociales continuaron cayendo, mientras el país seguía indiferente frente a esta situación y, en algunos casos, justificando las muertes por las actividades que las víctimas desarrollaban
contra la extracción ilícita de minerales, los cultivos ilícitos, las acciones de los grupos armados ilegales o por colaborar con las personas que reclamaban las tierras de las cuales habían sido despojados durante el conflicto.

Esta situación llamó la atención del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quién, luego de una intensa labor, lanzó, el 14 de junio de 2017 la Directiva 002, trabaja con las organizaciones. El principal objetivo de esta directiva es servir de «escudo legal protector de los defensores de derechos humanos contra la estigmatización, la deslegitimación, los abusos de los funcionarios públicos y la impunidad en los graves casos de violación de derechos humanos” y de llamar a la acción para su protección.

Como desarrollo de esta orientación, nació la idea de realizar una campaña nacional para visibilizar la labor de los líderes sociales. Se buscaba, de esa manera, disminuir las estigmatizaciones que algunos sectores lanzan contra los líderes sociales y crear conciencia sobre el valor que estos representan para la democracia y para la sociedad.

Por un futuro distinto Es claro que los efectos del asesinato de un líder social son devastadores para una comunidad. Cada líder, en su marco muy particular, representa a una comunidad: a mujeres, a niños y a jóvenes, a defensores de derechos humanos, a ambientalistas, a reclamantes de tierra, a un grupo afro o indígena.

«Si nosotros logramos movilizar al país, alrededor de la reconciliación y alrededor de la defensa de los derechos, que es lo que han buscado los líderes sociales que han ofrendado su vida, vamos a construir un futuro distinto. No podemos aportar a la muerte, hay procesos históricos de reivindicación de derechos que nos necesitan», anunció el Procurador General de la Nación durante una charla con periodistas.

En medio de ese panorama comenzó a tomar forma en la Procuraduría General de la Nación, Lidera la Vida, una iniciativa que tiene como objetivo ayudar a proteger a aquellas personas que desempeñan un papel de liderazgo en su comunidad y de decirles que no están solos.

La campaña, además, es un espacio independiente, pero complementario del trabajo que la Procuraduría General de la Nación realiza en las Mesas por la Vida en Apartadó, Carmen de Bolívar,
Soacha, Catatumbo y Cali, donde líderes de diferentes sectores expusieron ante instancias nacionales e internacionales las problemáticas que los «A los líderes los están matando porque incomodan a los poderosos»  afectan, trazaron líneas de trabajo, intercambiaron ideas y fortalecieron el contacto institucional.

Diez organizaciones se unieron a esta valiosa tarea que promovía la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Desde el sector social llegaron la Organización Nacional Indígena de  Colombia (Onic); la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y Pastoral Social-Cáritas Colombia.

Desde entonces, Lidera la vida enfatiza su actividad en sensibilizar a los colombianos sobre el papel que cumplen los líderes sociales y en disminuir la estigmatización de la cual son víctimas en un país donde, debido al conflicto, a la polarización política, cualquier forma de protesta es vista con sospecha y muchas veces es objeto de fuertes calificativos y amenazas.

El apoyo de los medios de comunicación fue fundamental desde el comienzo de la campaña. La Procuraduría General de la Nación busca reducir la estigmatización de los líderes sociales y que estos puedan ejercer su labor comunitaria y su derecho a la protesta sin que sean sometidos amenazas  o ataques.

Tres grandes foros, comerciales de TV y radio, murales y redes sociales hacen parte del trabajo presentado en el segundo semestre de 2019, el cual, directa o indirectamente, ha impactado en más de 5 millones de personas en todas las regiones del país.

¡Ustedes no están solos!

Aunque ya se habían realizado importantes actividades, estigmatización de los líderes y lideresas, reconocer la importancia de los liderazgos sociales para la democracia del país, decirle al mundo que estamos trabajando en equipo para rodear a los nuestros.«¡Ustedes no están solos!», dijo un funcionario de la Procuraduría  General de la Nación,  durante la ceremonia de lanzamiento.

