Los ambientalistas asesinados son personas comunes y corrientes que intentan proteger sus hogares y formas de vida, y defienden la salud de nuestro planeta.

 

 

 

Aquellos líderes que defienden su territorio y el medio ambiente están siendo silenciados. Un estudio señala que se trata de personas que intentan proteger sus hogares, sus formas de vida, y defienden la salud del planeta.

 

 

 

José  Navia

Orbedatos

 

Año tras año, desde el 2016, Colombia mantiene un lugar deshonroso en las estadísticas mundiales de líderes ambientales asesinados. En el 2018 ocupó el segundo lugar, según el último informe de la organización Global Witness, que sitúa a Filipinas en primer lugar, con 30 crímenes. Según estas cifras, Colombia tiene el primer lugar en América Latina en cantidad de homicidios de defensores del medio ambiente.

En Colombia, señala el informe, mataron a 24 ambientalistas durante el 2018. Lo siguen India con 23 y Brasil, con 20. Las muertes ocurren en casi todo el planeta. «Aquellas personas que defienden su territorio y nuestro medio ambiente están siendo silenciadas. En promedio, más de tres personas defensoras fueron asesinadas (en el mundo) cada semana durante 2018, mediante ataques motivados por sectores destructivos, como minería, industria maderera y agroindustria», afirma el documento.

En el 2016, Global Witness (una organización europea que lleva el registro de ambientalistas asesinados y amenazados), reseñó 37 homicidios en Colombia, con lo cual el país se ubicó en el segundo lugar. Al año siguiente, las muertes disminuyeron a 24 y Colombia ocupó el tercer lugar en el planeta.

«Más de la mitad de los asesinatos ocurridos en 2018 ocurrieron en América Latina. Desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos en 2012, este ha sido el continente más afectado de manera constante. Un factor que contribuye es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos que existe en la región», señala la organización.

El informe más reciente de Global Witness asegura que «innumerables personas fueron  amenazadas, detenidas o encarceladas por atreverse a enfrentar a gobiernos o empresas, que buscaban obtener ganancias a costa de sus tierras».

En su opinión «se trata de personas comunes y corrientes que intentan proteger sus hogares y formas de vida, y defienden la salud de nuestro planeta. A menudo son despojadas violentamente de sus tierras, para que otros produzcan bienes, que son usados y consumidos todos los días alrededor del mundo, en forma de alimentos, teléfonos celulares o joyería».

Global Witness cita el caso ocurrido en febrero de 2018, con el líder indígena del norte del Cauca, Enrique Fernández, a quien, después de tres amenazas.  Global Witness cita el caso ocurrido en febrero de 2018, con el líder indígena del norte del Cauca, Enrique Fernández, a quien, después de tres amenazas le colocaron una bomba en la puerta de su casa una vereda del municipio de Caloto. El artefacto fue descubierto en la mañana por una hija del dirigente Nasa y posteriormente fue desactivado.

«Te salvaste hijo de perra del regalito que te dejamos en El Alto, pero ahora sí no te vas a escapar. Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo», le dijo por teléfono un hombre que se identificó como miembro del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), informó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.

«El fértil suelo del Cauca y los ricos yacimientos de oro suelen provocar fuertes conflictos por la tierra; pero éstos se han intensificado en los últimos años, a medida que los paramilitares y las bandas criminales ingresan a tierras  ocupadas por grupos irregulares», afirma Global Witness.

Un panorama complejo El asesinato de líderes sociales es un problema que no tiene un inicio claro en Colombia y ha persistido, pero, después de la firma del acuerdo final para poner fin al conflicto armado con las FARC, se han disparado. La lucha entre grupos armados ilegales por el dominio de la tierra, para la siembra de cultivos ilícitos y el despojo campesino; brinda resultados de desplazamientos en el país y violencia sistemática en especial contra la población rural.

¿Quiénes están generando este fenómeno? Por información proveniente de la Defensoría del Pueblo, de los líderes sociales, de ONG y de organizaciones indígenas y campesinas, existe un complejo  panorama del cual forman parte los sucesores de los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Pelusos o EPL, el ELN, las disidencias de las FARC, los grupos y bandas criminales como los Puntilleros. Y para agravar aún más este panorama, en el 2019 comenzaron a aparecer en el Cauca panfletos de un grupo que firma como Cartel de Sinaloa, el cual se atribuye la muerte de varios indígenas y amenaza de muerte a las autoridades tradicionales de los resguardos que se oponen a los cultivos ilícitos, especialmente a la Guardia Indígena.

Según la Defensoría del Pueblo, las zonas más afectadas por este fenómeno son el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, todo el andén Pacífico y en especial Cauca, Nariño y Valle, la zona del Meta y Guaviare, en los Llanos Orientales, y los municipios de Monte Líbano, San José de Uré y Tierra Alta, en el departamento de Córdoba.

¿Por qué los matan?

La Comisión Colombiana de Juristas, aunque no afirma que existe un vínculo causal entre explotación de recursos y atentados, en estudio reciente ha identificado la oposición del modelo de desarrollo económico extractivo y de gran infraestructura, como una razón y correlación plausible que ha exacerbado los conflictos ambientales en el país. Las irregularidades en la entrega de terrenos para la exploración, la militarización de las actividades, la ausencia de participación en la disposición del uso del suelo y subsuelo, han consolidado un escenario de riesgo para los defensores de otras visiones de desarrollo.

