A Ciénaga del Opón se llega por un caño que transcurre en medio de una vegetación densa donde se alcanzan a ver micos, iguanas y babillas.

 

 

Los habitantes de Ciénaga del Opón, esperan del Estado que les cumpla con la reparación colectiva, por haber sido víctimas del conflicto armado.

 

 

 

 

 

 

José Navia

A Ciénaga del Opón se llega por un caño que transcurre en medio de una vegetación densa donde se alcanzan a ver micos, iguanas y babillas. A veces, una garza blanca levanta vuelo sobre las aguas repletas de peces.

Las embarcaciones de pasajeros que van para este corregimiento salen del puerto de Barrancabermeja. Viajan cerca de hora y media río arriba, por el Magdalena, hasta encontrar la desembocadura de aquel caño paradisíaco por donde navegan los últimos cuarenta minutos.

También hay una carretera, pero no hay servicio de transporte de pasajeros ni de carga. Es más rápido y cómodo transportarse por agua que enfrentarse a una vía cuyos últimos 32 kilómetros son, en realidad, una trocha insufrible.

Por eso, los pobladores rezan durante el verano para que la sequía no agote el agua y no aparezcan los bancos de arena que, en las épocas más críticas, hacen encallar las embarcaciones y dejan incomunicados a los cienagueros o a merced de la trocha polvorienta.

En la década de los 30, cuando llegaron los primeros pobladores a la Ciénaga, comenzó la historia de abandono del Estado frente a las comunidades de este corregimiento de Barrancabermeja. En los años 70 se conformaron las juntas de acción comunal de la Ciénaga de Opón, se delimitaron las veredas y muchas personas como uno de los protagonistas de esta historia, a quien llamaremos Jorge, llegaron desde sitios como Papayal, en el Sur de Bolívar, con la ilusión de trabajar y vivir tranquilo.

A sus 64 años él recuerda con claridad que  llegó en el 73 a una comunidad donde se podía convivir, pescar y cultivar para darle de comer a su familia, pero que las cosas cambiaron desde 1982. La zona se fue descomponiendo porque aparecieron los grupos armados al margen de la ley. No llegaron detrás del ganado ni del petróleo, como muchos pensaron, sino de lo que significaba este sector para el tráfico de sustancias ilícitas: «Ellos cogieron la zona como un corredor vial que comunica al sur de Bolívar, Antioquia y Santander; un corredor que tenían para ocultar sus drogas, ocultar sus armamentos u otras actividades que ellos realizaban. Se les hacía fácil porque había muy poca presencia del Estado, de la ley».

Éxodo y retorno

En el año 2 000 algunos pobladores no soportaron más el azote de los armados e iniciaron un desplazamiento hacia Barrancabermeja. Pero la vida por fuera de su terruño, sin mayores posibilidades laborales los hizo pensar en el regreso.

Sin embargo, esta intención se frustró en febrero de 2002, con la desaparición del inspector de policía de Ciénaga, Manuel Francisco Navarro, quien lideraba el proceso de retorno.

Un grupo de hombres se lo llevó cuando compraba pescado en el sector de La Rampla, en Barrancabermeja. Los operativos policiales para dar con el inspector fueron infructuosos.

Jamás volvió. Y las 136 familias debieron seguir hacinadas en las instalaciones de la antigua Normal de Señoritas de esa cabecera municipal, sin mayor atención de las entidades gubernamentales.

«Yo resistí un buen tiempo, porque a mí no me habían tocado todavía porque la verdad yo soy una persona que siempre me he mantenido al margen de las cosas”, recuerda Jorge. Sin embargo, él también huyó luego de que lo sacaron de su casa a las cuatro de la mañana: «Cuando yo vi que verdaderamente me iban a asesinar, pues cogí valor y corrí, y me hicieron algunos disparos, me hirieron
en una mano, y bueno pues gracias a Dios puedo estar contando el cuento y ahí fue donde ya se puso invivible la zona».

Luego de seis años intentando rehacer su vida en Barracabermeja decidió volver al corregimiento: «Cuando uno ya llega a los cincuenta, a los sesenta, ya no le dan trabajo a ninguno en ninguna parte, entonces uno mira que su hábitat no es Barranca o la ciudad, su hábitat es el campo a donde vivió la mayor parte de su vida, y a donde se consigue el mejor vivir para poder alimentar a los suyos».

Bajo su responsabilidad y con la incertidumbre de lo que sucedería a su regreso volvió en 2006, y aunque su hogar no era el mismo, ya nadie se metía con  él. Sin embargo, a otras familias Ciénaga del Opón es un paraíso donde sus habitantes quieren vivir de nuevo en paz y ser escuchados por el Gobierno.

Sin embargo, a otras familias  que retornaron por la misma época sí les tocó convivir con el paramilitarismo. Recuerda que los muchachos, entre los 14 y 17 años, tenían que ir a hacer guardia para los paramilitares.

Hoy, 13 años después, no niega que pasen combos armados. Muchas veces no saben quiénes son, y, al fin y al cabo, no les interesa siempre que no se metan con la comunidad. Luego de la muerte del inspector de policía no volvió a haber titular durante mucho tiempo, y si lo hubieran nombrado no hubiera tenido donde despachar; además, si alguien se enfermaba debía iniciar un periplo por agua o por tierra, porque en el caserío no contaban con médico o enfermera que quisiera desplazarse por los costos de los trayectos ni los sueldos ofrecido.

Llega la Procuraduría General de la Nación En medio de ese panorama corrían los años de las comunidades retornadas a la Ciénaga del Opón. Entre el 2002 y el 2017 se sintieron detenidos en el tiempo a pesar de que lograron ser incluidos, en el 2014, como sujetos de reparación colectiva en el Registro Único de Víctimas.