En un conversatorio con cinco lideresas: Juana Alicia Ortiz, de las Tejedoras de Mampuján; Saida Elí Artuz, de la Organización Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc); Mayerlis Angarita, de Narrar para Vivir; Dayana Urzola Domicó, de la Organización Nacional Indígena de Colombia y Gregoria María Arrieta, de Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas).

«Nos cuesta años formar a un líder ¡debemos cuidarlos!» la campaña se lanzó el primero de agosto de 2019 en Montería, Córdoba, una región afectada por las acciones de grupos guerrilleros, inicialmente, y, luego, por grupos paramilitares, algunos de los cuales siguen en la región, según la denuncia de algunos líderes.

Precisamente, durante la época en que se lanzó la campaña, un periódico regional, que citó como fuente a la Fundación Social Cordoberxia, denunció que treinta líderes habían sido asesinados en los dos últimos años.

Un mes antes, los enviados especiales del diario El espectador a Tierralta, un municipio ubicado a unos noventa kilómetros de Montería y donde fue asesinada la líder María del Pilar Hurtado, habían denunciado: «Los paramilitares siempre han estado y nunca se han ido de ningún municipio del sur de
Córdoba», «Aquí siguen mandando los paramilitares», son algunas de las frases que salieron en las conversaciones.

Se refieren a que cada cosa que se haga o se quiera hacer, primero debe ser consultada con el único grupo armado ilegal del que se tiene conocimiento en Tierralta:  «Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). A ellos mismos se les paga y se les ponen quejas. Es decir, son la autoridad».

En medio de este panorama se realizó el lanzamiento de la campaña. «El propósito de Liderar La Vida es acabar con la Las lideresas hablaron de qué significa ser líder en sus respectivos contextos  comunitarios y familiares, cómo nació su liderazgo, cuáles son los obstáculos para su labor y qué
importancia tienen para el liderazgo comunitario campañas como Lidera la Vida».

Mayerlis Angarita, de la organización Narrar para Vivir, de los Montes de María, contó que le ha tocado vivir «cuatro ataques, cuatro atentados. Fue aquí en Montería donde desapareció mi mamá. Pero esa
es la capacidad de liderazgo que tenemos, no nos dejamos vencer».

Dayana Urzola Domicó de la Onic invitó a los pueblos indígenas «a que nos acompañen a liderar la vida, desde un enfoque étnico, nosotros tenemos nuestra Guardia Indígena, quienes son los guardianes del territorio, acompáñennos a cuidar la vida…Somos lideresas desde el vientre, desde el pensamiento y desde el caminar de la palabra, como lo hacemos los pueblos indígenas en Colombia».
La defensa de los líderes no se hace con chalecos, se hace creando garantías para ejercer los derechos
de todos, creando condiciones para que todos podamos decir lo que pensamos».

El director ejecutivo de Reconciliación Colombia, Sergio Guarín, dejó una frase para los más de 350 asistentes al lanzamiento: «Los líderes sociales incomodan porque van en contra de los intereses particulares y defienden los derechos de las comunidades. A los líderes los están matando porque incomodan a los poderosos».

Carolina Mosquera, de Sisma Mujer, lanzó una advertencia sobre un problema que afecta a las mujeres que deciden tomar la vocería y la representación de su comunidad: «Muchas veces no se reconoce el liderazgo de las mujeres y se demerita su alta exposición al riesgo».

Uno de los trabajos más importantes desarrollados en la campaña es la vinculación de artistas. A la capital de Córdoba llegó la cantante Adriana Lucía, quien habló de una faceta que pocas veces se toca en los medios de comunicación: «A muchos artistas que pertenecen a la industria de la música les da miedo pelear. El proceso de paz pasó para los artistas de agache». La artista agregó: «Tenemos que desarmar el lenguaje, así vengamos de lugares diferentes y tengamos algunos privilegios. Hay que asumir el papel de líderes que tenemos los artistas, dejar el miedo». Y concluyó: «A la gente sí la matan por buena. Por eso uso mi voz para solidarizarme con esos buenos líderes, visibilizar su trabajo y su lucha».

Por esa razón, la Procuraduría General resalta que «el lenguaje de los derechos humanos puede ser muy potente. En algunos contextos puede servir para destruir, mientras que en otros puede servir para construir. Utilizar de forma estratégica el lenguaje es una forma de respeto a los derechos humanos y de forjar el futuro».

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