La noticia de que miembros del Ejército habían cometido miles de ejecuciones extrajudiciales estremeció al país hace siete años. Sin embargo, pasado el escándalo, las investigaciones tienen pocos avances, hay nuevas denuncias, y la reparación todavía no les llega a muchas de las víctimas.

VerdadAbierta.com

Hace dos semanas 80 familias de todas las regiones realizaron en Bogotá el primer encuentro nacional de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Su principal objetivo es que las muertes de sus hijos, padres y hermanos no queden en la impunidad y que se aclaren las circunstancias en las que éstas ocurrieron. Algo que no será nada fácil si se tiene en cuenta que según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, hay 5.700 denuncias, y la Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos.

Las trabas son muchas. Siete años después de que se conociera la existencia de ‘falsos positivos’, y de que 27 altos militares fueron separados de las fuerzas armadas por haber permitido que estos ocurrieran, apenas seis coroneles han sido condenados, y a ningún general se le han imputado cargos. En varios casos las familias han tenido que insistir hasta por cinco años para que la Fiscalía abra una investigación y el proceso no quede en manos de la Justicia Penal Militar. Y la justicia ordinaria va demasiado lenta. Las familias se quejan de dilaciones en las investigaciones; de la incapacidad de los fiscales para vincular a los altos mandos militares; de una preocupante racha de amenazas contra víctimas y testigos; y, en algunas regiones del país, de complicidades de los funcionarios judiciales con los miembros de la fuerza pública imputados.

La mayor frustración para este grupo víctimas es que los ‘falsos positivos’, al parecer, no son cosas del pasado.

En términos de reparación el balance también es pobre. Decenas de personas aún reclaman, sin éxito, los cuerpos de sus seres queridos. La mayoría de las familias consultadas no han sido reconocidas ante la Unidad de Víctimas y, en muy pocos casos, las autoridades y los medios de comunicación locales, han hecho algún esfuerzo par

Ante ese panorama, las víctimas de ‘falsos positivos’ le exigieron a la Fiscalía, de manera colectiva, que la Unidad de Derechos Humanos cree despachos especializados para este delito; que se haga una depuración al interior de la entidad para separar de ella a los funcionarios que buscan beneficiar a los acusados; y mayor celeridad en las investigaciones contra 22 altos mandos militares que están en curso.