Esto había ocurrido gracias a que, en el 2004,la Corte Constitucional, luego de constatar la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada del país, declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento. Determinó que no había concordancia entre la gravedad de la situación, los recursos destinados por las entidades del Estado para asegurar los derechos de las víctimas y la capacidad institucional para implementar el mandato constitucional.

De modo que trece años después, en el 2017, la misma Corte Constitucional resolvió verificar que las entidades públicas estuvieran adoptando las medidas necesarias para asegurar los derechos de las personas víctimas, y exhortó a la Procuraduría para que acompañara a los funcionarios de la Sala Especial de esa Corte en la tarea de recoger la información que consideraran relevante para establecer si se estaba cumpliendo o no con la sentencia.

La Procuraduría, que desde la posesión de Fernando Carrillo Flórez como Procurador General de la Nación había desplegado todos sus esfuerzos en las regiones bajo el lema «Con los ‘Pies en el territorio», acompañó a la Corte en ese propósito.

Recorrieron Altos de Cazucá y Altos de la Florida, en Soacha; la costa Pacífica nariñense; el bajo Atrato, el alto, bajo y medio Baudó, Juradó, Bahía Solano y Nuquí, en el Chocó; la zona de la Gabarra, en Norte de Santander, y el Magdalena Medio, en la parte de Santander y Bolívar.

Los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación debían identificar las comunidades en mayor estado de vulnerabilidad, rendir un informe e iniciar las actuaciones que fueran necesarias para garantizar que a las personas víctimas del conflicto se les restituyeran sus derechos y pudieran continuar con su vida dignamente.

En su recorrido por el Magdalena Medio, luego de comprobar la situación de la Ciénaga del Opón, la Procuraduría General de la Nación decidió revisar en detalle lo que estaba sucediendo con las víctimas de este corregimiento que habían sido incluidas en el Registro Único de Víctimas como Sujetos de Reparación Colectiva, desde el 2014, y que tenían un Plan Integral de Reparación Colectiva, aprobado desde 2015, pero sin mayores avances. Mientras la presencia de los funcionarios del Ministerio Público generaba gran expectativa «Entre más se adentraban en el corregimiento más problemas identificaban» en las comunidades, las autoridades locales y territoriales divagaban entre la preocupación y el entusiasmo porque, si bien era posible que la Procuraduría General iniciara un proceso disciplinario por los incumplimientos, también lo era que esa entidad se pusiera la camiseta e impulsara el proceso.

Entre más se adentraban en el corregimiento más problemas identificaban. Si un niño, un adulto o un anciano enfermaban, no había posibilidad de acceder a enfermería o atención médica porque no había profesionales dispuestos para la Ciénaga, y el sitio destinado para el puesto de salud contaba, como única dotación, con una camilla en malas condiciones.

En cuanto a la situación de seguridad, los pobladores señalaron la inexistencia de fuerza pública que garantizara su protección, y que, frente a los robos de los motores de las lanchas del corregimiento, la Policía les había dicho que por ser un tema fluvial no era jurisdicción de ellos, sino de la Armada, que tampoco hacía recorridos por el río Magdalena ni por la Ciénaga. Adicionalmente, desde la desaparición del inspector de policía no había llegado su reemplazo ni se había destinado un lugar para despachar.

Encontraron que dos años después de que la Unidad para las Víctimas hubiera aprobado el Plan Integral de Reparación Colectiva todavía había acciones previstas sin cumplirse, como la reconstrucción del puente, la entrega de lanchas a motor y la construcción de un monumento.

Renace la esperanza Como la situación no daba espera, al día siguiente la Procuraduría General de la Nación acudió a la alcaldía de Barrancabermeja donde, a pesar del importante número de papeles que
soportaban las acciones, paradójicamente el Ministerio Público no pudo identificar un funcionario que hubiera ido a la Ciénaga en tiempos recientes para comprobar lo que estaba sucediendo y, si en verdad, lo que decían los informes se había traducido en acciones reales.

La Procuraduría pidió a la Agencia agilizar el trámite de revisión, teniendo en cuenta que en este momento el municipio dispone de aproximadamente 120 millones para realizar obras de infraestructura que beneficiarán a la comunidad. Tan pronto la Agencia legalice los predios el municipio podrá iniciar la
construcción.

Para Jorge, creer en el Estado y confiar en los funcionarios públicos no ha sido tarea fácil; sin embargo, ha visto resultados: «Nosotros durábamos hasta un año sin podernos comunicar, más concretamente con la Unidad para las Víctimas que era nuestro enlace en este proceso».

En la actualidad, el cumplimiento de las treinta medidas acordadas en el Plan Integral de Reparación Colectiva para las veredas de Los Ñeques, La Colorada y La Florida, en la Ciénaga del Opón, cuenta con vigilancia y control permanente de la Procuraduría que, en 2019, además de la coordinación que lleva desde Bogotá, asignó a un funcionario en territorio para que haga directo acompañamiento a los avances y a la restitución de los derechos de esta comunidad.

Con el funcionario de la Procuraduría que refuerza el trabajo en territorio, los cienagueros han hecho buenas migas: es una persona dispuesta, dice Jorge mientras trata de recordar su nombre completo: «siempre que lo necesito, ahí está; siempre que le hago una consulta, ahí está. Permanece siempre alerta. Entonces, eso nos ha mejorado mucho, mucho… Hay que tener paciencia, yo siempre digo, las cosas tarde o temprano llegan, a destiempo, pero llegan».

Campesinos que son victimas de la violencia conviven con la miseria.Ciénaga del Opón es un paraíso donde sus habitantes quieren vivir de nuevo en paz y ser escuchados por el Gobierno. Los desplazados por la violencia deben vivir en condiciones infrahumanas. Foto Julián Castaño.