Los pueblos indígenas, por ejemplo, se han opuesto en diferentes partes del país a modelos de desarrollos que alteran el cauce de ríos y quebradas o afectan de manera drástica las características naturales de su territorio o anulan el uso ancestral de ciertos espacios con fines rituales.

«No es que los indígenas no tengamos un modelo de desarrollo. Sí lo tenemos, pero para nosotros desarrollo significa que haya más árboles en el territorio, que haya más monte, porque de esa forma también habrá más agua, más especies de plantas y de animales», explicaba un mamo (guía espiritual) del resguardo kogui-malayo-arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Esa manera de ver el mundo ha enfrentado a los indígenas con visiones opuestas y los ha hecho víctimas de señalamientos y estigmatizaciones, incluso a través de redes sociales, en las cuales se les cuestiona, por ejemplo, que «para que quieren tierra si no la cultivan» o se los señala como perezosos o se los califica de enemigos del desarrollo.

Además de las presiones y amenazas que se derivan de actividades extractivas o de algunos mega proyectos, los líderes ambientales también se oponen al uso del territorio para actividades relacionadas
con el tráfico de marihuana y pasta de coca.

No es oculto que las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico son escenarios densos, donde el control territorial, contrario a ser retomado por el Estado después de la firma del acuerdo final para la paz, siguió en manos de grupos que han atacado las alternativas de sustitución voluntaria de cultivos
firmadas por campesinos que, además, de apostar por la alternativa legal, defienden el territorio de las extensas deforestaciones y erosión que trae la coca.

Según el informe de Global Witness, en el 2017, «el 40% de las personas asesinadas eran indígenas» y, por falta de procesamientos judiciales no se han identificado los responsables, llevando a que en Colombia exista una aterradora impunidad en los casos de asesinatos de líderes ambientales, lo cual
alimenta la violencia contra este grupo de defensores de derechos humanos.

Se ha dado el fenómeno de amenazas a funcionarios de Parques Nacionales Naturales (PNN), quienes,
como autoridad ambiental, se enfrentan a múltiples problemáticas en defensa del patrimonio natural, poniendo en riesgo sus vidas debido a la falta de garantías para su seguridad.

Ejemplo de ello son los once casos de muerte de funcionarios de Parques Nacionales Naturales en la última década. Lo anterior demuestra que las estrategias actuales de protección a líderes ambientales
son deficientes, o no son dirigidas a reconocer el problema, por lo que debe adecuarse al estándar internacional de protección, conforme a los parámetros de democracia participativa, acceso a  información y justicia ambiental

En Colombia matan los ambientalistas

Algunos medios periodísticos, como Mongabay Latam, un portal que se define como «periodismo ambiental independiente», destacaron el caso del presidente de la Asociación de Apicultores del Cesar, Aldemar Parra García, asesinado a principios de ese año.

«A Aldemar lo mataron entrando a La Loma (corregimiento de El Paso Cesar, al norte de Colombia), él venía en su moto y un par de sicarios le pegaron dos disparos en la cabeza, así murió asesinado mi sobrino», dice el portal periodístico, que cita a un familiar de la víctima.

«Como la mayoría de los casos, no se ha podido establecer quién lo mató y por qué lo hizo.  Lo que se sabe, por ejemplo, es que en el 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó que las empresas mineras, que operaban en la zona, se encarguen de la re-ubicación de las 190 familias asentadas en las tres comunidades. La institución ambiental señaló en ese momento que los habitantes estaban expuestos a altos niveles de contaminación, que sobrepasaban los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud y las normas internas del país», agrega Mongabay Latam.

Aldemar Parra García había asumido la defensa de los derechos de las comunidades que se vieron afectadas por el deterioro del medio ambiente en El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito.

Otro caso emblemático es el de Francia Márquez, la líder del norte del Cauca, ganadora en 2018 del Premio Goldman, considerado el ‘Nobel de medioambiente’. En mayo del 2019, Francia Márquez y otros líderes de la  Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, ACONC, sufrieron un atentado con armas de fuego y granadas en vereda Lomitas, en el municipio de Santander de Quilichao.

La importancia del Acuerdo de Escazú

A pesar de los asesinatos y del riesgo permanente en que viven en Colombia los defensores del medio ambiente, de derechos humanos, autoridades étnicas y otros líderes sociales, nuestro país no era signatario del Acuerdo de Escazú, un «También están siendo asesinados los líderes y reclamantes de restitución de tierras» pacto internacional que reconoce, como deber de los Estados, la protección de defensores de derechos humanos y ambientales en América Latina.

La lucha entre grupos armados ilegales por el dominio de la tierra, para la siembra de cultivos ilícitos y el despojo campesino; brinda resultados de desplazamientos en el país y violencia sistemática en especial contra la población rural.

El bosque tropical y sus grupos indígenas enfrentan amenazas existenciales, mientras que los delincuentes actúan como si tuvieran permiso para saquear.Los ambientalistas por denunciar la destrucción de los recursos naturales con la minería son asesinados en América Latina.